PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dr. Julio Alak
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Dr. Julián Álvarez
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA
Lic. María Florencia Carignano
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO
DE INFORMACIÓN JURÍDICA
Dra. María Paula Pontoriero
Código Civil
y Comercial
de la Nación
Aprobado por ley 26.994
Promulgado según decreto 1795/2014

ISBN 978-987-3720-13-0
Código Civil y Comercial de la Nación
1
ra. edición – Octubre 2014
1ra. reimpresión – Octubre 2014
2da. reimpresión – Noviembre 2014
3ra. reimpresión – Marzo 2015
4ta. reimpresión – Abril 2015
5ta. reimpresión – Junio 2015
6ta. reimpresión – Julio 2015
Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica.
Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329,
C.P. 1041AFF, C.A.B.A.
Directora Nacional: María Paula Pontoriero
Directora de Ediciones: Laura Pereiras
Coordinadoras de contenido: María Rosa Roble – Cecilia Vanin
Responsable de diseño gráfico: Gabriela Fraga
Correo electrónico: ediciones@infojus.gov.ar
Esta publicación se encuentra disponible en forma libre y gratuita en: infojus.gob.ar
Todos los derechos reservados. Distribución gratuita. Prohibida su venta. Se permite la
reproducción total o parcial de este libro, su almacenamiento en un sistema informá-
tico, su transmisión en cualquier forma, o por cualquier medio, electrónico, mecánico,
fotocopia u otros métodos, con la previa autorización del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación.
Argentina. Códigos
Código Civil y Comercial de la Nación. – 1a ed. – Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires : Infojus, 2014.
544p. ; 23×16 cm.
ISBN 978-987-3720-13-0
1. Código Civil y Comercial Argentino.
CDD 348.023
Fecha de catalogación: 02/10/2014

III
PALABRAS DE LA P RESIDENTA DE LA N ACI ó N (*)
Cristi NA Fer NÁND ez
D e

Kir
C
h N er
•
”Estamos viviendo en el siglo XXI. Con eso solo estaríamos signifi
cando claramen-
te la necesidad de adecuar a los tiempos que corren en las relaciones humanas y
en las relaciones comerciales ese viejo instrumento, que supo ser muy moderno
y fue el acto de codificación más importante que se dio en el si
glo XIX“.
”Nosotros somos la Generación del Bicentenario, los que tenemos la obliga-
ción de superar todas las diferencias, lo que no significa pensar igual; sino su-
perar las diferencias que nos impidan avanzar, porque cuando las diferencias
impiden avanzar, dejan de ser diferencias para convertirse en obstáculos y en
empecinamiento de un lado o del otro“.
”Tenemos que tener instrumentos que les sirvan a todos los hombres y a
todas las mujeres, cualquiera sea el dios al que le recen. O aun cuando no
tengan ningún dios para quien hacerlo“.
”Siempre se habló en la Argentina de un Estado de derecho. Quiero hablar
de un Estado constitucional, social, democrático y de derecho. Sin sociedad
y sin democracia nunca puede haber derecho. Esto es clave y, además, ese
derecho tiene que reflejar los problemas cotidianos que tiene la sociedad“.
”Vamos a levantar las banderas de la pluralidad y de la diversidad. Me sie
nto
muy orgullosa de ser la Presidenta de un país que aprobó el matrimonio igua-
litario, de vivir en un país donde están y se ejercen a pleno todas las liberta-
des. Sabemos el grado de libertad que tenemos hoy en la Argentina porque
hemos vivido otros momentos“.
”Libertad absoluta para todo“.
•
(*) Extractos del discurso de presentación del Anteproyecto de Código Civil y Comercial
Unificado. Museo del Bicentenario, Casa Rosada. Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Código Civil y Comercial de la Nación

V
Participaron en la elaboración del Proyecto de ley de Reforma, Actualización
y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación: La Comisión para la elaboración del proyecto,
creada por el decreto 191/2011 (BO 28/02/2011)
Lorenzetti, Ricardo Luis (Presidente)
Highton de Nolasco, Elena Kemelmajer de Carlucci, Aída
De Lorenzo, Miguel Federico
(Secretario)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Julio Alak (Ministro)
Julián Álvarez
(Secretario de Justicia)
Franco Picardi
(Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios)
Gustavo Szarangowicz
(Director General de Asistencia Técnica y Legislativa)
Los asesores técnicos
Ávila, Santiago
Barcesat, Eduardo
Basanta, Fernando Berner, Norberto
García Cuerva, Héctor Herrero, Gustavo Nigro, Daniel
Nissen, Ricardo A.
Pontoriero, María Paula Remón, Mabel
Roble, María Rosa
Sammartino, Patricio
ELABORACI ó N DEL PRO yECTO
•
Código Civil y Comercial de la Nación

VI
Abreut de Begher, Liliana E.Alegria, Héctor
Alferillo, Pascual E. Alterini, Atilio A.Ameal, Oscar J.
Andino, Marcela
Barbier, Eduardo Basset, Úrsula C.
Belluscio, Augusto C. Bergel, Salvador D.
Bertoldi de Fourcade, María V. Bono, Gustavo
Borda, Alejandro
Boretto, Mauricio
Bueres, Alberto J.
Cafferatta, Néstor A. Chechile, Ana M.Chyrikins, Héctor
Cifuentes, Santos
Compagnucci de Caso, Rubén H. Córdoba, Marcos
D´Alessio, Carlos M. de Hoz, MarceloDi Lella, Pedro
Dreyzin, Adriana
Duprat, Carolina
Etcheverry, Raúl A. Fargosi, Horacio
Ferrer, Francisco
Ferreyra de de la Rúa, María A. Flah, Lily
Fowler Newton, Enrique Galdós, Jorge M.
Gómez Alonso de Díaz Cordero, María L. Gómez Leo, Osvaldo R.
González del Solar, Nicolás Grosman, Cecilia
Gurfinkel de Wendy, Lilian Heredia, Pablo
Hernández, Carlos A. Herrera, Marisa
Iñiguez, Marcelo
Kiper, Claudio M. Kraut, Alfredo J.
Lamm, Eleonora
Leiva Fernández, Luis F. P. Liber, Martín
Lloveras, Nora
Manóvil, Rafael M.
Mariani de Vidal, Marina
Márquez, José Fernando Martorell, Ernesto E.Marzorati, Osvaldo
Mathus Escorihuela, Miguel Medina, Graciela
Messina, Graciela Mayo, Jorge A.
Minyersky, Nelly
Molina de Juan, Mariel
Molina Quiroga, Eduardo Mosset Iturraspe, Jorge Müller, Enrique C.
Najurieta, María S. Nicolau, Noemí L. Nissen, Ricardo
Orelle, José María
Paolantonio, Martín Parellada, Ariel
Parellada, Carlos A.
Pellegrini, María Victoria Picasso, Sebastián
Pizarro, Ramón Daniel
Los profesores que cooperaron en las áreas de su especialidad
ELABORACI óN DEL PRO yECTO
Infojus – Sistema argentino de Información Jur?dica

VII
•
Conti, Diana Beatriz (Vicepresidente) Sanz, Ernesto Ricardo (2° Vicepresidente)
La Comisión Bicameral,
creada por resolución conjunta de ambas Cámaras con fecha 04/07/2012
Fuentes, Marcelo Jorge (Presidente)
Gil Lavedra, Ricardo R. (Secretario)
Barrionuevo, Walter B. Cabanchik, Samuel M. Camaño, Graciela
Cigogna, Luis Francisco J. Comelli, Alicia MarcelaDato, Alfredo Carlos
De Pedro, Eduardo Enrique Di Tullio, Juliana
Domínguez, Julián Andrés Fernández, Aníbal D.
Filmus, Daniel Fernando
Giannettasio, Graciela M. Guastavino, Pedro G. A. Guinle, Marcelo A. H. Morales, Gerardo Rubén
Morandini, Norma Elena Negri, Mario RaúlPais, Juan Mario
Parada, Liliana Beatriz
Parrilli, Nanci María A.
Petcoff Naidenoff, Luis
Pichetto, Miguel Ángel Rodríguez Saá, Adolfo
Romero, Juan CarlosRossi, Agustín Oscar Storani, María Luisa
Tonelli, Pablo Gabriel
Puerta de Chacón, Alicia
Richard, Efraín H.
Rivera, Julio César Roitman, Horacio Rossi, Hugo E.
Ruíz de Erenchun, Alberto
Sagarna, Fernando Alfredo Saux, Edgardo I.Seguí, Adela
Silvestre, Norma
Smayevsky, Miriam Sozzo, Gonzalo
Stiglitz, Gabriel A. Stiglitz, Rubén S. Tanzi, Silvia y
.
T
obías, José W.
Uzal, María E.
Vallespinos, Gustavo Vergara, Leandro
Viggiola de Molina Quiroga, Lidia Vítolo, Daniel R.Wayar, ErnestoWhite, Ricardo
Wierzba, Sandra M.
Los profesores extranjeros Abed, Sheila
Benjamín, Antonio
Lima Marques, Claudia
CóDIGO CIVIL y COMERCIAL DE LA NACI óN
Código Civil y Comercial de la Nación

IX
ÍNDICE GENERAL
•
Página
Ley 26.994 ………………………………………………. 1
Decreto 1795/2014 ………………………………………. 3
Anexo i. Código Civil y Comercial de la Nación ……………… 5
TíTuLO Pr ELIMIN ar
Capítulo 1 – Derecho (arts. 1 al 3) …………………………………………….. 5
Capítulo 2 – Ley
(arts. 4 al 8) ………………………………………………… 5
Capítulo 3 – Ejer
cicio de los derechos
(arts. 9 al 14) ……………………………….. 6
Capítulo 4 – Der
echos y bienes
(arts. 15 al 18) ……………………………………. 7
LIBrO Pr IME rO. Par TE G ENE ra L
TÍTULO I – Persona humana (arts. 19 al 140) …………………………………….. 8
Capítulo 1 – Comienzo de la existencia
(arts. 19 al 21) ……………………………… 8
Capítulo 2 – Capacidad
(arts. 22 al 50) …………………………………………. 8
Sección 1ª – Principios generales
(arts. 22 al 24) …………………………………. 8
Sección 2ª – Persona menor de edad
(arts. 25 al 30) ………………………………. 9
Sección 3ª – Restricciones a la capacidad
(arts. 31 al 50) ………………………….. 10
Parágrafo 1º – Principios comunes
(arts. 31 al 42) ………………………………. 10
Parágrafo 2º – Sistemas de apoyo al ejer
cicio de la capacidad
(art. 43) ………………. 13
P
arágrafo 3º – Actos realizados por persona incapaz o con capacidad restringida
(arts. 44 al 46) 13
Parágrafo 4º – Cese de la incapacidad y de las r
estricciones a la capacidad
(art. 47) …….. 14
Parágrafo 5º – Inhabilitados
(arts. 48 al 50) ……………………………………. 14
Capítulo 3 – Der
echos y actos personalísimos
(arts. 51 al 61) ………………………… 14
Capítulo 4 – Nombr
e
(arts. 62 al 72) ………………………………………….. 17
Capítulo 5 – Domicilio
(arts. 73 al 78) …………………………………………. 20
Capítulo 6 – Ausencia
(arts. 79 al 84) ………………………………………….. 20
Capítulo 7 – Pr
esunción de fallecimiento
(arts. 85 al 92) ……………………………. 21
Capítulo 8 – Fin de la existencia de las personas
(arts. 93 al 95) ……………………… 23
Capítulo 9 – Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad
(arts. 96 al 99) …………… 23
Código Civil y Comercial de la Nación

X
Capítulo 10 – Representación y asistencia. Tutela y curatela (arts. 100 al 140) ……………. 24
Sección 1ª – Repr
esentación y asistencia
(arts. 100 al 103) …………………………. 24
Sección 2ª – T
utela
(arts. 104 al 137) …………………………………………. 25
Parágrafo 1° – Disposiciones generales
(arts. 104 al 111) …………………………. 25
Parágrafo 2° – Discernimiento de la tutela
(arts. 112 al 116) ……………………….. 28
Parágrafo 3º – Ejer
cicio de la tutela
(arts. 117 al 129) …………………………….. 29
Parágrafo 4º – Cuentas de la tutela
(arts. 130 al 134) …………………………….. 31
Parágrafo 5º – T
erminación de la tutela
(arts. 135 al 137) …………………………. 32
Sección 3ª – Curatela
(arts. 138 al 140) ……………………………………….. 32
TÍTULO II – Persona jurídica
(arts. 141 al 224) …………………………………… 33
Capítulo 1 – Parte general
(arts. 141 al 167) …………………………………….. 33
Sección 1ª – Personalidad. Composición
(arts. 141 al 144) …………………………. 33
Sección 2ª – Clasificación
(arts. 145 al 150) …………………………………….. 34
Sección 3ª – Persona jurídica privada
(arts. 151 al 167) ……………………………. 35
Parágrafo 1° – Atributos y efectos de la personalidad jurídica

(arts. 151 al 156) …………. 35
Parágrafo 2° – Funcionamiento
(arts. 157 al 162) ……………………………….. 35
Parágrafo 3° – Disolución. Liquidación
(arts. 163 al 167) ………………………….. 37
Capítulo 2 – Asociaciones civiles
(arts. 168 al 192) ………………………………… 38
Sección 1ª – Asociaciones civiles
(arts. 168 al 186) ……………………………….. 38
Sección 2ª – Simples asociaciones
(arts. 187 al 192) ……………………………… 41
Capítulo 3 – Fundaciones
(arts. 193 al 224) ……………………………………… 42
Sección 1ª – Concepto, objeto, modo de constitución y patrimoni
o
(arts. 193 al 194) …….. 42
Sección 2ª – Constitución y autorización
(arts. 195 al 200) …………………………. 43
Sección 3ª – Gobierno y administración
(arts. 201 al 213) ………………………….. 44
Sección 4ª – Información y contralor
(arts. 214 al 215) …………………………….. 46
Sección 5ª – Reforma del estatuto y disolución
(arts. 216 al 218) …………………….. 47
Sección 6ª – Fundaciones cr
eadas por disposición testamentaria
(arts. 219 al 220) ……….. 47
Sección 7ª – Autoridad de contralor
(arts. 221 al 224) …………………………….. 47
TÍTULO III – Bienes
(arts. 225 al 256) ………………………………………….. 49
Capítulo 1 – Bienes con r
elación a las personas y los derechos de incidencia colectiva
(arts. 225 al 241) ……………………………………………………………..
…… 49
Sección 1ª – Conceptos
(arts. 225 al 234) ……………………………………… 49
Sección 2ª – Bienes con r
elación a las personas
(arts. 235 al 239) ……………………. 50
Sección 3ª – Bienes con r
elación a los derechos de incidencia colectiva
(arts. 240 al 241) ….. 52
Capítulo 2 – Función de garantía
(arts. 242 al 243) ……………………………….. 52
Capítulo 3 – V
ivienda
(arts. 244 al 256) ………………………………………… 52
TÍTULO IV – Hechos y actos jurídicos
(arts. 257 al 397) …………………………….. 55
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 257 al 264) …………………………….. 55
Capítulo 2 – Err
or como vicio de la voluntad
(arts. 265 al 270) ……………………….. 56
Capítulo 3 – Dolo como vicio de la voluntad
(arts. 271 al 275) ……………………….. 57
Capítulo 4 – V
iolencia como vicio de la voluntad
(arts. 276 al 278) ……………………. 57
Capítulo 5 – Actos jurídicos
(arts. 279 al 331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 58
Sección 1ª – Objeto del acto jurídico
(arts. 279 al 280) ……………………………. 58
Sección 2ª – Causa del acto jurídico
(arts. 281 al 283) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
íNDICE GENEraL
Página
Infojus – Sistema Argentino de Informaci?n Jur?dica

