Activistas de Latino América y Relator de Naciones Unidas colaboran para el fortalecimiento de los derechos de las OSC
PUBLISHED: NOVEMBER 6, 2014
Líderes de sociedad civil de las Américas enfrentan múltiples desafíos en el ejercicio de sus derechos a la libertad de asociación y de reunión. La semana pasada, estos líderes se reunieron con el Relator Especial de Naciones Unidas Maina Kiai y Lilly Ching-Soto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explorar oportunidades de colaboración en la defensa de estos derechos. La mesa redonda se llevó a cabo en ICNL el 29 de Octubre de 2014.
Representantes de sociedad civil presentaron los últimos acontecimientos relacionados a las libertades de reunión pacífica y asociación en ocho países – particularmente en el contexto de las industrias extractivas, el cual es el tema del próximo informe del Relator Especial. Ellos revelaron retos comunes en el cada vez más reducido espacio cívico:
- Leyes imponen barreras en la organización de asambleas pacíficas. En México, por ejemplo, las leyes requieren que los organizadores presenten justificaciones para realizar sus protestas. En Venezuela, una reciente decisión de la Corte confirmó el requerimiento de que los organizadores de protestas obtengan previa autorización. Perú, entre varios otros países, ha prohibido toda protesta social en grandes áreas declaradas “zonas de seguridad”. Mediante legislación y práctica, Venezuela y otros Estados están militarizando inmensas extensiones de territorios indígenas donde el petróleo, gas y otros recursos naturales son extraídos, a menudo por compañías que son propiedad del Estado.
- En toda la región, los ciudadanos están expresando su descontento con la explotación de los recursos naturales a través de protestas pacíficas. Muchos Estados, incluyendo Colombia y Argentina, están respondiendo con masivos arrestos de protestantes bajo el cargo de terrorismo, secuestro u ocupación ilegal del espacio público. Los ponentes expresaron que en muchos casos penales, los procuradores simplemente inventan la evidencia.
- Participantes en protestas públicas a menudo enfrentan represión violenta, tanto en las calles como estando en custodia. En Paraguay, se alega que los campesinos y organizaciones indígenas han perdido un gran número de líderes debido a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, sin que nadie haya sido declarado responsable por orquestar los ataques. En Perú, de acuerdo a los informes, veinticinco leyes otorgan inmunidad a los oficiales de seguridad pública cuyas acciones han conducido a la muerte de manifestantes.
- Nuevas leyes que regulan a las organizaciones de sociedad civil en Bolivia y Ecuador establecen causales muy amplias para cerrar a las organizaciones. Igual de preocupante para los representantes de sociedad civil es el hecho que las leyes requieren que todas las organizaciones estén registradas ante el Estado – incluyendo a las asociaciones informales y las comunidades indígenas que han existido por cientos de años. Un año después de haber interpuesto el juicio, litigantes de sociedad civil de Ecuador no tienen respuesta a sus demandas de que la ley es inconstitucional.
El Sr. Kiai y la Sra. Ching-Soto de la CIDH invitaron a los representantes de sociedad civil a colaborar, en particular, mediante el envío de informes o actualizaciones a www.freeassembly.net y cidhdenuncias@oas.org respectivamente. El Sr. Kiai específicamente solicitó información relacionada a las libertades de asociación y reunión pacifica en el contexto de las industrias extractivas así como al acceso a recursos. Él expresó que espera apoyar los litigios en la región a través de testimonio experto presencial o escrito a fin de fortalecer la incorporación en el derecho nacional de los países de la región de los estándares internacionales en los derechos de las OSC. Finalmente, el Sr. Kiai también anunció sus planes de colaborar con otras relatorías de las Naciones Unidas para desarrollar las mejores prácticas de respuesta de los Estados a las protestas públicas.