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The International Journal
of Not-for-Profit Law

Volume 7, Issue 2, February 2005

A publication of the International Center for Not-for-Profit Law

Table of Contents

Letter from the Editor

Latin America

The Promise and Peril of Democracy (Full Text of Speech)
Jimmy Carter

The Promise and Peril of Democracy (Summary)
Joseph Proietti

Threat Resurges for Venezuelan NGOs [Spanish Translation]
Antonio L. Itriago and Miguel Ángel Itriago

Transparency Versus Government Supervision in Peru [Spanish Translation]
Beatriz Parodi Luna

Federal Law for the Promotion of Civil Society Organizations in Mexico
Consuelo Castro

Active Without Recognition: Obstacles to Development of the Colombian Third Sector
Adriana Ruiz-Restrepo

The Role of the Media in the Consolidation of Democracy in Latin America
The Latin American Program of the Woodrow Wilson Center for International Scholars

Articles

Philanthropy and Law in South Asia: Key Themes and Key Choices
Mark Sidel and Iftekhar Zaman

The Role of a National Donor Association: A U.S. Perspective
Robert Buchanan

California’s Nonprofit Integrity Act of 2004
Thomas Silk and Rosemary Fei

Progress on Civil Society Legislation in Turkey
Filiz Bikmen

Taxation of Grants in Russia
Yulia Checkmaryova

Reviews

Civil Society
By Michael Edwards
Reviewed by Stephan Klingelhofer

The Law of Charities
By Peter Luxton
Reviewed by Richard Fries

Does Civil Society Matter?: Governance in Contemporary India
Edited by Rajesh Tandon & Ranjita Mohanty
Reviewed by Bindu Sharma

Governing Nonprofit Organizations: Federal and State Law and Regulation
By Marion R. Fremont-Smith
Reviewed by Michael Bisesi

Balkan Identities: Nation and Memory
Edited by Maria Todorova
Reviewed by Gerald M. Easter

Something to Believe In: Politics, Professionalism and Cause Lawyering
By Stuart A. Scheingold and Austin Sarat
Reviewed by Patricia Lyons

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Transparencia de las Entidas Sin Fines De Lucro (ONGs) vs. Alcances De La Fiscalizacion del Estado

By Beatriz Parodi Luna

En el Perú, las denominadas ONG´s (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) no son un tipo especial de persona jurídica, sino que se constituyen formalmente como tales bajo las figuras legales de la asociación y fundación (reguladas en el Código Civil), de la cual la más utilizada es la asociación civil. 

El nombre de ONG en la legislación Peruana se refiere a una “calificación administrativa” derivada del Registro denominado “Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Receptoras de Cooperación Técnica Internacional (ONGD-PERU)”, constituidas en el Perú,  a cargo actualmente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI[1]

El Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional (Decreto Legislativo N° 719) del Perú dispone que caracteriza a estas organizaciones el tener finalidad no lucrativa y realizar acciones de desarrollo que involucran cooperación técnica internacional en una o más de las modalidades señaladas en la Ley.  Es decir, no todo tipo de personas jurídicas sin fines de lucro (asociaciones o fundaciones) constituidas en el Perú, podrán acceder a la inscripción en dicho registro administrativo; sino en la medida que: (i) ejecuten programas o proyectos de desarrollo y (ii) canalicen cooperación técnica internacional (fuentes cooperantes).  La inscripción en dicho Registro tiene una vigencia de dos años, renovable, previa presentación anual de la información pertinente sobre las actividades realizadas, con indicación de los proyectos o actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante; así como de la información respecto a los dos años siguientes, cuando se solicite la renovación. 

En el Perú se han presentado, en diferentes momentos, cuestionamientos respecto de las ONG´s, especialmente en lo referido al tema de recepción y canalización de donaciones y recursos en general que reciben de sus fuentes cooperantes (especialmente de Cooperación Técnica Internacional), para aplicarlos a programas sociales o proyectos de desarrollo; en base a que no existe transparencia o claridad en la aplicación de tales recursos a la finalidad no lucrativa y de interés social prevista.  Como producto de tales cuestionamientos, se han presentado, en diferentes oportunidades, proyectos de normas legales que pretendían establecer mecanismos de fiscalización a sus actividades, así como limitaciones al tema de las retribuciones a cobrar por sus directivos; lo cual, en el debate público, se ha cuestionado, en el sentido de que vulneran los derechos constitucionales a la libertad de asociación y libertad de contratación de tales organizaciones, considerando que se trata de entidades que actúan en el ámbito privado y que en los respectivos contratos de donación o convenios de cooperación con sus fuentes cooperantes se establecen contractualmente los mecanismos de supervisión pertinentes (desembolsos periódicos sujetos a rendiciones de cuentas, manejo contable en cuentas separadas, aplicación al destino previsto, cláusulas de resolución y reversión de la donación, entre otros). 