XI
Sección 3ª – Forma y prueba del acto jurídico (arts. 284 al 288) ……………………… 58
Sección 4ª – Instrumentos públicos
(arts. 289 al 298) ……………………………… 59
Sección 5ª – Escritura pública y acta
(arts. 299 al 312) …………………………….. 61
Sección 6ª – Instrumentos privados y particular
es
(arts. 313 al 319) …………………… 64
Sección 7ª – Contabilidad y estados contables
(arts. 320 al 331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Capítulo 6 – Vicios de los actos jurídicos
(arts. 332 al 342) ………………………….. 68
Sección 1ª – Lesión
(art. 332) ………………………………………………. 68
Sección 2ª – Simulación
(arts. 333 al 337) ……………………………………… 69
Sección 3ª – Fraude
(arts. 338 al 342) ………………………………………… 70
Capítulo 7 – Modalidades de los actos jurídicos
(arts. 343 al 357) …………………….. 70
Sección 1ª – Condición
(arts. 343 al 349) ………………………………………. 70
Sección 2ª – Plazo
(arts. 350 al 353) ………………………………………….. 71
Sección 3ª – Car
go
(arts. 354 al 357) …………………………………………. 72
Capítulo 8 – Repr
esentación
(arts. 358 al 381) …………………………………… 72
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 358 al 361) ……………………………. 72
Sección 2ª – Repr
esentación voluntaria
(arts. 362 al 381) ………………………….. 73
Capítulo 9 – Ineficacia de los actos jurídicos
(arts. 382 al 397) ……………………….. 77
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 382 al 385) ……………………………. 77
Sección 2ª – Nulidad absoluta y r
elativa
(arts. 386 al 388) ………………………….. 77
Sección 3ª – Nulidad total y par
cial
(art. 389) …………………………………… 78
Sección 4ª – Efectos de la nulidad
(arts. 390 al 392) ………………………………. 78
Sección 5ª – Confirmación
(arts. 393 al 395) ……………………………………. 78
Sección 6ª – Inoponibilidad
(arts. 396 al 397) …………………………………… 79
TÍTULO V – T
ransmisión de los derechos
(arts. 398 al 400) ………………………….. 79
LIBrO SEG uNDO . rEL aCIONES DE Fa MILI a
TÍTULO I – Matrimonio (arts. 401 al 445) ……………………………………….. 79
Capítulo 1 – Principios de libertad y de igualdad
(arts. 401 al 402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Capítulo 2 – Requisitos del matrimonio
(arts. 403 al 409) …………………………… 80
Capítulo 3 – Oposición a la celebración del matrimonio
(arts. 410 al 415) ………………. 81
Capítulo 4 – Celebración del matrimonio
(arts. 416 al 422) …………………………. 83
Sección 1ª – Modalidad or
dinaria de celebración
(arts. 416 al 420) …………………… 83
Sección 2ª – Modalidad extraor
dinaria de celebración
(arts. 421 al 422) ……………….. 84
Capítulo 5 – Prueba del matrimonio
(art. 423) ………………………………….. 85
Capítulo 6 – Nulidad del matrimonio
(arts. 424 al 430) …………………………….. 85
Capítulo 7 – Der
echos y deberes de los cónyuges
(arts. 431 al 434) …………………… 87
Capítulo 8 – Disolución del matrimonio
(arts. 435 al 445) …………………………… 89
Sección 1ª – Causales
(art. 435) …………………………………………….. 89
Sección 2ª – Pr
oceso de divorcio
(arts. 436 al 438) ………………………………. 89
Sección 3ª – Efectos del divor
cio
(arts. 439 al 445) ……………………………….. 89
TÍTULO II – Régimen patrimonial del matrimonio
(arts. 446 al 508) ……………………. 91
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 446 al 462) …………………………….. 91
Sección 1ª – Convenciones matrimoniales
(arts. 446 al 450) ………………………… 91
Sección 2ª – Donaciones por razón de matrimonio
(arts. 451 al 453) ………………….. 92
íNDICE GENEraL
Página
Código Civil y Comercial de la Nación

XII
Sección 3ª – Disposiciones comunes a todos los regímenes (arts. 454 al 462) …………… 92
Capítulo 2 – Régimen de comunidad
(arts. 463 al 504) …………………………….. 94
Sección 1ª – Disposiciones generales
(art. 463) …………………………………. 94
Sección 2ª – Bienes de los cónyuges
(arts. 464 al 466) ……………………………. 94
Sección 3ª – Deudas de los cónyuges
(arts. 467 al 468) ……………………………. 97
Sección 4ª – Gestión de los bienes en la comunidad
(arts. 469 al 474) ………………… 97
Sección 5ª – Extinción de la comunidad
(arts. 475 al 480) ………………………….. 98
Sección 6ª – Indivisión postcomunitaria
(arts. 481 al 487) ………………………….. 99
Sección 7ª – Liquidación de la comunidad
(arts. 488 al 495) ……………………….. 100
Sección 8ª – Partición de la comunidad
(arts. 496 al 504) …………………………. 102
Capítulo 3 – Régimen de separación de bienes
(arts. 505 al 508) ……………………. 103
TÍTULO III – Uniones convivenciales
(arts. 509 al 528) …………………………….. 103
Capítulo 1 – Constitución y prueba
(arts. 509 al 512) ……………………………… 103
Capítulo 2 – Pactos de convivencia
(arts. 513 al 517) ……………………………… 104
Capítulo 3 – Efectos de las uniones convivenciales durante la convive
ncia
(arts. 518 al 522) …… 105
Capítulo 4 – Cese de la convivencia. Efectos
(arts. 523 al 528) ………………………. 106
TÍTULO IV – Par
entesco
(arts. 529 al 557) ……………………………………… 107
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 529 al 536) ……………………………. 107
Capítulo 2 – Deber
es y derechos de los parientes
(arts. 537 al 557) ………………….. 109
Sección 1ª – Alimentos
(arts. 537 al 554) ……………………………………… 109
Sección 2ª – Der
echo de comunicación
(arts. 555 al 557) …………………………. 111
TÍTULO V – Filiación
(arts. 558 al 593) ………………………………………… 111
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 558 al 559) ……………………………. 111
Capítulo 2 – Reglas generales r
elativas a la filiación por técnicas de reproducción humana
asistida
(arts. 560 al 564) ………………………………………………….. 112
Capítulo 3 – Determinación de la maternidad
(art. 565) …………………………… 112
Capítulo 4 – Determinación de la filiación matrimonial
(arts. 566 al 569) ……………….. 113
Capítulo 5 – Determinación de la filiación extramatrimonial
(arts. 570 al 575) …………… 114
Capítulo 6 – Acciones de filiación. Disposiciones generales
(arts. 576 al 581) …………… 114
Capítulo 7 – Acciones de r
eclamación de filiación
(arts. 582 al 587) ………………….. 115
Capítulo 8 – Acciones de impugnación de filiación
(arts. 588 al 593) ………………….. 116
TÍTULO VI – Adopción
(arts. 594 al 637) ………………………………………. 118
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 594 al 606) ……………………………. 118
Capítulo 2 – Declaración judicial de la situación de adoptabili
dad
(arts. 607 al 610) ………. 121
Capítulo 3 – Guar
da con fines de adopción
(arts. 611 al 614) ……………………….. 122
Capítulo 4 – Juicio de adopción
(arts. 615 al 618) ……………………………….. 123
Capítulo 5 – T
ipos de adopción
(arts. 619 al 633) ……………………………….. 124
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 619 al 623) …………………………… 124
Sección 2ª – Adopción plena
(arts. 624 al 626) …………………………………. 124
Sección 3ª – Adopción simple
(arts. 627 al 629) ………………………………… 125
Sección 4ª – Adopción de integración
(arts. 630 al 633) ………………………….. 126
Capítulo 6 – Nulidad e inscripción
(arts. 634 al 637) ……………………………… 127
íNDICE GENEraL
Página
Infojus – Sistema Argentino de Informaci?n Jur?dica

XIII
TÍTULO VII – Responsabilidad parental (arts. 638 al 704) ………………………….. 128
Capítulo 1 – Principios generales de la r
esponsabilidad parental
(arts. 638 al 640) ……….. 128
Capítulo 2 – T
itularidad y ejercicio de la responsabilidad parental
(arts. 641 al 645) ………. 128
Capítulo 3 – Deber
es y derechos de los progenitores. Reglas generales
(arts. 646 al 647) …… 130
Capítulo 4 – Deber
es y derechos sobre el cuidado de los hijos
(arts. 648 al 657) …………. 131
Capítulo 5 – Deber
es y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos
(arts. 658 al 670) ..132
Capítulo 6 – Deberes de los hijos
(art. 671) ……………………………………. 134
Capítulo 7 – Deber
es y derechos de los progenitores e hijos afines
(arts. 672 al 676) ……… 134
Capítulo 8 – Repr
esentación, disposición y administración de los bienes del hijo
menor
de edad
(arts. 677 al 698) …………………………………………………. 135
Capítulo 9 – Extinción, privación, suspensión y r ehabilitación de la responsabilidad parental
(arts. 699 al 704) ……………………………………………………………. 138
TÍTULO VIII – Procesos de familia
(arts. 705 al 723) ………………………………. 139
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 705 al 711) ……………………………. 139
Capítulo 2 – Acciones de estado de familia
(arts. 712 al 715) ……………………….. 140
Capítulo 3 – Reglas de competencia
(arts. 716 al 720) ……………………………. 141
Capítulo 4 – Medidas pr
ovisionales
(arts. 721 al 723) …………………………….. 142
LIBrO TErCE rO. D ErECHOS PErSON aLES
TÍTULO I – Obligaciones en general (arts. 724 al 956) …………………………….. 143
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 724 al 735) ……………………………. 143
Capítulo 2 – Acciones y garantía común de los acr
eedores
(arts. 736 al 745) ……………. 144
Sección 1ª – Acción dir
ecta
(arts. 736 al 738) ………………………………….. 144
Sección 2ª – Acción subr
ogatoria
(arts. 739 al 742) ……………………………… 145
Sección 3ª – Garantía común de los acr
eedores
(arts. 743 al 745) …………………… 145
Capítulo 3 – Clases de obligaciones
(arts. 746 al 864) …………………………….. 146
Sección 1ª – Obligaciones de dar
(arts. 746 al 749) ……………………………… 146
Parágrafo 1º – Disposiciones generales
(arts. 746 al 749) ………………………… 146
Parágrafo 2º – Obligaciones de dar cosa cierta para constituir der
echos reales
(arts. 750 al 758) .147
Parágrafo 3º – Obligaciones de dar para r
estituir
(arts. 759 al 761) …………………. 148
Parágrafo 4º – Obligaciones de géner
o
(arts. 762 al 763) ………………………… 148
Parágrafo 5º – Obligaciones r
elativas a bienes que no son cosas
(art. 764) ………….. 149
Parágrafo 6º – Obligaciones de dar diner
o
(arts. 765 al 772) ……………………… 149
Sección 2ª – Obligaciones de hacer y de no hacer
(arts. 773 al 778) …………………. 150
Sección 3ª – Obligaciones alternativas
(arts. 779 al 785) ………………………….. 151
Sección 4ª – Obligaciones facultativas
(arts. 786 al 789) ………………………….. 153
Sección 5ª – Obligaciones con cláusula penal y sanciones conmin
atorias
(arts. 790 al 804) … 153
Sección 6ª – Obligaciones divisibles e indivisibles
(arts. 805 al 824) …………………. 155
Parágrafo 1º – Obligaciones divisibles
(arts. 805 al 812) …………………………. 155
Parágrafo 2º – Obligaciones indivisibles
(arts. 813 al 824) ……………………….. 156
Sección 7ª – Obligaciones de sujeto plural
(arts. 825 al 849) ………………………. 157
Parágrafo 1º – Obligaciones simplemente mancomunadas
(arts. 825 al 826) …………. 157
Parágrafo 2º – Obligaciones solidarias. Disposiciones generales
(arts. 827 al 832) ……… 157
Parágrafo 3º – Solidaridad pasiva
(arts. 833 al 843) …………………………….. 158
íNDICE GENEraL
Página
Código Civil y Comercial de la Nación

XIV
Parágrafo 4º – Solidaridad activa (arts. 844 al 849) ……………………………… 160
Sección 8ª – Obligaciones concurr
entes
(arts. 850 al 852) …………………………. 161
Sección 9ª – Obligaciones disyuntivas
(arts. 853 al 855) ………………………….. 161
Sección 10ª – Obligaciones principales y accesorias
(arts. 856 al 857) ………………… 162
Sección 11ª – Rendición de cuentas
(arts. 858 al 864) ……………………………. 162
Capítulo 4 – Pago
(arts. 865 al 920) ………………………………………….. 163
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 865 al 885) …………………………… 163
Sección 2ª – Mora
(arts. 886 al 888) …………………………………………. 166
Sección 3ª – Pago a mejor fortuna
(arts. 889 al 891) …………………………….. 166
Sección 4ª – Beneficio de competencia
(arts. 892 al 893) …………………………. 167
Sección 5ª – Prueba del pago
(arts. 894 al 899) ………………………………… 167
Sección 6ª – Imputación del pago
(arts. 900 al 903) ……………………………… 168
Sección 7ª – Pago por consignación
(arts. 904 al 913) ……………………………. 168
Parágrafo 1º – Consignación judicial
(arts. 904 al 909) …………………………… 168
Parágrafo 2º – Consignación extrajudicial
(arts. 910 al 913) ………………………. 169
Sección 8ª – Pago por subr
ogación
(arts. 914 al 920) …………………………….. 170
Capítulo 5 – Otr
os modos de extinción
(arts. 921 al 956) ………………………….. 171
Sección 1ª – Compensación
(arts. 921 al 930) ………………………………….. 171
Sección 2ª – Confusión
(arts. 931 al 932) ……………………………………… 173
Sección 3ª – Novación
(arts. 933 al 941) ……………………………………… 173
Sección 4ª – Dación en pago
(arts. 942 al 943) …………………………………. 174
Sección 5ª – Renuncia y r
emisión
(arts. 944 al 954) ………………………………. 174
Sección 6ª – Imposibilidad de cumplimiento
(arts. 955 al 956) ……………………… 175
TÍTULO II – Contratos en general
(arts. 957 al 1091) ……………………………… 175
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 957 al 965) ……………………………. 175
Capítulo 2 – Clasificación de los contratos
(arts. 966 al 970) ………………………… 176
Capítulo 3 – Formación del consentimiento
(arts. 971 al 999) ……………………….. 177
Sección 1ª – Consentimiento, oferta y aceptación
(arts. 971 al 983) …………………. 177
Sección 2ª – Contratos celebrados por adhesión a cláusulas g
enerales pr edispuestas
(arts. 984 al 989) ……………………………………………………………. 179
Sección 3ª – Tratativas contractuales
(arts. 990 al 993) …………………………… 180
Sección 4ª – Contratos pr
eliminares
(arts. 994 al 996) ……………………………. 180
Sección 5ª – Pacto de pr
eferencia y contrato sujeto a conformidad
(arts. 997 al 999) …….. 181
Capítulo 4 – Incapacidad e inhabilidad para contratar
(arts. 1000 al 1002) ……………… 181
Capítulo 5 – Objeto
(arts. 1003 al 1011) ……………………………………….. 182
Capítulo 6 – Causa
(arts. 1012 al 1014) ……………………………………….. 183
Capítulo 7 – Forma
(arts. 1015 al 1018) ……………………………………….. 184
Capítulo 8 – Prueba
(arts. 1019 al 1020) ……………………………………….. 184
Capítulo 9 – Efectos
(arts. 1021 al 1060) ………………………………………. 185
Sección 1ª – Efecto r
elativo
(arts. 1021 al 1024) ………………………………… 185
Sección 2ª – Incorporación de ter
ceros al contrato
(arts. 1025 al 1030) ……………….. 185
Sección 3ª – Suspensión del cumplimiento y fuerza mayor
(arts. 1031 al 1032) …………. 186
Sección 4ª – Obligación de saneamiento
(arts. 1033 al 1058) ………………………. 187
íNDICE GENEraL
Página
Infojus – Sistema Argentino de Informaci?n Jur?dica

