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The International Journal
of Not-for-Profit Law

Volume 5, Issue 1, September 2002

A publication of the International Center for Not-for-Profit Law

Table of Contents

Articles

The Economics of Non Profit Accounting and Auditing: Suggestions for a Research Agenda
Marc Jegers

Australian Charity Law Reform Proposals
Prof. Myles McGregor-Lowndes

Charities and Terrorism: The Charity Commission Response
Debra Morris

Charity Law Review in Ireland and the Challenges for the State/Third Sector Partnership
Kerry J. O'Halloran

The Kamehameha Schools Admissions Policy Controversy
Randall W. Roth

Case Notes

Asia Pacific:
Fiji | New Zealand

Central and Eastern Europe: Croatia

Middle East and North Africa:
Egypt

North America:
Canada | United States

Sub-Saharan Africa:
South Africa

Western Europe:
European Union | The Netherlands

Country Reports

International:
Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering

Asia Pacific:
Regional | Burma | China | Japan | New Zealand | Singapore

Central and Eastern Europe: Estonia | Kosovo | Latvia | Romania

Latin America and the Caribbean: Regional

Middle East and North Africa: Regional

Newly Independent States: Belarus

North America:
Canada | Mexico | United States

South Asia:
Afghanistan | India | Sri Lanka

Sub-Saharan Africa:
Congo | Malawi | Nigeria | South Africa | Sudan | Tanzania | Togo | Zimbabwe

Western Europe:
Regional | Belgium | France | Germany | Italy | The Netherlands | Portugal | Spain | United Kingdom

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Editorial Board

Country Reports: Latin America and the Caribbean

Regional

Una interesante investigación sobre losMarcos Legales para el desarrollo de la sociedad civil en Latino América

by Antonio Itriago Machado*  

The Italian Group CERFE collaborated with jurists and social scientists from five Latin American countries to carry out for the IDB an interesting investigation aimed at facilitating the participation of the citizens in the social life in Latin America. The expectation is that the creation of favorable legal frameworks for NGOs will assist that process.  The CERFE team developed a research methodology that looked not only at the law on the books but also at the law as applied.  The findings are summarized in the following report.   

En abril de 2000, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebró un contrato con CERFE para la realización de una investigación destinada a facilitar la participación de los ciudadanos en la vida social, en Latino América, mediante la creación de marcos legales favorables a sus organizaciones.  La investigación se llevó a cabo en un plazo de aproximadament5e dos (2) años, en cinco (5) países representativos o emblemáticos de los diferentes marcos legales latinoamericanos (Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela).  Como consecuencia de ese estudio, surgieron definiciones de prioridades comunes y nacionales; así como propuestas de reforma y de mejora de las políticas y marcos reguladores existentes en los países involucrados en el proyecto.

A los únicos efectos del estudio, CERFE utilizó de manera transaccional y en forma complementaria, equilibrándolas, dos concepciones de sociedad civil: a) un concepto empírico y preferentemente cognitivo de la sociedad civil, según el cual para los fines de la inclusión o no inclusión de un grupo en el ámbito de una sociedad civil, debe atenderse principalmente a la intencionalidad de ejercer un tipo cualquiera de responsabilidad social, y no tanto a una calidad estructural o jurídica; y b) un concepto operacional, en virtud del cual la sociedad civil debe ser entendida como el conjunto de los actores que ejercen en la práctica la responsabilidad social.  Para la realización de la investigación, CERFE creó un equipo central dirigido por Marina Cacace (jurista) e integrado por Fabio Feudo (jurista), Giancarlo Quaranta (senior consultant, sociólogo y jurista) y Gabriele Quinti (estadístico-metodólogo).

Los equipos nacionales estuvieron integrados por los siguientes juristas y científicos sociales: Brasil:  Fernando Latorre, abogado, ICNL (International Center for Not-for-profit Law) y Silvio Caccia Bava, sociólogo, Polis;  Colombia:  Rafael Mateus Hoyos, abogado, CCONG y Consuelo Mariño Samper, antropóloga; Costa Rica: Camilo Acosta, Fundación Costa Rica-USA para la cooperación; Xinia Chaves, abogado; y Ana Maria Balbontin, socióloga; República Dominicana: José Angel Aquino, abogado, coordinador del proyecto PNUD de apoyo a la reforma del Estado;  Ana Selman, INTEC; y Tirsis Quezada, socióloga; y Venezuela: Antonio L. Itriago Machado y Miguel Ángel Itriago Machado, abogados del “Escritorio Dr. Pedro L. Itriago P.”; y Juan Pablo Gonzalo Mendoza, politólogo.

