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The International Journal
of Not-for-Profit Law

Volume 3, Issue 1, September 2000

A publication of the International Center for Not-for-Profit Law

Table of Contents

Letter from the Editor

Articles

The Relationship Between the Governmental and Civil Sectors in Hungary
By István Csóka

Tax Incentives for Nonprofit Institutions: Analysis of International Experience
By Ignacio Irarrázaval and Julio Guzmán

The Definition of Religion in Charity Law in the Age of Fundamental Human Rights
By Kathryn Bromley

The Taxation of NPOs in South Africa
By Karen Nelson

The Aarhus Convention and its Practical Impact on NGOs Examples of CEE and NIS Countries
By Czelaw Walek

Negative Freedom of Association: Article 11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
By Wino Van Veen

Creation of a Special Legal Framework for NGOs [Spanish]
By Maria Beatriz Parodi Luna

Reviews

Charity Law
By Kerry O'Halloran
Reviewed by ICNL Staff

Cross-Border Philanthropy: An Exploratory Study of International Giving in the United Kingdom, United States, Germany and Japan
Edited by Helmut K. Anheier and Regina List
Reviewed by ICNL Staff

Case Notes

Central and Eastern Europe:
Serbia

Latin America and the Caribbean:
Venezuela

Middle East and North Africa:
Egypt

Western Europe:
Negative Freedom of Association: Article 11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Country Reports

Asia Pacific:
Australia

Central and Eastern Europe:
Regional
| Bulgaria

Latin America and the Caribbean:
Venezuela

Middle East and North Africa:
Regional

Newly Independent States:
Moldova
| Ukraine

North America:
Canada
| Mexico | the United States

South Asia:
India | Pakistan

Sub-Saharan Africa:
Ethiopia
| South Africa

Western Europe:
Regional | Italy | Turkey

International

International Grantmaking

Program-Related Investments: Domestic and International
By David S. Chernoff

New International Grantmaking Website Unveiled
By Rob Buchanan

Review of a New International Grantmaking Website
By Peter deCourcy Hero

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Editorial Board

Country Reports: Latin America and the Caribbean

Venezuela

La participación ciudadana en la nueva Constitución venezolana

Antonio Itriago M.

En anteriores entregas de este boletín hemos hecho referencia a la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos corresponde ahora transcribir algunos artículos de dicha Carta Magna, relativos a un tema muy debatido y pregonado en la región Latinoamericana, como es el de la participación ciudadana. En otras entregas volveremos a tratar sobre este importante aspecto.

1.- Título I -PRINCIPIOS FUNDAMENTALES-:

Artículo 4

“La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

Artículo 5

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público”.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Artículo 6

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

2.- Título III -DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS-, Capítulo IV -De los Derechos Políticos y del Referendo Popular-, Sección Primera: De los Derechos Políticos:

Artículo 62

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”

Artículo 66

“Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”.

Artículo 70

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.

3.- Título III -DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS-, Capítulo X -De los Deberes-:

Artículo 132

“Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

Artículo 135

“Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares según su capacidad. La Ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley”.

4.- TÍTULO IV -DEL PODER PÚBLICO-, Capítulo I -De las Disposiciones Fundamentales-, Sección Primera: de las Disposiciones Fundamentales

Artículo 139

“El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.

5.- TÍTULO IV -DEL PODER PÚBLICO-, Capítulo I -De las Disposiciones Fundamentales-, Sección Primera: De la Administración Pública:

Artículo 141

“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

6.- TÍTULO IV -DEL PODER PÚBLICO-, Capítulo II -De la Competencia del Poder Público Nacional-:

Artículo 158

“La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.

7.- TÍTULO IV -DEL PODER PÚBLICO-, Capítulo III -Del Poder Público Estatal-:

Artículo 166

“En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales de los ministerios y representación de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas donde las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley.

8.- TÍTULO IV -DEL PODER PÚBLICO-, Capítulo IV -Del Poder Público Municipal-:

Artículo 168

“Los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:

  1. La elección de sus autoridades.
  2. La gestión de las materias de su competencia.
  3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley.

Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con la Constitución y la ley”.

Artículo 171

“Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático y participativo del gobierno metropolitano y establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y de control. También asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los respectivos Municipios, y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito metropolitano.

La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los distritos metropolitanos atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico y social, situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de competencias para cada distrito metropolitano tendrá en cuenta esas condiciones”.

Artículo 173

“El Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen municipal establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover a la desconcentración de la administración del Municipio. En ningún caso las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio”.

9.- TÍTULO IV -DEL PODER PÚBLICO-, Capítulo IV -Del Poder Público Municipal-:

Artículo 182

“Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley”.

Artículo 184

“La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:

  1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.
  2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de las organizaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
  3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
  4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
  5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseñp de políticas donde aquellas tengan participación.
  6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.
  7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población”.

10.- TÍTULO IV -DEL PODER PÚBLICO-, Capítulo V -Del Consejo Federal de Gobierno-:

“El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros y Ministras, los gobernadores y gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley...” (continúa).

11.- TÍTULO V -DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL-, Capítulo I -Del Poder Legislativo Nacional-, Sección Primera: Disposiciones Generales.

Artículo 187

“Corresponde a la Asamblea Nacional:

...4.- Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”.

12.- TÍTULO V -DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL-, Capítulo I -Del Poder Legislativo Nacional-, Sección Tercera: De los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional.

Artículo 197

“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados o informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos y elegidas y estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia”.

Artículo 199

“Los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con la Constitución y los reglamentos”.

13.- TÍTULO V -DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL-, Capítulo I -Del Poder Legislativo Nacional-, Sección Cuarta: de la Formación de las Leyes.

Artículo 204

“La iniciativa de las leyes corresponde:

“...7. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”.

Artículo 205

“La discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos y las ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley”.

Artículo 206

“Los Estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás instituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichas materias”.

Artículo 211

“La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; el o la representante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los y las integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los y las representantes de la sociedad organizada, en los términos que establezca el reglamento de la Asamblea Nacional”.

14.- TÍTULO V -DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL-, Capítulo III -Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia-, Sección Tercera: del Gobierno y la Administración del Poder Judicial.

Artículo 270

“El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley”.

15.- TÍTULO V -DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL-, Capítulo IV -Del Poder Ciudadano-, Sección Primera: Disposiciones Generales.

Artículo 279

“El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.

Los y las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley.

16.- TÍTULO V -DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL-, Capítulo V -Del Poder Electoral-:

Artículo 295

“El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral, estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley”.

Caracas, 3-8-2000.

 

 

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ISSN: 1556-5157