XV
Parágrafo 1º – Disposiciones generales (arts. 1033 al 1043) ………………………. 187
Parágrafo 2º – Responsabilidad por evicción
(arts. 1044 al 1050) …………………… 188
Parágrafo 3º – Responsabilidad por vicios ocultos
(arts. 1051 al 1058) ……………….. 190
Sección 5ª – Señal
(arts. 1059 al 1060) ……………………………………….. 191
Capítulo 10 – Interpr
etación
(arts. 1061 al 1068) …………………………………. 192
Capítulo 11 – Subcontrato
(arts. 1069 al 1072) ………………………………….. 193
Capítulo 12 – Contratos conexos
(arts. 1073 al 1075) ……………………………… 193
Capítulo 13 – Extinción, modificación y adecuación del con
trato
(arts. 1076 al 1091) ……… 194
TÍTULO III – Contratos de consumo
(arts. 1092 al 1122) …………………………… 197
Capítulo 1 – Relación de consumo
(arts. 1092 al 1095) ……………………………. 197
Capítulo 2 – Formación del consentimiento
(arts. 1096 al 1103) ……………………… 198
Sección 1ª – Prácticas abusivas
(arts. 1096 al 1099) ……………………………… 198
Sección 2ª – Información y publicidad dirigida a los consumidor
es
(arts. 1100 al 1103) …… 198
Capítulo 3 – Modalidades especiales
(arts. 1104 al 1116) ………………………….. 199
Capítulo 4 – Cláusulas abusivas
(arts. 1117 al 1122) ………………………………. 201
TÍTULO IV – Contratos en particular
(arts. 1123 al 1707) …………………………… 202
Capítulo 1 – Compraventa
(arts. 1123 al 1171) ………………………………….. 202
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1123 al 1128) …………………………. 202
Sección 2ª – Cosa vendida
(arts. 1129 al 1132) …………………………………. 203
Sección 3ª – Pr
ecio
(arts. 1133 al 1136) ………………………………………. 203
Sección 4ª – Obligaciones del vendedor
(arts. 1137 al 1140) ………………………. 204
Sección 5ª – Obligaciones del comprador
(art. 1141) ……………………………. 204
Sección 6ª – Compraventa de cosas muebles
(arts. 1142 al 1162) …………………… 205
Parágrafo 1º – Pr
ecio
(arts. 1143 al 1144) …………………………………….. 205
Parágrafo 2º – Entr
ega de la documentación
(arts. 1145 al 1146) ………………….. 205
Parágrafo 3º – Entr
ega de la cosa
(arts. 1147 al 1151) …………………………… 205
Parágrafo 4º – Recepción de la cosa y pago del pr
ecio
(arts. 1152 al 1162) …………… 206
Sección 7ª – Algunas cláusulas que pueden ser agr
egadas al contrato de compraventa
(arts. 1163 al 1169) ……………………………………………………… 208
Sección 8ª – Boleto de compraventa
(arts. 1170 al 1171) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Capítulo 2 – Permuta
(arts. 1172 al 1175) ……………………………………… 210
Capítulo 3 – Suministr
o
(arts. 1176 al 1186) …………………………………….. 210
Capítulo 4 – Locación
(arts. 1187 al 1226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 212
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1187 al 1191) …………………………. 212
Sección 2ª – Objeto y destino
(arts. 1192 al 1196) ………………………………. 213
Sección 3ª – T
iempo de la locación
(arts. 1197 al 1199) ………………………….. 214
Sección 4ª – Efectos de la locación
(arts. 1200 al 1212) …………………………… 214
Parágrafo 1º – Obligaciones del locador
(arts. 1200 al 1204) ……………………… 214
Parágrafo 2º – Obligaciones del locatario
(arts. 1205 al 1210) ……………………… 215
Parágrafo 3º – Régimen de mejoras
(arts. 1211 al 1212) …………………………. 216
Sección 5ª – Cesión y sublocación
(arts. 1213 al 1216) …………………………… 216
Sección 6ª – Extinción
(arts. 1217 al 1221) …………………………………….. 217
íNDICE GENEraL
Página
Código Civil y Comercial de la Nación

XVI
Sección 7ª – Efectos de la extinción (arts. 1222 al 1226) ………………………….. 218
Capítulo 5 – Leasing
(arts. 1227 al 1250) ………………………………………. 218
Capítulo 6 – Obra y servicios
(arts. 1251 al 1279) ………………………………… 224
Sección 1ª – Disposiciones comunes a las obras y a los servicios
(arts. 1251 al 1261) . . . . . . . . 224
Sección 2ª – Disposiciones especiales para las obras
(arts. 1262 al 1277) ……………… 226
Sección 3ª – Normas especiales para los servicios
(arts. 1278 al 1279) ………………… 228
Capítulo 7 – T
ransporte
(arts. 1280 al 1318) …………………………………….. 228
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1280 al 1287) …………………………. 228
Sección 2ª – T
ransporte de personas
(arts. 1288 al 1295) ………………………….. 229
Sección 3ª – T
ransporte de cosas
(arts. 1296 al 1318) …………………………….. 231
Capítulo 8 – Mandato
(arts. 1319 al 1334) ……………………………………… 234
Capítulo 9 – Contrato de consignación
(arts. 1335 al 1344) …………………………. 237
Capítulo 10 – Corr
etaje
(arts. 1345 al 1355) …………………………………….. 238
Capítulo 11 – Depósito
(arts. 1356 al 1377) …………………………………….. 239
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1356 al 1366) …………………………. 239
Sección 2ª – Depósito irr
egular
(art. 1367) ……………………………………. 240
Sección 3ª – Depósito necesario
(arts. 1368 al 1375) …………………………….. 241
Sección 4ª – Casas de depósito
(arts. 1376 al 1377) ……………………………… 242
Capítulo 12 – Contratos bancarios
(arts. 1378 al 1420) ……………………………. 242
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1378 al 1389) …………………………. 242
Parágrafo 1° – T
ransparencia de las condiciones contractuales
(arts. 1378 al 1383) ……… 242
Parágrafo 2° – Contratos bancarios con consumidor
es y usuarios
(arts. 1384 al 1389) ……. 243
Sección 2ª – Contratos en particular
(arts. 1390 al 1420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Parágrafo 1° – Depósito bancario
(arts. 1390 al 1392) …………………………… 244
Parágrafo 2° – Cuenta corriente bancaria
(arts. 1393 al 1407) …………………….. 245
Parágrafo 3° – Pr
éstamo y descuento bancario
(arts. 1408 al 1409) …………………. 247
Parágrafo 4° – Apertura de cr
édito
(arts. 1410 al 1412) ………………………….. 247
Parágrafo 5° – Servicio de caja de seguridad
(arts. 1413 al 1417) …………………… 248
Parágrafo 6° – Custodia de títulos
(arts. 1418 al 1420) …………………………… 248
Capítulo 13 – Contrato de factoraje
(arts. 1421 al 1428) …………………………… 249
Capítulo 14 – Contratos celebrados en bolsa o mer
cado de comercio
(art. 1429) ……….. 250
Capítulo 15 – Cuenta corriente
(arts. 1430 al 1441) ………………………………. 250
Capítulo 16 – Contratos asociativos
(arts. 1442 al 1478) …………………………… 253
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1442 al 1447) …………………………. 253
Sección 2ª – Negocio en participación
(arts. 1448 al 1452) ………………………… 253
Sección 3ª – Agrupaciones de colaboración
(arts. 1453 al 1462) ……………………. 254
Sección 4ª – Uniones transitorias
(arts. 1463 al 1469) …………………………….. 257
Sección 5ª – Consor
cios de cooperación
(arts. 1470 al 1478) ………………………. 258
Capítulo 17 – Agencia
(arts. 1479 al 1501) ……………………………………… 260
Capítulo 18 – Concesión
(arts. 1502 al 1511) ……………………………………. 265
Capítulo 19 – Franquicia
(arts. 1512 al 1524) ……………………………………. 267
Capítulo 20 – Mutuo
(arts. 1525 al 1532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 271
íNDICE GENEraL
Página
Infojus – Sistema Argentino de Informaci?n Jur?dica

XVII
Capítulo 21 – Comodato (arts. 1533 al 1541) …………………………………… 272
Capítulo 22 – Donación
(arts. 1542 al 1573) ……………………………………. 274
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1542 al 1554) …………………………. 274
Sección 2ª – Efectos
(arts. 1555 al 1559) ……………………………………… 275
Sección 3ª – Algunas donaciones en particular
(arts. 1560 al 1565) ………………….. 276
Sección 4ª – Reversión y r
evocación
(arts. 1566 al 1573) ………………………….. 277
Capítulo 23 – Fianza
(arts. 1574 al 1598) ………………………………………. 278
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1574 al 1582) …………………………. 278
Sección 2ª – Efectos entr
e el fiador y el acreedor
(arts. 1583 al 1591) ………………… 279
Sección 3ª – Efectos entr
e el deudor y el fiador
(arts. 1592 al 1594) ………………….. 280
Sección 4ª – Efectos entr
e los cofiadores
(art. 1595) …………………………….. 281
Sección 5ª – Extinción de la fianza
(arts. 1596 al 1598) ……………………………. 281
Capítulo 24 – Contrato oner
oso de renta vitalicia
(arts. 1599 al 1608) …………………. 282
Capítulo 25 – Contratos de juego y de apuesta
(arts. 1609 al 1613) …………………… 283
Capítulo 26 – Cesión de der
echos
(arts. 1614 al 1635) …………………………….. 284
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1614 al 1631) …………………………. 284
Sección 2ª – Cesión de deudas
(arts. 1632 al 1635) ……………………………… 286
Capítulo 27 – Cesión de la posición contractual
(arts. 1636 al 1640) ………………….. 286
Capítulo 28 – T
ransacción
(arts. 1641 al 1648) …………………………………… 287
Capítulo 29 – Contrato de arbitraje
(arts. 1649 al 1665) ……………………………. 288
Capítulo 30 – Contrato de fideicomiso
(arts. 1666 al 1700) …………………………. 291
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1666 al 1670) …………………………. 291
Sección 2ª – Sujetos
(arts. 1671 al 1681) ……………………………………… 292
Sección 3ª – Efectos
(arts. 1682 al 1689) ……………………………………… 295
Sección 4ª – Fideicomiso financier
o
(arts. 1690 al 1692) ………………………….. 297
Sección 5ª – Certificados de participación y títulos de de
uda
(arts. 1693 al 1694) ……….. 297
Sección 6ª – Asambleas de tenedor
es de títulos representativos de deuda o certificados de
participación
(arts. 1695 al 1696) …………………………………………… 298
Sección 7ª – Extinción del fideicomiso
(arts. 1697 al 1698) ………………………… 298
Sección 8ª – Fideicomiso testamentario
(arts. 1699 al 1700) ……………………….. 299
Capítulo 31 – Dominio fiduciario
(arts. 1701 al 1707) ……………………………… 299
TÍTULO V – Otras fuentes de las obligaciones
(arts. 1708 al 1881) ……………………. 300
Capítulo 1 – Responsabilidad civil
(arts. 1708 al 1780) …………………………….. 300
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1708 al 1709) …………………………. 300
Sección 2ª – Función pr
eventiva y punición excesiva
(arts. 1710 al 1715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Sección 3ª – Función resarcitoria
(arts. 1716 al 1736) …………………………….. 301
Sección 4ª – Daño r
esarcible
(arts. 1737 al 1748) ……………………………….. 304
Sección 5ª – Responsabilidad dir
ecta
(arts. 1749 al 1752) …………………………. 306
Sección 6ª – Responsabilidad por el hecho de ter
ceros
(arts. 1753 al 1756) ……………. 306
Sección 7ª – Responsabilidad derivada de la intervención de cos
as y de ciertas actividades
(arts. 1757 al 1759) …………………………………………………….. 307
Sección 8ª – Responsabilidad colectiva y anónima
(arts. 1760 al 1762) ……………….. 308
Sección 9ª – Supuestos especiales de r
esponsabilidad
(arts. 1763 al 1771) ……………. 308
íNDICE GENEraL
Página
Código Civil y Comercial de la Nación

XVIII
Sección 10ª – Ejercicio de las acciones de responsabilidad (arts. 1772 al 1773) …………. 309
Sección 11ª – Acciones civil y penal
(arts. 1774 al 1780) ………………………….. 310
Capítulo 2 – Gestión de negocios
(arts. 1781 al 1790) …………………………….. 311
Capítulo 3 – Empleo útil
(arts. 1791 al 1793) ……………………………………. 313
Capítulo 4 – Enriquecimiento sin causa
(arts. 1794 al 1799) ………………………… 313
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1794 al 1795) …………………………. 313
Sección 2ª – Pago indebido
(arts. 1796 al 1799) ………………………………… 313
Capítulo 5 – Declaración unilateral de voluntad
(arts. 1800 al 1814) ………………….. 314
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1800 al 1802) …………………………. 314
Sección 2ª – Pr
omesa pública de recompensa
(arts. 1803 al 1806) …………………… 314
Sección 3ª – Concurso público
(arts. 1807al 1809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 315
Sección 4ª – Garantías unilaterales
(arts. 1810 al 1814) …………………………… 316
Capítulo 6 – T
ítulos valores
(arts. 1815 al 1881) …………………………………. 317
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 1815 al 1829) …………………………. 317
Sección 2ª – T
ítulos valores cartulares
(arts. 1830 al 1849) ………………………… 319
Parágrafo 1° – T
ítulos valores al portador
(art. 1837) …………………………… 320
Parágrafo 2° – T
ítulos valores a la orden
(arts. 1838 al 1846) ……………………… 321
Parágrafo 3° – T
ítulos valores nominativos endosables
(arts. 1847 al 1848) ……………. 322
Parágrafo 4° – T
ítulos valores nominativos no endosables
(art. 1849) ………………. 322
Sección 3ª – T
ítulos valores no cartulares
(arts. 1850 al 1851) ………………………. 322
Sección 4ª – Deterior
o, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores o de sus registros
(arts. 1852 al 1881) …………………………………………………….. 324
Parágrafo 1° – Normas comunes para títulos valor es
(arts. 1852 al 1854) …………….. 324
Parágrafo 2° – Normas aplicables a títulos valor
es en serie
(arts. 1855 al 1870) ………… 324
Parágrafo 3° – Normas aplicables a los títulos valor
es individuales
(arts. 1871 al 1875) ….. 328
Parágrafo 4° – Sustracción, pér
dida o destrucción de los libros de registro
(arts. 1876 al 1881) .. 329
LIB rO C uar TO. DE r ECHOS r E a LES
TÍTULO I – Disposiciones generales (arts. 1882 al 1907) …………………………… 331
Capítulo 1 – Principios comunes
(arts. 1882 al 1891) ……………………………… 331
Capítulo 2 – Adquisición, transmisión, extinción y oponibili
dad
(arts. 1892 al 1907) ………. 332
TÍTULO II – Posesión y tenencia
(arts. 1908 al 1940) ………………………………. 335
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 1908 al 1921) ………………………….. 335
Capítulo 2 – Adquisición, ejer
cicio, conservación y extinción
(arts. 1922 al 1931) …………. 337
Capítulo 3 – Efectos de las r
elaciones de poder
(arts. 1932 al 1940) ………………….. 338
TÍTULO III – Dominio
(arts. 1941 al 1982) ………………………………………. 340
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 1941 al 1946) ………………………….. 340
Capítulo 2 – Modos especiales de adquisición del dominio
(arts. 1947 al 1963) …………. 341
Sección 1ª – Apr
opiación
(arts. 1947 al 1950) ………………………………….. 341
Sección 2ª – Adquisición de un tesor
o
(arts. 1951 al 1954) ………………………… 342
Sección 3ª – Régimen de cosas per
didas
(arts. 1955 al 1956) ………………………. 342
Sección 4ª – T
ransformación y accesión de cosas muebles
(arts. 1957 al 1958) …………. 343
Sección 5ª – Accesión de cosas inmuebles
(arts. 1959 al 1963) ……………………… 343
íNDICE GENEraL
Página
Infojus – Sistema Argentino de Informaci?n Jur?dica