La investigación se realizó con base a una rigurosa metodología de obstáculos. Se elaboró un mapa teórico internacional, calificado como teórico porque agrupaba 116 obstáculos, fruto de la decantación de un número mucho mayor de obstáculos  señalados como existentes por la literatura científica internacional, pero cuya presencia real no había sido comprobada a través de la investigación de campo.  Esos obstáculos fuero subdivididos en áreas temáticas (contexto jurídico, existencia jurídica de lasOSC, adquisición del estatuto de OPB, estructura y prohibición de beneficios privados directos o indirectos, actividades económicas y financieras, actividades políticas, captación de fondos, encuadre tributario, obligaciones hacia el público e informes,OSCextranjeras, alianzas y autorregulación).  El mapa teórico internacional fue sometido al análisis de los equipos nacionales, y a la de los expertos y líderes de las organizaciones de la sociedad civil en cada país, quienes a su vez indicaron los obstáculos que consideraban como realmente existentes en sus respectivos países, con expresión del nivel de relevancia de los mismos.  Así se logró el mapa real para cada uno de esos países. Los mapas reales de cada país fueron comparados y evaluados  de forma conjunta, para obtener informaciones trascendentes provenientes de distintos elementos de interpretación, los cuales a su vez permitieron formar un mapa real unificado y elaborar las correspondientes observaciones, sugerencias y recomendaciones.

Aparte de los trabajos efectuados de manera individual por los equipos nacionales, hubo reuniones y trabajos conjuntos de dichos equipos en San José de Costa Rica y en Washington, D.C.

La similitud entre los perfiles, reveló que hubo una considerable convergencia entre los porcentajes de indicaciones atribuidas por los profesionales o expertos relacionados con el tercer sector y los mismos atribuidos a esas mismas indicaciones por los líderes o personas implicadas en la dirección y manejo de las OSC.  No obstante el cuadro de Venezuela fue atípico, no solo por las diferencias que respecto a los obstáculos existen entre los profesionales y los líderes entrevistados, sino también por el bajo índice de problemas que existen en dicho país para la constitución y funcionamiento de las OSC.

El mapa real de los cinco países considerados en conjunto se redujo a 101obstáculos, porque hubo algunos que no recibieron al menos una indicación que justificase su inclusión como tales obstáculos, y reveló que de esos obstáculos, 63 estaban presentes en Brasil, 45 en Colombia, 64 en Costa Rica, 64 en República Dominicana y 30 en Venezuela.

Los problemas más frecuentes, detectados por la investigación en la región, fueron: a) Los relacionados con el acceso a los recursos financieros (ya sea en forma de fondos públicos o de créditos bancarios; b) Los ligados a la escasa voluntad política de ofrecer incentivos a las alianzas entre el sector público y el Tercer Sector; y c) Los vinculados a la definición y encuadramiento normativo general del Tercer Sector.

El análisis del mapa puso también en evidencia la existencia de otras cuestiones que se señalan en todos los países en los que se ha desarrollado la investigación, pero con intensidad ligeramente menor a aquellas reportadas arriba y con énfasis distinto en cada país.  Tales asuntos se refieren, en especial a tres ámbitos: a) La necesidad de promover la autorregulación del Tercer Sector, en especial a través de la obra de las organizaciones de segundo grado, como las redes o las federaciones de OSC; b) La necesidad de calmar la situación de incapacidad jurídica que en muchos países caracterizan las OSC informales, en especial con respecto a la posibilidad de recibir beneficios fiscales y de participar con las partnership; y c) La necesidad de incentivar las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil.

En opinión personal de los representantes de Venezuela, los mayores y más graves obstáculos detectados por la investigación en la región latinoamericana tienen su origen en la anacrónica figura del “reconocimiento administrativo de la personalidad jurídica” que algunos países consagran (no es el caso de Venezuela), y en virtud de la cual un órgano o funcionario censor puede discrecionalmente rechazar, negar o suprimir la personalidad jurídica a las OSC.  Según los mismos representantes venezolanos, otros obstáculos, como los relativos a las alianzas entre el Tercer Sector y los demás Sectores, obedecen al hecho de que la sociedad civil Latino Americana está todavía en proceso de evolución, y esas alianzas corresponden a etapas más desarrolladas de las mismas.

No dudamos que las conclusiones y recomendaciones de esta Investigación serán de ayuda para el fortalecimiento y desarrollo de las OSC en Latinoamérica y de las sociedades civiles de los países que la integran.

* Antonio L. Itriago Machado is a lawyer with the firm “Escritorio Dr. Pedro L. Itriago P,” in Caracas Venezuela.  He is a member of the Supervirsory Council of ICNL and is Regional Contributing Editor – Latin America, for IJNL.  He can be reached at alnilak@cantv.net.

 

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ISSN: 1556-5157