Con fecha 13 de noviembre del 2004, se ha publicado la Ley N° 28386, a través de la cual se modifica la Ley de Cooperación Técnica Internacional y la Ley de Creación del APCI, a fin de establecer mecanismos de suministro de información y fiscalización por parte de la APCI, respecto al monto, procedencia y aplicación de los recursos recibidos de cooperación internacional.  Para tal efecto, de manera general, se establece lo siguiente:

Como se podrá apreciar de las modificaciones legales antes señaladas, las mismas están fundamentalmente dirigidas a las ONG´s que se encuentran registradas en la APCI; pero, en rigor, no comprenden todo el ámbito de las ONG´s (menos aún se incluye a las organizaciones sin fines de lucro en su conjunto) que pueden captar directamente donaciones o cooperación técnica internacional en base a los contratos de donación, convenios de cooperación u otros similares, que puedan celebrar en ejercicio de su libertad de asociación y contratación, sin que para ello se requiera que deban estar registradas en la APCI. 

En efecto, si bien el Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional, establece que el Registro de ONGD-PERU tiene carácter constitutivo, en nuestra opinión, se debe considerar que dicha Ley (y por tanto su reglamento) establece las “normas generales a las que se sujeta la cooperación técnica internacional que se gestiona a través de los organismos del Estado y que proviene de fuentes del exterior (...)” (Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 719).  Por tanto, bien se puede interpretar que dicha inscripción resultaría obligatoria en la medida que se quiera acceder a canalizar cooperación técnica internacional a través de instancias estatales, pero nada impide que las ONG´s puedan celebrar directamente, sin necesidad de autorización o registro previo, y como de hecho sucede, contratos o convenios de donación con fuentes cooperantes y terceros en general, para ejecutar sus proyectos. 

No obstante, la inscripción en el Registro de ONGD-PERU sí resultará necesario para acceder a determinados beneficios tributarios que otorga el Estado Peruano, tales como el régimen de devolución de impuestos (Impuesto General a las  Ventas fundamentalmente) pagados en las adquisiciones de bienes y servicios a que se refiere el Decreto Legislativo N° 783. 

Finalmente, si bien resulta saludable que las ONG´s y, en general, entidades del Tercer Sector se manejen bajo criterios de transparencia y visibilidad frente a la sociedad en su conjunto, no hay que olvidar que se trata de organizaciones privadas. Por lo cual, es necesario lograr un adecuado balance entre Transparencia y Fiscalización del Estado.  

En tal sentido, consideramos que en la medida que tales organizaciones accedan a recursos o beneficios del Estado (por ejemplo, exoneraciones tributarias, participación en programas públicos, transferencia de recursos públicos), es recomendable establecer mecanismos que garanticen transparencia en sus actividades y aplicación de recursos a la finalidad prevista (presentación de información sobre aplicación de recursos o proyectos sociales que ejecuten, que pudieran ser inclusive de acceso público); sin que ello implique vulnerar el derecho a la privacidad de tales organizaciones así como desconocer el régimen de libertad constitucional de asociación, la misma que involucra libertad de autorregulación para establecer voluntariamente las pautas  para su actuación en general y de manera específica para la ejecución de proyectos sociales o de desarrollo a su cargo  (como podrían ser cláusulas estatutarias que regulen el tema de conflictos de intereses, lineamientos internos para el manejo de proyectos, códigos de conducta a través del establecimiento de redes vía adhesión voluntaria, entre otros mecanismos).

Notas

[1] La Agencia Peruana de Cooperación Internacional fue creada mediante Ley N° 27692, publicada con fecha 12 de abril del 2002, como un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y que constituye el ente rector de la cooperación técnica internacional.

 

Copyright © 2012 The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)
ISSN: 1556-5157