XIX
Capítulo 3 – Dominio imperfecto (arts. 1964 al 1969) …………………………….. 344
Capítulo 4 – Límites al dominio
(arts. 1970 al 1982) ………………………………. 345
TÍTULO IV – Condominio
(arts. 1983 al 2036) …………………………………… 347
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 1983 al 1992) ………………………….. 347
Capítulo 2 – Administración
(arts. 1993 al 1995) …………………………………. 349
Capítulo 3 – Condominio sin indivisión forzosa
(arts. 1996 al 1998) …………………… 349
Sección Única – Partición
(arts. 1996 al 1998) ………………………………….. 349
Capítulo 4 – Condominio con indivisión forzosa temporaria
(arts. 1999 al 2003) …………. 349
Capítulo 5 – Condominio con indivisión forzosa per
durable
(arts. 2004 al 2036) …………. 350
Sección 1ª – Condominio sobr
e accesorios indispensables
(arts. 2004 al 2005) …………. 350
Sección 2ª – Condominio sobr
e muros, cercos y fosos
(arts. 2006 al 2036) . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
TÍTULO V – Propiedad horizontal
(arts. 2037 al 2072) …………………………….. 354
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2037 al 2044) ………………………….. 354
Capítulo 2 – Facultades y obligaciones de los pr
opietarios
(arts. 2045 al 2050) ………….. 356
Capítulo 3 – Modificaciones en cosas y partes comunes
(arts. 2051 al 2055) ……………. 358
Capítulo 4 – Reglamento de pr
opiedad horizontal
(arts. 2056 al 2057) ………………… 359
Capítulo 5 – Asambleas
(arts. 2058 al 2063) ……………………………………. 360
Capítulo 6 – Consejo de pr
opietarios
(art. 2064) ………………………………… 361
Capítulo 7 – Administrador
(arts. 2065 al 2067) …………………………………. 362
Capítulo 8 – Subconsor
cios
(art. 2068) ……………………………………….. 363
Capítulo 9 – Infracciones
(art. 2069) …………………………………………. 363
Capítulo 10 – Pr
ehorizontalidad
(arts. 2070 al 2072) ……………………………… 364
TÍTULO VI – Conjuntos inmobiliarios
(arts. 2073 al 2113) ………………………….. 364
Capítulo 1 – Conjuntos inmobiliarios
(arts. 2073 al 2086) ………………………….. 364
Capítulo 2 – T
iempo compartido
(arts. 2087 al 2102) ……………………………… 367
Capítulo 3 – Cementerios privados
(arts. 2103 al 2113) ……………………………. 370
TÍTULO VII – Superficie
(arts. 2114 al 2128) …………………………………….. 372
TÍTULO VIII – Usufructo
(arts. 2129 al 2153) …………………………………….. 374
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2129 al 2140) ………………………….. 374
Capítulo 2 – Der
echos del usufructuario
(arts. 2141 al 2144) ………………………… 376
Capítulo 3 – Obligaciones del usufructuario
(arts. 2145 al 2150) …………………….. 376
Capítulo 4 – Der
echos y deberes del nudo propietario
(art. 2151) …………………… 377
Capítulo 5 – Extinción
(arts. 2152 al 2153) ……………………………………… 377
TÍTULO IX – Uso
(arts. 2154 al 2157) …………………………………………. 378
TÍTULO X – Habitación
(arts. 2158 al 2161) …………………………………….. 378
TÍTULO XI – Servidumbr
e
(arts. 2162 al 2183) …………………………………… 379
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2162 al 2172) ………………………….. 379
Capítulo 2 – Der
echos y obligaciones del titular dominante
(arts. 2173 al 2179) …………. 380
Capítulo 3 – Der
echos del titular sirviente
(arts. 2180 al 2181) ………………………. 381
Capítulo 4 – Extinción de la servidumbr
e
(arts. 2182 al 2183) ……………………….. 381
íNDICE GENEraL
Página
Código Civil y Comercial de la Nación

XX
TÍTULO XII – Derechos reales de garantía (arts. 2184 al 2237) ………………………. 382
Capítulo 1 – Disposiciones comunes
(arts. 2184 al 2204) …………………………… 382
Capítulo 2 – Hipoteca
(arts. 2205 al 2211) ……………………………………… 385
Capítulo 3 – Anticr
esis
(arts. 2212 al 2218) …………………………………….. 386
Capítulo 4 – Pr
enda
(arts. 2219 al 2237) ……………………………………….. 387
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 2219 al 2223) …………………………. 387
Sección 2ª – Pr
enda de cosas
(arts. 2224 al 2231) ……………………………….. 388
Sección 3ª – Pr
enda de créditos
(arts. 2232 al 2237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
TÍTULO XIII – Acciones posesorias y acciones reales
(arts. 2238 al 2276) ……………….. 390
Capítulo 1 – Defensas de la posesión y la tenencia
(arts. 2238 al 2246) ………………… 390
Capítulo 2 – Defensas del der
echo real
(arts. 2247 al 2268) ………………………… 392
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 2247 al 2251) …………………………. 392
Sección 2ª – Acción r
eivindicatoria
(arts. 2252 al 2261) …………………………… 393
Sección 3ª – Acción negatoria
(arts. 2262 al 2263) ………………………………. 396
Sección 4ª – Acción confesoria
(arts. 2264 al 2265) ……………………………… 396
Sección 5ª – Acción de deslinde
(arts. 2266 al 2268) …………………………….. 396
Capítulo 3 – Relaciones entr
e las acciones posesorias y las acciones reales
(arts. 2269 al 2276) …. 397
LIB rO Q uINTO.
T
ra
NSMISIÓN DE DE r ECHOS PO r C au S a DE M u E r
TE
TÍTULO I – Sucesiones (arts. 2277 al 2285) …………………………………….. 398
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2277 al 2280) ………………………….. 398
Capítulo 2 – Indignidad
(arts. 2281 al 2285) ……………………………………. 398
TÍTULO II – Aceptación y r
enuncia de la herencia
(arts. 2286 al 2301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Capítulo 1 – Derecho de opción
(arts. 2286 al 2292) ……………………………… 400
Capítulo 2 – Aceptación de la her
encia
(arts. 2293 al 2297) ………………………… 401
Capítulo 3 – Renuncia de la her
encia
(arts. 2298 al 2301) ………………………….. 402
TÍTULO III – Cesión de her
encia
(arts. 2302 al 2309) ……………………………… 403
TÍTULO IV – Petición de her
encia
(arts. 2310 al 2315) …………………………….. 404
TÍTULO V – Responsabilidad de los her
ederos y legatarios. Liquidación del pasivo
(arts. 2316 al 2322) …………………………………………………………… 405
TÍTULO VI – Estado de indivisión
(arts. 2323 al 2334) ……………………………… 406
Capítulo 1 – Administración extrajudicial
(arts. 2323 al 2329) ……………………….. 406
Capítulo 2 – Indivisión forzosa
(arts. 2330 al 2334) ……………………………….. 407
TÍTULO VII – Pr
oceso sucesorio
(arts. 2335 al 2362) ………………………………. 409
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2335 al 2336) ………………………….. 409
Capítulo 2 – Investidura de la calidad de her
edero
(arts. 2337 al 2340) ………………… 409
Capítulo 3 – Inventario y avalúo
(arts. 2341 al 2344) ………………………………. 410
Capítulo 4 – Administración judicial de la sucesión
(arts. 2345 al 2355) ………………… 411
Sección 1ª – Designación, der
echos y deberes del administrador
(arts. 2345 al 2352) ……. 411
Sección 2ª – Funciones del administrador
(arts. 2353 al 2355) ……………………… 412
íNDICE GENEraL
Página
Infojus – Sistema Argentino de Informaci?n Jur?dica

XXI
Capítulo 5 – Pago de deudas y legados (arts. 2356 al 2360) ………………………… 413
Capítulo 6 – Conclusión de la administración judicial
(arts. 2361 al 2362) ………………. 413
TÍTULO VIII – Partición
(arts. 2363 al 2423) …………………………………….. 414
Capítulo 1 – Acción de partición
(arts. 2363 al 2368) ……………………………… 414
Capítulo 2 – Modos de hacer la partición
(arts. 2369 al 2384) ……………………….. 415
Capítulo 3 – Colación de donaciones
(arts. 2385 al 2396) ………………………….. 418
Capítulo 4 – Colación de deudas
(arts. 2397 al 2402) ……………………………… 419
Capítulo 5 – Efectos de la partición
(arts. 2403 al 2407) ……………………………. 420
Capítulo 6 – Nulidad y r
eforma de la partición
(arts. 2408 al 2410) ……………………. 421
Capítulo 7 – Partición por los ascendientes
(arts. 2411 al 2423) ……………………… 421
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 2411 al 2414) …………………………. 421
Sección 2ª – Partición por donación
(arts. 2415 al 2420) ………………………….. 422
Sección 3ª – Partición por testamento
(arts. 2421 al 2423) ………………………… 422
TÍTULO IX – Sucesiones intestadas
(arts. 2424 al 2443) ……………………………. 423
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2424 al 2425) ………………………….. 423
Capítulo 2 – Sucesión de los descendientes
(arts. 2426 al 2430) …………………….. 423
Capítulo 3 – Sucesión de los ascendientes
(arts. 2431 al 2432) ………………………. 424
Capítulo 4 – Sucesión del cónyuge
(arts. 2433 al 2437) ……………………………. 424
Capítulo 5 – Sucesión de los colaterales
(arts. 2438 al 2440) ………………………… 425
Capítulo 6 – Der
echos del Estado
(arts. 2441 al 2443) …………………………….. 425
TÍTULO X – Por
ción legítima
(arts. 2444 al 2461) ………………………………… 426
TÍTULO XI – Sucesiones testamentarias
(arts. 2462 al 2531) ………………………… 428
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2462 al 2471) ………………………….. 428
Capítulo 2 – Formas de los testamentos
(arts. 2472 al 2481) ………………………… 429
Sección 1ª – Disposiciones generales
(arts. 2472 al 2476) …………………………. 429
Sección 2ª – T
estamento ológrafo
(arts. 2477 al 2478) ……………………………. 430
Sección 3ª – T
estamento por acto público
(arts. 2479 al 2481) ……………………… 430
Capítulo 3 – Inhabilidad para suceder por testamento
(arts. 2482 al 2483) ……………… 431
Capítulo 4 – Institución y sustitución de her
ederos y legatarios
(arts. 2484 al 2493) ……….. 432
Capítulo 5 – Legados
(arts. 2494 al 2510) ……………………………………… 434
Capítulo 6 – Revocación y caducidad de las disposiciones testament
arias
(arts. 2511 al 2522) ….. 436
Capítulo 7 – Albaceas
(arts. 2523 al 2531) ……………………………………… 438
LIB rO SEXTO.
DISPOSICIONES COM
u
NES a LOS DE r ECHOS PE r SON a LES Y r E a LES
TÍTULO I – Prescripción y caducidad (arts. 2532 al 2572) …………………………… 440
Capítulo 1 – Disposiciones comunes a la pr
escripción liberatoria y adquisitiva
(arts. 2532 al 2553) .. 440
Sección 1ª – Normas generales
(arts. 2532 al 2538) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Sección 2ª – Suspensión de la prescripción
(arts. 2539 al 2543) …………………….. 441
Sección 3ª – Interrupción de la pr
escripción
(arts. 2544 al 2549) ……………………. 442
Sección 4ª – Dispensa de la pr
escripción
(art. 2550) ……………………………. 442
íNDICE GENEraL
Página
Código Civil y Comercial de la Nación

