Para abordar esto, ICNL ha publicado este informe en español: Mapeo del riesgo de financiamiento del terrorismo en organizaciones sin fines de lucro en países miembros de GAFILAT: Informe regional sectorial de NPO. El informe es el resultado de la colaboración de ICNL con expertos de 17 países latinoamericanos y la Coalición Global de OSFL sobre GAFI para documentar las percepciones del sector sobre el riesgo de financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de los países con los estándares del GAFI. El informe presenta un análisis en profundidad de los hallazgos de una encuesta extensa y recomienda reformas que se pueden implementar a través de la colaboración entre OSFL, agencias gubernamentales, organismos regionales estilo GAFI y expertos internacionales. El informe también incluye informes de países elaborados por expertos locales que interpretan los resultados y ofrecen recomendaciones específicas para cada país.

Este informe se basa en las respuestas a la encuesta enviadas por 729 representantes del sector sin fines de lucro de los 17 países participantes. Los resultados de la encuesta incluyen:

• Solo el 15% de los encuestados afirmó que sus gobiernos han implementado leyes y medidas basadas en riesgos de abuso para el financiamiento del terrorismo identificados en el sector, o que están bien o muy bien informados sobre dichos riesgos.
• Más del 60% de los encuestados informó haber aplicado mejores prácticas o medidas de diligencia debida para mitigar el riesgo de abuso. Sin embargo, debido a la falta de una sostenida comunicación entre el país y el sector, estos esfuerzos no se han incluido en las evaluaciones gubernamentales del riesgo relacionadas al sector.
• La mayoría de las organizaciones informaron haber presentado información sobre ingresos y gastos, registro, personas clave y más –requisitos de supervisión que ellos consideraban onerosos y que típicamente son impuestos por varias agencias sin haber recibido insumos de parte del sector sin fines de lucro. Estos requisitos son problemáticos tanto bajo la Recomendación 8 del GAFI como bajo los estándares internacionales sobre la libertad de asociación.
• Aproximadamente la mitad de los encuestados conocían organizaciones que han experimentado retrasos o denegaciones de servicios bancarios – prácticas típicamente vinculadas a las percepciones de las instituciones financieras de que el cliente lo expondría a riesgos bajo las leyes de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo – y la mitad de los encuestados sintió que el problema se hizo más pronunciado durante la pandemia de COVID-19.

El informe incluye reformas recomendadas que se pueden implementar mediante la colaboración entre OSFL, agencias gubernamentales, organismos regionales estilo GAFI y expertos internacionales. Las recomendaciones incluyen:

• Mayor sensibilización e investigación sobre el riesgo del sector sin fines de lucro, con canales formales de diálogo entre el sector, funcionarios de gobierno y representantes de instituciones financieras.
• El fortalecimiento institucional sobre los estándares del GAFI y las prácticas de mitigación de riesgos para los sectores público y privado, acompañado de la colaboración entre agencias gubernamentales y redes de OSFL, promueve prácticas de buena gobernanza y rendición de cuentas.
• Consideración y adaptación de modelos regionales y globales para la participación multisectorial en temas del GAFI, aumentados esfuerzos gubernamentales para involucrar a las OSFL en las evaluaciones de riesgo de financiamiento del terrorismo a nivel nacional y sectorial, así como evaluaciones periódicas de país por parte de evaluadores del GAFI o GAFILAT (el organismo estilo GAFI de la región).
• Participación multisectorial para revisar y reformar los marcos legales y las regulaciones bancarias para asegurar que estén basados ​​en evidencia, que sean proporcionados y consistentes con la Recomendación 8 del GAFI y el derecho internacional sobre libertad de asociación, así como para reducir la exclusión financiera de las OSFL basadas en infundadas percepciones de riesgo.

Los expertos locales de cada país participante contribuyeron ampliamente al informe. Presentaron la encuesta y los estándares de la Recomendación 8 a los representantes de OSFL; alentaron a las organizaciones a responder a la encuesta; e interpretaron los datos de los informes de países que se citan en el informe regional y se presentan en su totalidad en un anexo. Estos expertos han facilitado diálogos multisectoriales para presentar sus hallazgos, destacando las oportunidades de reforma y colaboración.