XXII
Sección 5ª – Disposiciones procesales relativas a la prescripción (arts. 2551 al 2553) …….. 443
Capítulo 2 – Pr
escripción liberatoria
(arts. 2554 al 2564) ……………………………. 443
Sección 1ª – Comienzo del cómputo
(arts. 2554 al 2559) …………………………. 443
Sección 2ª – Plazos de pr
escripción
(arts. 2560 al 2564) ………………………….. 444
Capítulo 3 – Pr
escripción adquisitiva
(art. 2565) …………………………………. 445
Capítulo 4 – Caducidad de los der
echos
(arts. 2566 al 2572) ………………………… 445
TÍTULO II – Privilegios
(arts. 2573 al 2586) ……………………………………… 446
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2573 al 2581) …………………………… 446
Capítulo 2 – Privilegios especiales
(arts. 2582 al 2586) …………………………….. 447
TÍTULO III – Der
echo de retención
(arts. 2587 al 2593) ……………………………. 448
TÍTULO IV – Disposiciones de der
echo internacional privado
(arts. 2594 al 2671) ………… 450
Capítulo 1 – Disposiciones generales
(arts. 2594 al 2600) …………………………… 450
Capítulo 2 – Jurisdicción internacional
(arts. 2601 al 2612) ………………………….. 451
Capítulo 3 – Parte especial
(arts. 2613 al 2671) ………………………………….. 453
Sección 1ª – Personas humanas
(arts. 2613 al 2620) …………………………….. 453
Sección 2ª – Matrimonio
(arts. 2621 al 2626) …………………………………… 455
Sección 3ª – Unión convivencial
(arts. 2627 al 2628) …………………………….. 456
Sección 4ª – Alimentos
(arts. 2629 al 2630) …………………………………… 456
Sección 5ª – Filiación por naturaleza y por técnicas de r eproducción humana asistida
(arts. 2631 al 2634) …………………………………………………………. 457
Sección 6ª – Adopción
(arts. 2635 al 2638) ……………………………………. 457
Sección 7ª – Responsabilidad par
ental e instituciones de protección
(arts. 2639 al 2641) ….. 458
Sección 8ª – Restitución internacional de niños
(art. 2642) ………………………… 459
Sección 9ª – Sucesiones
(arts. 2643 al 2648) …………………………………… 459
Sección 10ª – Forma de los actos jurídicos
(art. 2649) …………………………… 460
Sección 11ª – Contratos
(arts. 2650 al 2653) …………………………………… 460
Sección 12ª – Contratos de consumo
(arts. 2654 al 2655) …………………………. 462
Sección 13ª – Responsabilidad civil
(arts. 2656 al 2657) ………………………….. 463
Sección 14ª – T
ítulos valores
(arts. 2658 al 2662) ……………………………….. 463
Sección 15ª – Der
echos reales
(arts. 2663 al 2670) ………………………………. 464
Sección 16ª – Pr
escripción
(art. 2671) ……………………………………….. 465
Anexo ii ……………………………………………… 467
1.- Modificaciones a la ley 17.801 ………………………………………………………………
……………….. 467
2.- Modificaciones a la ley 19.550, T .O. 1984 ………………………………………………………………
..468
3.- Modificaciones a la ley 24.240, modificada por la ley 26.361
……………………………………474
Modificaciones relevantes. Cuadro explicativo ………………… 477
índi ce temático
…………………………………………. 499
íNDICE GENEraL
Página
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1
Ley 26.994•
Sanción: 1 de octubre de 2014
Promulgación: 7 de octubre de 2014
Publicación: 8 de octubre de 2014
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Con-
greso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ar T IC u LO 1°.- Apruébase el Código Civil y Comercial de la Nación que como Anexo I
integra la presente ley.
ar TIC

u LO 2°.- Apruébase el Anexo II que integra la presente ley, y dispónese la sus-
titución de los artículos de las leyes indicadas en el mismo, por
los textos que para
cada caso se expresan.
ar TIC

u LO 3°.- Deróganse las siguientes normas:
a. Las leyes Nros. 11.357, 13.512, 14.394, 18.248, 19.724, 19.836, 20.276, 21.342 —c
on
excepción de su artículo 6°—, 23.091, 25.509 y 26.005;
b. La Sección IX del Capítulo II —artículos 361 a 366— y el
Capítulo III de la ley 19.550,
t.o. 1984;
c. Los artículos 36, 37 y 38 de la ley 20.266 y sus modificatorias;
d. El artículo 37 del decreto 1798 del 13 de octubre de 1994;
e. Los artículos 1° a 26 de la ley 24.441;
f. Los Capítulos I —con excepción del segundo y tercer párrafos del artículo 11—
y III —con excepción de los párrafos segundo y tercero del artículo 28— de la
ley 25.248;
g. Los Capítulos III, IV, V y IX de la ley 26.356.
ar TIC

u LO 4°.- Deróganse el Código Civil, aprobado por la ley 340, y el Código de
Comercio, aprobado por las leyes Nros. 15 y 2.637, excepto los artículos 891, 892, 907,
919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporan como
artículos 631
Código Civil y Comercial de la Nación

2
LEy 26.994
a 678 de la ley 20.094, facultándose al Poder Ejecutivo nacional a renumerar los artícu-
los de la citada ley en virtud de la incorporación de las normas precedentes.
ar TIC
u LO 5°.- Las leyes que actualmente integran, complementan o se encuentran
incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio, excepto lo establecido en el
artículo 3° de la presente ley, mantienen su vigencia como leyes que complementan
al Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por el artículo 1° de la presente.
ar TIC

u LO 6°.- Toda referencia al Código Civil o al Código de Comercio contenida
en la legislación vigente debe entenderse remitida al Código Civil y Comercial de la
Nación que por la presente se aprueba.
ar TIC

u LO 7°.- La presente ley entrará en vigencia el 1° de agosto de 2015.
(1)
ar TIC u LO 8°.- Dispónense como normas complementarias de aplicación del Código
Civil y Comercial de la Nación, las siguientes:
Primera. “En los supuestos en los que al momento de entrada en vigencia de esta le
y
se hubiese decretado la separación personal, cualquiera de los que fueron cónyuges
puede solicitar la conversión de la sentencia de separación person
al en divorcio vincular.
Si la conversión se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino en
la separación o el del domicilio de cualquiera de los que peticionan,
a su opción; se
resuelve, sin trámite alguno, con la homologación de la petición
.
Si se solicita unilateralmente, es competente el juez que intervino en l
a separación o
el del domicilio del ex cónyuge que no peticiona la conversión; el
juez decide previa
vista por tres (3) días.
La resolución de conversión debe anotarse en el registro que tomó nota de la sepa-
ración.”
Segunda. “Se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial para el
cambio de prenombre y apellido, los casos en que existe una sentencia de adopción
simple o plena y aun si la misma no hubiera sido anulada, siempre que se acredite que
la adopción tiene como antecedente la separación del adoptado de s
u familia biológi-
ca por medio del terrorismo de Estado.” (Corresponde al artículo 69 del Código Civil
y Comercial de la Nación).
ar TIC

u LO 9°.- Dispónense como normas transitorias de aplicación del Código Civil y
Comercial de la Nación, las siguientes:
Primera. “Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comuni-
taria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial.” (Corresponde al artícu-
lo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación).
(1) Texto sustituido por art. 1° de la ley 27.077, BO 19/12/2014.
Infojus – Sistema argentino de Información Jur?dica

3
Segunda. “La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial.”
(Corresponde al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Tercera. “Los nacidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Co
mercial de
la Nación por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y
del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado
y libre a la realización del procedimiento que dio origen al nacido, debiéndose com-
pletar el acta de nacimiento por ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas
cuando sólo constara vínculo filial con quien dio a luz y siempr
e con el consentimiento
de la otra madre o del padre que no figura en dicha acta.” (Corresponde al Capítulo 2
del Título V del Libro Segundo del Código Civil y Comercial de la Nación).
Cuarta. “La responsabilidad del Estado nacional y de sus funcionarios por los hechos
y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley espe-
cial.” (Corresponde a los artículos 1764, 1765 y 1766 del Código Civil y Comer
cial de
la Nación).
ar TIC

u LO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AI-
RES, EL PRIMER DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Firmantes: Amado Boudou – Julián A. Domínguez – Lucas Chedrese – Juan H. Estrada
•
De Creto 1795/2014
Promúlgase la ley 26.994.
Bs. As., 07/10/2014
POR TANTO:
Téngase por ley de la Nación 26.994 cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Cristina Fernández de Kirchner – Jorge M. Capitanich – Julio Alak
•
íNDICE GENEraL
Código Civil y Comercial de la Nación

5
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO 1
Derecho
ARTÍCULO 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser re-
sueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional
y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto,
se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, práctica
s y costumbres son
vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
ARTÍCULO 2º.-
Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus
palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones qu
e surgen de los trata-
dos sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente
con todo el ordenamiento.
ARTÍCULO 3º.-
Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean some-
tidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente funda
da.
CAPÍTULO 2
Ley
ARTÍCULO 4º.- Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habi-
tan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domicilia-
dos o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

ARTÍCULO 5º.-
Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación
oficial, o desde el día que ellas determinen.
ANEXO I
•
Código Civil y Comercial de la Nación

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ARTS. 6º – 10
ARTÍCULO 6º.- Modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los
intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche
a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda
éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los
plazos de meses
o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento n
o hubiera
día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de
ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo.
El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y
no se excluyen
los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en hor
as, a contar desde una
hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe em
pezar desde
la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe
de otro modo.
ARTÍCULO 7º.-
Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes
se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes.
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposi-
ción en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos
amparados por garantías constitucionales.
Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso d
e ejecución,
con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de
consumo.
ARTÍCULO 8º.-
Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de
excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento
jurídico.
CAPÍTULO 3
Ejercicio de los derechos
ARTÍCULO 9º.- Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena
fe.
ARTÍCULO 10.-
Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o
el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilí
cito ningún
acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría
los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la b
uena
fe, la moral y las buenas costumbres.
El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de
la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de
hecho anterior y fijar una indemnización.
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ARTS. 11 – 18
ARTÍCULO 11.- Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9º y 10
se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de
las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales.
ARTÍCULO 12.-
Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no
pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.
El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un re-
sultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera
otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa
que se trata de eludir.
ARTÍCULO 13.-
Renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos
de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento
jurídico lo prohíba.
ARTÍCULO 14.-
Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código
se reconocen:
a. derechos individuales;
b. derechos de incidencia colectiva.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afec-
tar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.
CAPÍTULO 4
Derechos y bienes
ARTÍCULO 15.- Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos
individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se es-
tablece en este Código.
ARTÍCULO 16.-
Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del ar –
tículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes
materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a
la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio
del hombre.
ARTÍCULO 17.-
Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo
humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, cientí-
fico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se
respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales.
ARTÍCULO 18.-
Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indí-
genas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y sufici
entes para el
desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
TÍTULO PRELIMINAR – c APÍTULO 4
Código Civil y Comercial de la Nación

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ARTS. 19 – 24
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TÍTULO I
Persona humana
CAPÍTULO 1
Comienzo de la existencia
ARTÍCULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana co-
mienza con la concepción.
ARTÍCULO 20.-
Duración del embarazo. Época de la concepción. Época de la con-
cepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo.
Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embar
azo es
de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo el día
del nacimiento.
ARTÍCULO 21.-
Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o
implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.
Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.
El nacimiento con vida se presume.
CAPÍTULO 2
Capacidad
SE cc IÓN 1ª Principios generales
ARTÍCULO 22.- Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud
para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta ca-
pacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados.
ARTÍCULO 23.-
Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí
misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código
y en una sentencia judicial.
ARTÍCULO 24.-
Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:
a. la persona por nacer;
b. la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcan-
ce dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo;
c. la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión
dispuesta en
esa decisión.
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ARTS. 25 – 28 LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
SE cc IÓN 2ª Persona menor de edad
ARTÍCULO 25.- Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no
ha cumplido dieciocho años.
Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumpl
ió trece
años.
ARTÍCULO 26.-
Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La perso-
na menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer
por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de
conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia
letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le
concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir
por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su
estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en
riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la
asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuen-
ta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias
de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como
un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
ARTÍCULO 27.-
Emancipación. La celebración del matrimonio antes de los dieciocho
años emancipa a la persona menor de edad.
La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones
previstas en este Código.
La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la eman-
cipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en

que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder
percibirlo
hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligació
n ni el tiempo de su
exigibilidad.
ARTÍCULO 28.-
Actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipa-
da no puede, ni con autorización judicial:
a. aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito;
Código Civil y Comercial de la Nación

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ARTS. 29 – 32
b. hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito;
c. afianzar obligaciones.
ARTÍCULO 29.-
Actos sujetos a autorización judicial. El emancipado requiere auto-
rización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito. La autorización
debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente.
ARTÍCULO 30.-
Persona menor de edad con título profesional habilitante. La per –
sona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profe-
sión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la
administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profe-
sión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas
a ella.
SE
cc
IÓN 3ª
Restricciones a la capacidad
Parágrafo 1º Principios comunes
ARTÍCULO 31.- Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica
se rige por las siguientes reglas generales:
a. la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando
se encuentre internada en un establecimiento asistencial;
b. las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se impo
nen siempre
en beneficio de la persona;
c. la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamien-
to como en el proceso judicial;
d. la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías
adecuadas para su comprensión;
e. la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada,
que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios;
f. deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos
y libertades.
ARTÍCULO 32.-
Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez pue-
de restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de t
rece
años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada,
de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad
puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos neces
arios que
prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes
razonables en función
de las necesidades y circunstancias de la persona.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
11
ARTS. 33 – 37
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones
que respondan a las preferencias de la persona protegida.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de
interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o
formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la
incapacidad y designar un curador.
ARTÍCULO 33.-
Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de inca-
pacidad y de capacidad restringida:
a. el propio interesado;
b. el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la conviven
cia no haya
cesado;
c. los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo
grado;
d. el Ministerio Público.
ARTÍCULO 34.-
Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las
medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la per –
sona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno
o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También puede designar
redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas se
gún el caso.
ARTÍCULO 35.-
Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el
interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolu-
ción alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del
procedimiento
de acuerdo a la situación de aquél. El Ministerio Público y, al menos, un letrado que
preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias.
ARTÍCULO 36.-
Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La per –
sona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las
pruebas que hacen a su defensa.
Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad
ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la perso
na
en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe
nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio.
La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de
pruebas para acre-
ditar los hechos invocados.
ARTÍCULO 37.-
Sentencia. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes as-
pectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso:
a. diagnóstico y pronóstico;
b. época en que la situación se manifestó;
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ARTS. 38 – 41
c. recursos personales, familiares y sociales existentes;
d. régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posi-
ble.
Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario.
ARTÍCULO 38.-
Alcances de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión
y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procuran-
do que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible
. Asimismo, debe
designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el
artículo 32 de este Código y señalar las condiciones de validez
de los actos específicos
sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la
modalidad
de su actuación.
ARTÍCULO 39.-
Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscripta en el
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia
al
margen del acta de nacimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionado
s en este Capí-
tulo producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el
registro.
Desaparecidas las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral.
ARTÍCULO 40.-
Revisión. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar
en cualquier momento, a instancias del interesado. En el supuesto previsto en el
artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a tres
años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia
personal con el interesado.
Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo
de la revisión judi-
cial a que refiere el párrafo primero e instar, en su caso, a que ésta se lleve a cabo si el
juez no la hubiere efectuado en el plazo allí establecido.
ARTÍCULO 41.-
Internación. La internación sin consentimiento de una persona, tenga
o no restringida su capacidad, procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la
legislación especial y las reglas generales de esta Sección. En particular:
a. debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la ju
stifican y la ausen-
cia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;
b. sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de e
nti-
dad para la persona protegida o para terceros;
c. es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más
breve posible; debe ser supervisada periódicamente;
d. debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de
defensa mediante asistencia jurídica;
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
13
ARTS. 42 – 45
e. la sentencia que aprueba la internación debe especificar su final
idad, duración y
periodicidad de la revisión.
Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los
derechos fundamentales y sus extensiones.
ARTÍCULO 42.-
Traslado dispuesto por autoridad pública. Evaluación e interna-
ción.
La autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo
estado no
admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para
terceros, a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la in-
ternación, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidos e
n la legislación
especial. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio
inmediato.
Parágrafo 2º Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad
ARTÍCULO 43.- Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier
medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona
que lo necesite la
toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos
jurídicos en general.
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la
comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el
ejercicio de sus derechos.
El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su con-
fianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación
y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses
o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las
medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
Parágrafo 3º Actos realizados por persona incapaz o con capacidad restringida
ARTÍCULO 44.- Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los
actos de la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto
en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
ARTÍCULO 45.-
Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscrip-
ción de la sentencia pueden ser declarados nulos, si perjudican a la
persona incapaz o
con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:
a. la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración d
el acto;
b. quien contrató con él era de mala fe;
c. el acto es a título gratuito.
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14
ARTS. 46 – 51
ARTÍCULO 46.- Persona fallecida. Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos
anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que
la
enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después
de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad r
estringida,
que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató
con ella actuó
de mala fe.
Parágrafo 4º Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad
ARTÍCULO 47.- Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restric-
ción a la capacidad debe decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un
equipo interdisciplinario integrado conforme a las pautas del artículo 37, que dictami-
ne sobre el restablecimiento de la persona.
Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la
persona puede realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo.
Parágrafo 5ºInhabilitados
ARTÍCULO 48.- Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en
la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores
de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se conside-
ra persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración
funcional
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social
implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o
laboral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y
descendientes.
ARTÍCULO 49.-
Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de
un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición
entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia.
ARTÍCULO 50.-
Cese de la inhabilitación. El cese de la inhabilitación se decreta por
el juez que la declaró, previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el resta-
blecimiento de la persona.
Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la
persona puede realizar por sí o con apoyo.
CAPÍTULO 3
Derechos y actos personalísimos
ARTÍCULO 51.- Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es invio-
lable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su
dignidad.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
15
ARTS. 52 – 58
ARTÍCULO 52.- Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su in-
timidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier
modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y
reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Lib
ro Tercero, Título V,
Capítulo 1.
ARTÍCULO 53.-
Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de
una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimien
to, excep-
to en los siguientes casos:
a. que la persona participe en actos públicos;
b. que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen la
s
precauciones suficientes para evitar un daño innecesario;
c. que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos
de interés general.
En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el
designado por el causante en una disposición de última voluntad. S
i hay desacuerdo
entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la
muerte, la reproducción no ofensiva es libre.
ARTÍCULO 54.-
Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contrato que
tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una
persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las me-
didas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.
ARTÍCULO 55.-
Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para
la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la
moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpre-
tación restrictiva, y libremente revocable.
ARTÍCULO 56.-
Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los
actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de
su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto
que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalm
en-
te de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legisla-
ción especial.
El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el
primer párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable.
ARTÍCULO 57.-
Prácticas prohibidas. Está prohibida toda práctica destinada a pro-
ducir una alteración genética del embrión que se transmita a su
descendencia.
ARTÍCULO 58.-
Investigaciones en seres humanos. La investigación médica en
seres humanos mediante intervenciones, tales como tratamientos, métodos
de
prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están
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16
ART. 59
comprobadas científicamente, sólo puede ser realizada si se cumple con los siguien-
tes requisitos:
a. describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de
investigación;
b. ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesio-
nales apropiadas;
c. contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética
en la investigación;
d. contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;
e. estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las
cargas
en relación con los beneficios previsibles que representan para las personas que
participan en la investigación y para otras personas afectadas por el tema que se
investiga;
f. contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la
persona que participa en la investigación, a quien se le debe explica
r, en términos
comprensibles, los objetivos y la metodología de la investigación, sus
riesgos y
posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable;
g. no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación
con los beneficios que se espera obtener de la investigación;
h. resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la
confi-
dencialidad de su información personal;
i. asegurar que la participación de los sujetos de la investigación n
o les resulte onero-
sa a éstos y que tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos
adversos relacionados con la investigación, la que debe estar disponible cuando

sea requerida;
j. asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a
los tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos.
ARTÍCULO 59.-
Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones
en salud.
El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en
salud
es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir in-
formación clara, precisa y adecuada, respecto a:
a. su estado de salud;
b. el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
c. los beneficios esperados del procedimiento;
d. los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e. la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y per –
juicios en relación con el procedimiento propuesto;
f. las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o
de los alternativos especificados;
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
17
ARTS. 60 – 62
g. en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuen-
tre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación,
el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación,
de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean ex-
traordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o
produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación
en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;
h. el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su
enfermedad o padecimiento.
Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin
su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los
apoyos que necesite.
Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quir
úrgicos sin su
consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario.
Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al
tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimien-
to puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente,
el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de
emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su s
alud. En
ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actua-
ción es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.
ARTÍCULO 60.-
Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz pue-
de anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su
propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que
han de
expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las direc-
tivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas.
Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.
ARTÍCULO 61.-
Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer, por cual-
quier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la da-
ción de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, cien
tíficos, pedagógicos o de
índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumi-
da, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes
según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al
que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad.
CAPÍTULO 4
Nombre
ARTÍCULO 62.- Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de
usar el prenombre y el apellido que le corresponden.
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18
ARTS. 63 – 67
ARTÍCULO 63.- Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre
está sujeta a las reglas siguientes:
a. corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para
tal fin; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar
la autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores,
el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas;
b. no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, pri-
meros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco
pueden inscribirse prenombres extravagantes;
c. pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóc-
tonas y latinoamericanas.
ARTÍCULO 64.-
Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido
de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo
realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los
padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido
del otro.
Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la inte
gración com-
puesta que se haya decidido para el primero de los hijos.
El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apelli
do de ese progenitor. Si
la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párra-
fo de este artículo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan
el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés
superior del niño.
ARTÍCULO 65.-
Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada. La
persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada po
r el oficial del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas con el apellido que está usando,
o en su defecto, con un apellido común.
ARTÍCULO 66.-
Casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficien-
te que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está
usando.
ARTÍCULO 67.-
Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el ape-
llido del otro, con la preposición “de” o sin ella.
La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el
apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a
conservarlo.
El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no con-
traiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
19
ARTS. 68 – 72
ARTÍCULO 68.- Nombre del hijo adoptivo. El nombre del hijo adoptivo se rige por lo
dispuesto en el Capítulo 5, Título VI del Libro Segundo de este Código.
ARTÍCULO 69.-
Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo proce-
de si existen justos motivos a criterio del juez.
Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:
a. el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;
b. la raigambre cultural, étnica o religiosa;
c. la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa,
siempre que se encuentre acreditada.
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de
prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apelli-
do por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o
supresión del estado civil o de la identidad.
ARTÍCULO 70.-
Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tra-
mitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con intervención del
Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el diario oficial
una vez por mes,
en el lapso de dos meses. Puede formularse oposición dentro de los quince días
hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse información sobre
medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia es oponible
a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que
sean necesarios.
ARTÍCULO 71.-
Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en
defensa de su nombre:
a. aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido
y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la pu-
blicación de la sentencia a costa del demandado;
b. aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;
c. aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía,
si ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.
En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede
disponer la publicación de la sentencia.
Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido,
por sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos,
por los ascendientes
o hermanos.
ARTÍCULO 72.-
Seudónimo. El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

20
ARTS. 73 – 79
CAPÍTULO 5
Domicilio
ARTÍCULO 73.- Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de
su residencia habitual.
Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña
para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.
ARTÍCULO 74.-
Domicilio legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume,
sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede
establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:
a. los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deb
en cumplir sus
funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple co
misión;
b. los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están pres-
tando;
c. los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen
domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
d. las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
ARTÍCULO 75.-
Domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domi-
cilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.
ARTÍCULO 76.-
Domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo
tiene en el lugar donde se encuentra; y si éste también se ignora
en el último domicilio
conocido.
ARTÍCULO 77.-
Cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un lugar a
otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última
voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por e
l hecho de trasladar
la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.
ARTÍCULO 78.-
Efecto. El domicilio determina la competencia de las autoridades en
las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la compe-
tencia.
CAPÍTULO 6
Ausencia
ARTÍCULO 79.- Ausencia simple. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin
tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador
a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe
apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente
el mandato.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
21
ARTS. 80 – 86
ARTÍCULO 80.- Legitimados. Pueden pedir la declaración de ausencia, el Ministerio
Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente.
ARTÍCULO 81.-
Juez competente. Es competente el juez del domicilio del ausente.
Si éste no lo tuvo en el país, o no es conocido, es competente el
juez del lugar en
donde existan bienes cuyo cuidado es necesario; si existen bienes en distintas juris-
dicciones, el que haya prevenido.
ARTÍCULO 82.-
Procedimiento. El presunto ausente debe ser citado por edictos du-
rante cinco días, y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al de-
fensor oficial o en su defecto, nombrarse defensor al ausente. El Mini
sterio Público es
parte necesaria en el juicio.
Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe
representarlo el defensor.
En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar
las medidas que las circunstancias aconsejan.
ARTÍCULO 83.-
Sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se
debe declarar la ausencia y nombrar curador. Para la designación se debe estar a lo
previsto para el discernimiento de curatela.
El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria
de los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado
por el juez; la autorización debe ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e
impostergable.
Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sost
enimiento de
los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente.
ARTÍCULO 84.-
Conclusión de la curatela. Termina la curatela del ausente por:
a. la presentación del ausente, personalmente o por apoderado;
b. su muerte;
c. su fallecimiento presunto judicialmente declarado.
CAPÍTULO 7
Presunción de fallecimiento
ARTÍCULO 85.- Caso ordinario. La ausencia de una persona de su domicilio sin
que se tenga noticia de ella por el término de tres años, causa la presunción de su
fallecimiento aunque haya dejado apoderado.
El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausent
e.
ARTÍCULO 86.-
Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un
ausente:
a. si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de
guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó
c?digo civil y comercial de la Naci?n

22
ARTS. 87 – 91
de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de
él por
el término de dos años, contados desde el día en que el suceso
ocurrió o pudo
haber ocurrido;
b. si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese
noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día
en que el suceso
ocurrió o pudo haber ocurrido.
ARTÍCULO 87.-
Legitimados. Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a
la muerte de la persona de que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento
presunto, justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a
la averiguación de la existencia del ausente.
Es competente el juez del domicilio del ausente.
ARTÍCULO 88.-
Procedimiento. Curador a los bienes. El juez debe nombrar defen-
sor al ausente o dar intervención al defensor oficial, y citar a aquél por edictos una vez
por mes durante seis meses. También debe designar un curador a sus bienes, si no
hay mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquél no desempeña
correctamente el mandato.
La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la decla-
ración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realiza-
das para conocer la existencia del ausente.
ARTÍCULO 89.-
Declaración del fallecimiento presunto. Pasados los seis meses,
recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto
si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y
disponer la inscripción de la sentencia.
ARTÍCULO 90.-
Día presuntivo del fallecimiento. Debe fijarse como día presuntivo
del fallecimiento:
a. en el caso ordinario, el último día del primer año y medio;
b. en el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determi-
nado, el día del término medio de la época en que ocurrió o
pudo haber ocurrido;
c. en el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque
o aeronave perdidos;
d. si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimien-
to; en caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como
presuntivo del fallecimiento.
ARTÍCULO 91.-
Entrega de los bienes. Inventario. Los herederos y los legatarios
deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de
inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenota-
ción del caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravar –
los sin autorización judicial.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
23
ARTS. 92 – 97
Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existen-
cia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución
de aquéllos a petición del interesado.
ARTÍCULO 92.-
Conclusión de la prenotación. La prenotación queda sin efecto
transcurridos cinco años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u ochenta años
desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse li
bremen-
te de los bienes.
Si el ausente reaparece puede reclamar:
a. la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran;
b. los adquiridos con el valor de los que faltan;
c. el precio adeudado de los enajenados;
d. los frutos no consumidos.
CAPÍTULO 8
Fin de la existencia de las personas
ARTÍCULO 93.- Principio general. La existencia de la persona humana termina por
su muerte.
ARTÍCULO 94.-
Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda
sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el
caso de ablación de órganos del cadáver.
ARTÍCULO 95.-
Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las perso-
nas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede
determinarse lo contrario.
CAPÍTULO 9
Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad
ARTÍCULO 96.- Medio de prueba. El nacimiento ocurrido en la República, sus cir –
cunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas,
se prueba con las partidas del Registro Civil.
Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la Repú
blica.
La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la
legislación es-
pecial.
ARTÍCULO 97.-
Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. El nacimiento o
la muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados se-
gún las leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados del modo que
disponen las convenciones internacionales, y a falta de convenciones, po
r las disposi-
ciones consulares de la República.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

24
ARTS. 98 – 103
Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son
suficientes para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la
muerte de los ciudadanos argentinos.
ARTÍCULO 98.-
Falta de registro o nulidad del asiento. Si no hay registro público
o falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros
medios de prueba.
Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identific
ado, el juez puede
tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, si
la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como
cierta.
ARTÍCULO 99.-
Determinación de la edad. Si no es posible establecer la edad de
las personas por los medios indicados en el presente Capítulo, se la debe determinar
judicialmente previo dictamen de peritos.
CAPÍTULO 
Representación y asistencia. Tutela y curatela
SE cc IÓN 1ª Representación y asistencia
ARTÍCULO 100.- Regla general. Las personas incapaces ejercen por medio de sus
representantes los derechos que no pueden ejercer por sí.
ARTÍCULO 101.-
Enumeración. Son representantes:
a. de las personas por nacer, sus padres;
b. de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los pa-
dres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o
suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe;
c. de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando,
conforme a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos;
de las personas incapaces en los términos del último párrafo de
l artículo 32, el
curador que se les nombre.
ARTÍCULO 102.-
Asistencia. Las personas con capacidad restringida y las inhabilita-
das son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes
especiales.
ARTÍCULO 103.-
Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Públi-
co respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y
de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser,
en el ámbito judicial, complementaria o principal.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
25
ARTS. 104 – 105
a. Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados
intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la
falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.
b. Es principal:
i. cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe
inacción de los representantes;
ii. cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a
cargo de los representantes;
iii. cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la represen-
tación.
En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la
ausencia, carencia o inac-
ción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos socia-
les, económicos y culturales.
SE
cc IÓN 2ª
Tutela
Parágrafo 1° Disposiciones generales
ARTÍCULO 104.- Concepto y principios generales. La tutela está destinada a brin-
dar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente q
ue no ha
alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que e
jerza la
responsabilidad parental.
Se aplican los principios generales enumerados en el Título VII del Libro Segundo.
Si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el
Título de la responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes del niño,
niña y adolescente puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que
otorgó la guarda, si ello es más beneficioso para su interés superior; en igual sentido,
si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente. En
este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de protec-
ción de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes
a quienes los titulares
delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el representante legal
del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de cará
cter patrimonial.
ARTÍCULO 105.-
Caracteres. La tutela puede ser ejercida por una o más personas,
conforme aquello que más beneficie al niño, niña o adolescent
e.
Si es ejercida por más de una persona, las diferencias de criterio, deben ser dirimidas
ante el juez que haya discernido la tutela, con la debida intervenció
n del Ministerio
Público.
El cargo de tutor es intransmisible; el Ministerio Público interviene segú
n lo dispuesto
en el artículo 103.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