ICNL y la Coalición Global de OSFL sobre GAFI compartirán el informe y las lecciones aprendidas con GAFI, GAFILAT y otros organismos regionales. Esperamos que este informe aumente la consideración de las perspectivas de la sociedad civil sobre el riesgo de financiamiento del terrorismo en el sector, las evaluaciones del desempeño de los países y reformas legales necesarias a nivel nacional, regional y mundial.

Descargue el reporte completo aquí.

Los países miembros de GAFILAT son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Las OSFL de cada país de GAFILAT participaron en el Informe Regional, excepto Cuba; OSFL de El Salvador, que es miembro del organismo regional estilo GAFI del Caribe, también participaron en el estudio.

To address this, ICNL has published this Spanish-language report: Mapping on Terrorism Financing Risk in Nonprofit Organizations in GAFILAT Member Countries: An NPO Sector Regional Report (Mapeo sobre el riesgo de Financiamiento de Terrorismo en las Organizaciones sin Fines de Lucro entre los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica: Informe Regional del Sector de Organizaciones sin Fines de Lucro). The report was formed through ICNL’s partnerships with experts from 17 Latin American countries and the Global NPO Coalition on FATF. It documents sector perceptions of terrorism financing risk and country compliance with FATF standards. It presents an in-depth analysis of an extensive survey of findings and recommends reforms that can be implemented through collaboration among nonprofit organizations, government agencies, regional FATF bodies, and international experts. The report also includes country reports, written by local experts, that interpret the results and offer country-specific recommendations.

This report is based on survey responses submitted by 729 nonprofit sector representatives from 17 participating countries. Survey findings include:

• Only 15% of respondents asserted that their governments have implemented laws and measures based on identified sector risk of terrorism financing abuse or are well or very well informed about terrorism financing risks.
• More than 60% of respondents reported applying best practices or due diligence measures to mitigate their risk abuse. Still, countries’ lack a sustained outreach to the sector and these efforts have not been factored into government assessments of sector risk.
• A majority of the organizations reported submitting information on income and spending, registration, key individuals, and oversight requirements they considered onerous and typically imposed by multiple agencies without nonprofit sector input. These requirements are problematic under both FATF Recommendation 8 and international standards on freedom of association.
• Roughly half of the respondents knew of organizations that have experienced delays or denials of banking services, which were typically linked to financial institutions’ perceptions that a client would expose them to risk under money laundering or terrorism financing laws. Additionally, half of those respondents felt the issue became more pronounced during the COVID-19 pandemic.

The report includes recommended reforms that can be implemented through collaboration among nonprofits, government agencies, regional FATF bodies, and international experts. Recommendations include:

• Greater awareness-raising and research on nonprofit sector risk, with formal channels for dialogue between the sector, government officials, and financial institution representatives.
• Institutional strengthening on FATF standards and risk mitigation practices for the public and private sectors, accompanied by collaboration between government agencies and nonprofit organization networks, to promote good governance and accountability practices.
• Consideration and adaptation of regional and global models for multi-sector engagement on FATF issues, and enhanced government efforts to involve nonprofits in national and sector terrorism financing risk assessments as well as periodic country evaluations by FATF or GAFILAT (the region’s FATF body) assessors.
• Multi-sector engagement to review and reform the legal frameworks and banking regulations to ensure they are evidence-based, proportionate, consistent with FATF’s Recommendation 8 and international law on freedom of association, as well as reduce the financial exclusion of nonprofits based on unfounded perceptions of risk.

Local experts in each participating country contributed extensively to the report. They introduced the survey and Recommendation 8 standards to nonprofit representatives; encouraged organizations to respond to the survey; interpreted data in-country reports that are quoted in the regional report and presented in full in an annex. These experts are currently facilitating multi-sector dialogues to present their findings, highlighting opportunities for reform and collaboration.

ICNL and the Global NPO Coalition will share the report and lessons learned with the FATF, GAFILAT, and other regional bodies. We expect this report to increase consideration of civil society perspectives on sector terrorism financing risk, evaluations of country performance, and needed legal reforms at the national, regional, and global levels.

Download the full report in Spanish or English.

We gratefully acknowledge the support of the Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) in translating the excerpt from the original Spanish.

GAFILAT member countries are: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, and Uruguay. NPOs from each GAFILAT country participated in the Regional Report except Cuba; NPOs from El Salvador, which is a member of the Caribbean regional FATF style body, also participated in the study.