26
ARTS. 106 – 109
ARTÍCULO 106.- Tutor designado por los padres. Cualquiera de los padres que no
se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede
nombrar tutor o tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por es-
critura pública. Esta designación debe ser aprobada judicialmente. Se tienen por no
escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer inventario, lo a
utorizan a recibir
los bienes sin cumplir ese requisito, o lo liberan del deber de rendir cuentas.
Si los padres hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en un pa-
riente, se presume la voluntad de que se lo nombre tutor de sus hijos menores de
edad, designación que debe ser discernida por el juez que homologó
la delegación o
el del centro de vida del niño, niña o adolescente, a elección del pariente
.
Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamen-
te en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que
considere
fundadamente más convenientes para el tutelado.
ARTÍCULO 107.-
Tutela dativa. Ante la ausencia de designación paterna de tutor o
tutores o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos desig-
nados, el juez debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar
protección al niño, niña o adolescente, debiendo fundar razonable
mente los motivos
que justifican dicha idoneidad.
ARTÍCULO 108.-
Prohibiciones para ser tutor dativo. El juez no puede conferir la
tutela dativa:
a. a su cónyuge, conviviente, o parientes dentro del cuarto grado, o segundo por
afinidad;
b. a las personas con quienes mantiene amistad íntima ni a los parientes
dentro del
cuarto grado, o segundo por afinidad;
c. a las personas con quienes tiene intereses comunes;
d. a sus deudores o acreedores;
e. a los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejercen sus fun-
ciones en el lugar del nombramiento; ni a los que tienen con ellos inter
eses co-
munes, ni a sus amigos íntimos o los parientes de éstos, dentro del cuarto grado,
o segundo por afinidad;
f. a quien es tutor de otro menor de edad, a menos que se trate de hermanos me-
nores de edad, o existan causas que lo justifiquen.
ARTÍCULO 109.-
Tutela especial. Corresponde la designación judicial de tutores es-
peciales en los siguientes casos:
a. cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes;
si el representado es un adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrad
a,
en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación
del tutor
especial;
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
27
A R T. 110
b. cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores
de edad;
c. cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tie-
nen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador; si las perso-
nas incapaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso a);
d. cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condic
ión de
ser administrados por persona determinada o con la condición de no se
r adminis-
trados por su tutor;
e. cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de ex-
traña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenient
emente adminis-
trados por el tutor;
f. cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado
ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar;
g. cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del
tutor que corresponda.
ARTÍCULO 110.-
Personas excluidas. No pueden ser tutores las personas:
a. que no tienen domicilio en la República;
b. quebradas no rehabilitadas;
c. que han sido privadas o suspendidas en el ejercicio de la responsabilidad paren-
tal, o han sido removidas de la tutela o curatela o apoyo de otra persona incapaz
o con capacidad restringida, por causa que les era atribuible;
d. que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera
del país;
e. que no tienen oficio, profesión o modo de vivir conocido, o tienen mala conducta
notoria;
f. condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad;
g. deudoras o acreedoras por sumas considerables respecto de la persona sujeta a
tutela;
h. que tienen pleitos con quien requiere la designación de un tutor. La prohibición se
extiende a su cónyuge, conviviente, padres o hijos;
i. que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a
la
apertura de la tutela;
j. inhabilitadas, incapaces o con capacidad restringida;
k. que hubieran sido expresamente excluidas por el padre o la madre de quien re-
quiere la tutela, excepto que según el criterio del juez resulte beneficioso para el
niño, niña o adolescente.
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28
ARTS. 111 – 115
ARTÍCULO 111.- Obligados a denunciar. Los parientes obligados a prestar alimentos
al niño, niña o adolescente, el guardador o quienes han sido designados tutores por
sus padres o éstos les hayan delegado el ejercicio de la responsabilidad parental,
deben denunciar a la autoridad competente que el niño, niña o adol
escente no tiene
referente adulto que lo proteja, dentro de los diez días de haber conocido esta cir –
cunstancia, bajo pena de ser privados de la posibilidad de ser designado
s tutores y
ser responsables de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar
le ocasione al
niño, niña o adolescente.
Tienen la misma obligación los oficiales públicos encargados del Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas y otros funcionarios públicos que, en ejercicio de
su cargo, tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la necesidad de la
tutela.
El juez debe proveer de oficio lo que corresponda, cuando tenga conocimiento de un
hecho que motive la apertura de una tutela.
Parágrafo 2° Discernimiento de la tutela
ARTÍCULO 112.- Discernimiento judicial. Competencia. La tutela es siempre discer –
nida judicialmente. Para el discernimiento de la tutela es competente el
juez del lugar
donde el niño, niña o adolescente tiene su centro de vida.
ARTÍCULO 113.-
Audiencia con la persona menor de edad. Para el discernimiento de
la tutela, y para cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad, el juez debe:
a. oír previamente al niño, niña o adolescente;
b. tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez;
c. decidir atendiendo primordialmente a su interés superior.
ARTÍCULO 114.-
Actos anteriores al discernimiento de la tutela. Los actos del tutor
anteriores al discernimiento de la tutela quedan confirmados por el nombramiento, si
de ello no resulta perjuicio para el niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 115.-
Inventario y avalúo. Discernida la tutela, los bienes del tutelado
deben ser entregados al tutor, previo inventario y avalúo que realiza quien el juez
designa.
Si el tutor tiene un crédito contra la persona sujeta a tutela, debe hacerlo constar en
el inventario; si no lo hace, no puede reclamarlo luego, excepto que al omitirlo haya
ignorado su existencia.
Hasta tanto se haga el inventario, el tutor sólo puede tomar las medi
das que sean
urgentes y necesarias.
Los bienes que el niño, niña o adolescente adquiera por sucesión u otro título deben
inventariarse y tasarse de la misma forma.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
29
ARTS. 116 – 121
ARTÍCULO 116.- Rendición de cuentas. Si el tutor sucede a alguno de los padres
o a otro tutor anterior, debe pedir inmediatamente, al sustituido o a sus herederos,
rendición judicial de cuentas y entrega de los bienes del tutelado.
Parágrafo 3º Ejercicio de la tutela
ARTÍCULO 117.- Ejercicio. Quien ejerce la tutela es representante legal del niño,
niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrim
onial, sin perjui-
cio de su actuación personal en ejercicio de su derecho a ser oído y el progresivo
reconocimiento de su capacidad otorgado por la ley o autorizado por el juez.
ARTÍCULO 118.-
Responsabilidad. El tutor es responsable del daño causado al tu-
telado por su culpa, por acción u omisión, en el ejercicio o en ocasión de sus funcio-
nes. El tutelado, cualquiera de sus parientes, o el Ministerio Público pueden solicitar
judicialmente las providencias necesarias para remediarlo, sin perjuicio de que sean
adoptadas de oficio.
ARTÍCULO 119.-
Educación y alimentos. El juez debe fijar las sumas requeridas para
la educación y alimentos del niño, niña o adolescente, ponderan
do la cuantía de sus
bienes y la renta que producen, sin perjuicio de su adecuación conforme a las circuns-
tancias.
Si los recursos de la persona sujeta a tutela no son suficientes para atender
a su cui-
dado y educación, el tutor puede, con autorización judicial, deman
dar alimentos a los
obligados a prestarlos.
ARTÍCULO 120.-
Actos prohibidos. Quien ejerce la tutela no puede, ni con autoriza-
ción judicial, celebrar con su tutelado los actos prohibidos a los padres respecto de
sus hijos menores de edad.
Antes de aprobada judicialmente la cuenta final, el tutor no puede celebrar contrato
alguno con el pupilo, aunque haya cesado la incapacidad.
ARTÍCULO 121.-
Actos que requieren autorización judicial. Además de los actos
para los cuales los padres necesitan autorización judicial, el tutor debe requerirla para
los siguientes:
a. adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para satisfacer los requerimien-
tos alimentarios del tutelado;
b. prestar dinero de su tutelado. La autorización sólo debe ser concedida si exist
en
garantías reales suficientes;
c. dar en locación los bienes del tutelado o celebrar contratos con fi
nalidad análoga
por plazo superior a tres años. En todos los casos, estos contratos concluyen cuan-
do el tutelado alcanza la mayoría de edad;
d. tomar en locación inmuebles que no sean la casa habitación;
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30
ARTS. 122 – 128
e. contraer deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer transacciones y remitir
créditos aunque el deudor sea insolvente;
f. hacer gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de los
bienes;
g. realizar todos aquellos actos en los que los parientes del tutor dentro del cuarto
grado o segundo de afinidad, o sus socios o amigos íntimos están
directa o indi-
rectamente interesados.
ARTÍCULO 122.-
Derechos reales sobre bienes del tutelado. El juez puede autori-
zar la transmisión, constitución o modificación de derechos reales sobre los bienes del
niño, niña o adolescente sólo si media conveniencia evidente.
Los bienes que tienen valor afectivo o cultural sólo pueden ser vendi
dos en caso de
absoluta necesidad.
ARTÍCULO 123.-
Forma de la venta. La venta debe hacerse en subasta pública, ex-
cepto que se trate de muebles de escaso valor, o si a juicio del juez, la venta extrajudi-
cial puede ser más conveniente y el precio que se ofrece es superior al de la tasación.
ARTÍCULO 124.-
Dinero. Luego de ser cubiertos los gastos de la tutela, el dinero del
tutelado debe ser colocado a interés en bancos de reconocida solvencia, o invertido
en títulos públicos, a su nombre y a la orden del juez con referencia a los autos a que
pertenece. El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial.
ARTÍCULO 125.-
Fideicomiso y otras inversiones seguras. El juez también puede au-
torizar que los bienes sean transmitidos en fideicomiso a una entidad
autorizada para
ofrecerse públicamente como fiduciario, siempre que el tutelado sea el beneficiario.
Asimismo, puede disponer otro tipo de inversiones seguras, previo dictamen técnico.
ARTÍCULO 126.-
Sociedad. Si el tutelado tiene parte en una sociedad, el tutor está
facultado para ejercer los derechos que corresponden al socio a quien el tutelado ha
sucedido. Si tiene que optar entre la continuación y la disolución de la sociedad, el
juez debe decidir previo informe del tutor.
ARTÍCULO 127.-
Fondo de comercio. Si el tutelado es propietario de un fondo de
comercio, el tutor está autorizado para ejecutar todos los actos de admini
stración
ordinaria propios del establecimiento. Los actos que exceden de aquélla, deben se
r
autorizados judicialmente.
Si la continuación de la explotación resulta perjudicial, el juez debe autorizar el cese
del negocio facultando al tutor para enajenarlo, previa tasación, en subasta pública o
venta privada, según sea más conveniente. Mientras no se venda, el
tutor está autori-
zado para proceder como mejor convenga a los intereses del tutelado.
ARTÍCULO 128.-
Retribución del tutor. El tutor tiene derecho a la retribución que se
fije judicialmente teniendo en cuenta la importancia de los bienes del
tutelado y el
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO I – P ERSONA hUMANA
31
ARTS. 129 – 133
trabajo que ha demandado su administración en cada período. En cas
o de tratarse de
tutela ejercida por dos personas, la remuneración debe ser única y distribuida entre
ellos según criterio judicial. La remuneración única no puede exceder de la décima
parte de los frutos líquidos de los bienes del menor de edad.
El guardador que ejerce funciones de tutela también tiene derecho a la retribución.
Los frutos pendientes al comienzo de la tutela y a su finalización
deben computarse a los
efectos de la retribución, en la medida en que la gestión haya sido útil para
su percepción.
ARTÍCULO 129.-
Cese del derecho a la retribución. El tutor no tiene derecho a
retribución:
a. si nombrado por un testador, éste ha dejado algún legado que puede estimarse
remuneratorio de su gestión. Puede optar por renunciar al legado o devolverlo,
percibiendo la retribución legal;
b. si las rentas del pupilo no alcanzan para satisfacer los gastos de sus alimentos
y
educación;
c. si fue removido de la tutela por causa atribuible a su culpa o dolo, caso en el
cual
debe también restituir lo percibido, sin perjuicio de las responsabilidades por los
daños que cause;
d. si contrae matrimonio con el tutelado sin la debida dispensa judicial.
Parágrafo 4º Cuentas de la tutela
ARTÍCULO 130.- Deber de rendir cuentas. Periodicidad. Quien ejerce la tutela
debe llevar cuenta fiel y documentada de las entradas y gastos de su g
estión. Debe
rendir cuentas: al término de cada año, al cesar en el cargo, y cuando el juez lo ordena,
de oficio, o a petición del Ministerio Público. La obligación
de rendición de cuentas es
individual y su aprobación sólo libera a quien da cumplimiento a la misma.
Aprobada la cuenta del primer año, puede disponerse que las posteriores se rindan en
otros plazos, cuando la naturaleza de la administración así lo justifi
que.
ARTÍCULO 131.-
Rendición final. Terminada la tutela, quien la ejerza o sus herederos
deben entregar los bienes de inmediato, e informar de la gestión dentro del plazo que
el juez señale, aunque el tutelado en su testamento lo exima de ese d
eber. Las cuentas
deben rendirse judicialmente con intervención del Ministerio Público.
ARTÍCULO 132.-
Gastos de la rendición. Los gastos de la rendición de cuentas de-
ben ser adelantados por quien ejerce la tutela y deben ser reembolsados por el tute-
lado si son rendidas en debida forma.
ARTÍCULO 133.-
Gastos de la gestión. Quien ejerce la tutela tiene derecho a la
restitución de los gastos razonables hechos en la gestión, aunque de ellos no resulte
utilidad al tutelado. Los saldos de la cuenta devengan intereses.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

32
ARTS. 134 – 139
ARTÍCULO 134.- Daños. Si el tutor no rinde cuentas, no lo hace debidamente o se
comprueba su mala administración atribuible a dolo o culpa, debe inde
mnizar el daño
causado a su tutelado. La indemnización no debe ser inferior a lo que
los bienes han
podido razonablemente producir.
Parágrafo 5º Terminación de la tutela
ARTÍCULO 135.- Causas de terminación de la tutela. La tutela termina:
a. por la muerte del tutelado, su emancipación o la desaparición de l
a causa que dio
lugar a la tutela;
b. por la muerte, incapacidad, declaración de capacidad restringida, remoción o
renuncia aceptada por el juez, de quien ejerce la tutela. En caso de haber sido
discernida a dos personas, la causa de terminación de una de ellas no
afecta a la
otra, que se debe mantener en su cargo, excepto que el juez estime conveniente
su cese, por motivos fundados.
En caso de muerte del tutor, el albacea, heredero o el otro tutor si lo hubiera, debe
ponerlo en conocimiento inmediato del juez de la tutela. En su caso, deb
e adoptar las
medidas urgentes para la protección de la persona y de los bienes del pupilo.
ARTÍCULO 136.-
Remoción del tutor. Son causas de remoción del tutor:
a. quedar comprendido en alguna de las causales que impide ser tutor;
b. no hacer el inventario de los bienes del tutelado, o no hacerlo fielme
nte;
c. no cumplir debidamente con sus deberes o tener graves y continuados problemas
de convivencia.
Están legitimados para demandar la remoción el tutelado y el Ministerio Público.
También puede disponerla el juez de oficio.
ARTÍCULO 137.-
Suspensión provisoria. Durante la tramitación del proceso de re-
moción, el juez puede suspender al tutor y nombrar provisoriamente a otro.
SE
cc
IÓN 3ª
Curatela
ARTÍCULO 138.- Normas aplicables. La curatela se rige por las reglas de la tutela no
modificadas en esta Sección.
La principal función del curador es la de cuidar a la persona y los bienes de la persona
incapaz, y tratar de que recupere su salud. Las rentas de los bienes de la persona pro-
tegida deben ser destinadas preferentemente a ese fin.
ARTÍCULO 139.-
Personas que pueden ser curadores. La persona capaz puede
designar, mediante una directiva anticipada, a quien ha de ejercer su curatela.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
33
ARTS. 140 – 144
Los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capa-
cidad restringida, en los casos y con las formas en que pueden designarles tuto
res.
Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente.
A falta de estas previsiones el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho,
al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger según quien
tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta la idoneidad moral y econó
mica.
ARTÍCULO 140.-
Persona protegida con hijos. El curador de la persona incapaz es
tutor de los hijos menores de éste. Sin embargo, el juez puede otorgar la guarda del
hijo menor de edad a un tercero, designándolo tutor para que lo represente en las
cuestiones patrimoniales.
TÍTULO II
Persona jurídica
CAPÍTULO 1
Parte general
SE cc IÓN 1ª Personalidad. Composición
ARTÍCULO 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el
ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obliga-
ciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.
ARTÍCULO 142.-
Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica pri-
vada comienza desde su constitución. No necesita autorización lega
l para funcionar,
excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización
estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.
ARTÍCULO 143.-
Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personali-
dad distinta de la de sus miembros.
Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los
supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.
ARTÍCULO 144.-
Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté
destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso
para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier
persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes
directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitada-
mente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjui-
cio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes

en los hechos por los perjuicios causados.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

34
ARTS. 145 – 150
SE cc IÓN 2ª Clasificación
ARTÍCULO 145.- Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas.
ARTÍCULO 146.-
Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:
a. el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los mu-
nicipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la
República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
b. los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional pú-
blico reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el
extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;
c. la Iglesia Católica.
ARTÍCULO 147.-
Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a
su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su
existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.
ARTÍCULO 148.-
Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:
a. las sociedades;
b. las asociaciones civiles;
c. las simples asociaciones;
d. las fundaciones;
e. las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f. las mutuales;
g. las cooperativas;
h. el consorcio de propiedad horizontal;
i. toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leye
s y cuyo
carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.
ARTÍCULO 149.-
Participación del Estado. La participación del Estado en personas
jurídicas privadas no modifica el carácter de éstas. Sin emba
rgo, la ley o el estatuto
pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés públi-
co comprometido en dicha participación.
ARTÍCULO 150.-
Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen
en la República, se rigen:
a. por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este
Código;
b. por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los r
eglamentos,
prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;
c. por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las
de este Título.
Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo
dispuesto en la ley general de sociedades.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
35
ARTS. 151 – 157
SE cc IÓN 3ª Persona jurídica privada
Parágrafo 1° Atributos y efectos de la personalidad jurídica
ARTÍCULO 151.- Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifi-
que como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona
jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.
El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto
respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de
referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las
buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La
inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere
la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden opo-
nerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.
ARTÍCULO 152.-
Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el
fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para fun
cionar. La persona
jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domi
cilio especial
en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de l
as obligaciones allí
contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de
sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de adminis-
tración.
ARTÍCULO 153.-
Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y vincu-
lantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas
en la sede inscripta.
ARTÍCULO 154.-
Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio.
La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los
bienes registrables.
ARTÍCULO 155.-
Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiem-
po, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario.
ARTÍCULO 156.-
Objeto. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y deter –
minado.
Parágrafo 2°Funcionamiento
ARTÍCULO 157.- Modificación del estatuto. El estatuto de las personas jurídicas
puede ser modificado en la forma que el mismo o la ley establezcan.
La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere ins-
cripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

36
ARTS. 158 – 161
ARTÍCULO 158.- Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe conte-
ner normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige,
sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.
En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:
a. si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden partici
par en
una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les per –
mitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe
ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad
adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado
para comunicarse.
b. los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del con-
sejo, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las
decisiones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es
aprobado por unanimidad.
ARTÍCULO 159.-
Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los administrado-
res de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia.
No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica.
Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben
hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al
órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha
operación.
Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo
de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.
ARTÍCULO 160.-
Responsabilidad de los administradores. Los administradores
responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros
y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus
funciones, por acción u omisión.
ARTÍCULO 161.-
Obstáculos que impiden adoptar decisiones. Si como consecuen-
cia de la oposición u omisión sistemáticas en el desempeño d
e las funciones del admi-
nistrador, o de los administradores si los hubiera, la persona jurídica no puede adoptar
decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma:
a. el presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los
actos conservatorios;
b. los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asam
blea que
se convoque al efecto dentro de los diez días de comenzada su ejecución;
c. la asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría,
para realizar actos urgentes o necesarios; también puede remover al administra-
dor.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
37
ARTS. 162 – 165
ARTÍCULO 162.- Transformación. Fusión. Escisión. Las personas jurídicas pueden
transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la
ley especial.
En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o
personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación
en contrario del estatuto.
Parágrafo 3° Disolución. Liquidación
ARTÍCULO 163.- Causales. La persona jurídica se disuelve por:
a. la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría estable-
cida por el estatuto o disposición especial;
b. el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó
su existencia;
c. la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibi-
lidad sobreviniente de cumplirlo;
d. el vencimiento del plazo;
e. la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la qu
iebra concluye por
avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la
ley especial prevé un régimen distinto;
f. la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o perso-
nas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona
jurídica que se divide y destina todo su patrimonio;
g. la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de
ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses;
h. la denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuan-
do ésta sea requerida;
i. el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;
j. cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título
o de ley especial.
ARTÍCULO 164.-
Revocación de la autorización estatal. La revocación de la autori-
zación estatal debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la violación
de la ley, el estatuto y el reglamento.
La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimien-
to reglado que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución
es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos.
ARTÍCULO 165.-
Prórroga. El plazo determinado de duración de las personas jurídi-
cas puede ser prorrogado. Se requiere:
a. decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatutaria;
b. presentación ante la autoridad de contralor que corresponda, antes del venci-
miento del plazo.
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38
ARTS. 166 – 170
ARTÍCULO 166.- Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mien-
tras no haya concluido su liquidación, por decisión de sus miembros adoptada por
unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto, siempre que la causa de
su disolución pueda quedar removida por decisión de los miembros o en virtud de la
ley.
ARTÍCULO 167.-
Liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración,
resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros,
la persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su liquidación concluir
las pendientes.
La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendie
ntes con los
bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero.
Previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscal
es, el remanente,
si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o
lo exige la ley.
En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y
aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con
el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las
medidas necesa-
rias al efecto.
CAPÍTULO 2
Asociaciones civiles
SE cc IÓN 1ª Asociaciones civiles
ARTÍCULO 168.- Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contra-
rio al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respe-
to a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísti-
cas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.
No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus
miembros o terceros.
ARTÍCULO 169.-
Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la asociación
civil debe ser otorgado por instrumento público y ser inscripto en el registro corres-
pondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción
se aplican las normas de la simple asociación.
ARTÍCULO 170.-
Contenido. El acto constitutivo debe contener:
a. la identificación de los constituyentes;
b. el nombre de la asociación con el aditamento “Asociación Civil” ante
puesto o
pospuesto;
c. el objeto;
d. el domicilio social;
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
39
ARTS. 171 – 173
e. el plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad;
f. las causales de disolución;
g. las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociació
n civil y el
valor que se les asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no
consta expresamente su aporte de uso y goce;
h. el régimen de administración y representación;
i. la fecha de cierre del ejercicio económico anual;
j. en su caso, las clases o categorías de asociados, y prerrogativas y deberes de cada
una;
k. el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de
asociados y recursos contra las decisiones;
l. los órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben prever-
se la comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regu-
lándose su composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes,
competencias, funciones, atribuciones y funcionamiento en cuanto a convo
cato-
ria, constitución, deliberación, decisiones y documentación;
m. el procedimiento de liquidación;
n. el destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo atrib
uirlos a una
entidad de bien común, pública o privada, que no tenga fin de lucro y que esté
domiciliada en la República.
ARTÍCULO 171.-
Administradores. Los integrantes de la comisión directiva deben
ser asociados. El derecho de los asociados a participar en la comisión directiva no
puede ser restringido abusivamente. El estatuto debe prever los siguientes cargos y,
sin perjuicio de la actuación colegiada en el órgano, definir las funciones de cada uno
de ellos: presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros de la comisión direc-
tiva tienen carácter de vocales. A los efectos de esta Sección, se
denomina directivos
a todos los miembros titulares de la comisión directiva. En el acto constitutivo se debe
designar a los integrantes de la primera comisión directiva.
ARTÍCULO 172.-
Fiscalización. El estatuto puede prever que la designación de los
integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas. En el acto
constitutivo se debe consignar a los integrantes del primer órgano de fiscalización.
La fiscalización privada de la asociación está a cargo de uno o más revisores de cuen-
tas. La comisión revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de cien

asociados.
ARTÍCULO 173.-
Integrantes del órgano de fiscalización. Los integrantes del ór –
gano de fiscalización no pueden ser al mismo tiempo integrantes de
la comisión, ni
certificantes de los estados contables de la asociación. Estas inco
mpatibilidades se
extienden a los cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad
, en línea recta en
todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

40
ARTS. 174 – 179
En las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión u oficio
específico para adquirir la calidad de socio, los integrantes del ó
rgano de fiscalización
no necesariamente deben contar con título habilitante. En tales supue
stos la comisión
fiscalizadora debe contratar profesionales independientes para su asesoramiento.
ARTÍCULO 174.-
Contralor estatal. Las asociaciones civiles requieren autorización
para funcionar y se encuentran sujetas a contralor permanente de la auto
ridad com-
petente, nacional o local, según corresponda.
ARTÍCULO 175.-
Participación en los actos de gobierno. El estatuto puede imponer
condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno,
tales como
antigüedad o pago de cuotas sociales. La cláusula que importe restricción total del
ejercicio de los derechos del asociado es de ningún valor.
ARTÍCULO 176.-
Cesación en el cargo. Los directivos cesan en sus cargos por muer –
te, declaración de incapacidad o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento
del lapso para el cual fueron designados, renuncia, remoción y cualquier otra causal
establecida en el estatuto.
El estatuto no puede restringir la remoción ni la renuncia; la cláusula en contrario es
de ningún valor. No obstante, la renuncia no puede afectar el funcionamiento de la
comisión directiva o la ejecución de actos previamente resueltos por ésta, supuestos
en los cuales debe ser rechazada y el renunciante permanecer en el cargo hasta que
la asamblea ordinaria se pronuncie. Si no concurren tales circunstancias, la renuncia
comunicada por escrito al presidente de la comisión directiva o a quien estatutaria-
mente lo reemplace o a cualquiera de los directivos, se tiene por aceptada si no es
expresamente rechazada dentro de los diez días contados desde su recepción.
ARTÍCULO 177.-
Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad de los directi-
vos se extingue por la aprobación de su gestión, por renuncia o transacción resueltas
por la asamblea ordinaria.
No se extingue:
a. si la responsabilidad deriva de la infracción a normas imperativas;
b. si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho
a voto en cantidad no menor al diez por ciento del total. En este caso quienes se
opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista para las
sociedades en la ley especial.
ARTÍCULO 178.-
Participación en las asambleas. El pago de las cuotas y contribu-
ciones correspondientes al mes inmediato anterior es necesario para participar en las
asambleas. En ningún caso puede impedirse la participación del aso
ciado que purgue
la mora con antelación al inicio de la asamblea.
ARTÍCULO 179.-
Renuncia. El derecho de renunciar a la condición de asociado no
puede ser limitado. El renunciante debe en todos los casos las cuotas y contribuciones
devengadas hasta la fecha de la notificación de su renuncia.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
41
ARTS. 180 – 187
ARTÍCULO 180.- Exclusión. Los asociados sólo pueden ser excluidos por causas gra-
ves previstas en el estatuto. El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa
del afectado. Si la decisión de exclusión es adoptada por la comis
ión directiva, el aso-
ciado tiene derecho a la revisión por la asamblea que debe convocarse en el menor
plazo legal o estatutariamente posible. El incumplimiento de estos requisitos compro-
mete la responsabilidad de la comisión directiva.
ARTÍCULO 181.-
Responsabilidad. Los asociados no responden en forma directa ni
subsidiaria por las deudas de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al cum-
plimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente y al de las
cuotas y contribuciones a que estén obligados.
ARTÍCULO 182.-
Intransmisibilidad. La calidad de asociado es intransmisible.
ARTÍCULO 183.-
Disolución. Las asociaciones civiles se disuelven por las causales
generales de disolución de las personas jurídicas privadas y tambi
én por la reducción
de su cantidad de asociados a un número inferior al total de miembros titulares y su-
plentes de su comisión directiva y órgano de fiscalización, si dentro de los seis meses
no se restablece ese mínimo.
ARTÍCULO 184.-
Liquidador. El liquidador debe ser designado por la asamblea ex-
traordinaria y de acuerdo a lo establecido en el estatuto, excepto en casos especia-
les en que procede la designación judicial o por la autoridad de contralor. Puede
designarse más de uno, estableciéndose su actuación conjunta o
como órgano co-
legiado.
La disolución y el nombramiento del liquidador deben inscribirse y pu
blicarse.
ARTÍCULO 185.-
Procedimiento de liquidación. El procedimiento de liquidación se
rige por las disposiciones del estatuto y se lleva a cabo bajo la vigila
ncia del órgano
de fiscalización.
Cualquiera sea la causal de disolución, el patrimonio resultante de la liquidación no se
distribuye entre los asociados. En todos los casos debe darse el destino previsto en
el estatuto y, a falta de previsión, el remanente debe destinarse a otra asociación civil
domiciliada en la República de objeto igual o similar a la liquidada.

ARTÍCULO 186.-
Normas supletorias. Se aplican supletoriamente las disposiciones
sobre sociedades, en lo pertinente.
SE
cc IÓN 2ª
Simples asociaciones
ARTÍCULO 187.- Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la simple aso-
ciación debe ser otorgado por instrumento público o por instrumento privado con
firma certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele, antepuesto o
pospuesto, el aditamento “simple asociación” o “asociació
n simple”.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

42
ARTS. 188 – 194
ARTÍCULO 188.- Ley aplicable. Reenvío. Las simples asociaciones se rigen en cuan-
to a su acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y
funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disp
osiciones espe-
ciales de este Capítulo.
ARTÍCULO 189.-
Existencia. La simple asociación comienza su existencia como per –
sona jurídica a partir de la fecha del acto constitutivo.
ARTÍCULO 190.-
Prescindencia de órgano de fiscalización. Las simples asociacio-
nes con menos de veinte asociados pueden prescindir del órgano de fiscalización;
subsiste la obligación de certificación de sus estados contables
.
Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, aun excluido de la gestión,
tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y
registros. La cláusula en contrario se tiene por no escrita.
ARTÍCULO 191.-
Insolvencia. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación
simple, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la
asociación es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación
que resultan de decisiones que han suscripto durante su administración.
Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectad
os al pago
de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a
sus acreedores
individuales.
ARTÍCULO 192.-
Responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no
intervino en la administración de la simple asociación no está
obligado por las deudas
de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas impagas.
CAPÍTULO 3
Fundaciones
SE cc IÓN 1ª Concepto, objeto, modo de constitución y patrimonio
ARTÍCULO 193.- Concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se consti-
tuyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte
patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fi
nes.
Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento
público y solicitar y obtener autorización del Estado para funcion
ar.
Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución
por acto de
última voluntad.
ARTÍCULO 194.-
Patrimonio inicial. Un patrimonio inicial que posibilite razonablemen-
te el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente es requisito indispensable
para obtener la autorización estatal. A estos efectos, además de los bienes donados
efectivamente en el acto constitutivo, se tienen en cuenta los que provengan de com-
promisos de aportes de integración futura, contraídos por los fundad
ores o terceros.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
43
A R T. 195
Sin perjuicio de ello, la autoridad de contralor puede resolver favorablemente los
pedidos de autorización si de los antecedentes de los fundadores o de los servido-
res de la voluntad fundacional comprometidos por la entidad a crearse, y además
de las características del programa a desarrollar, resulta la aptitud potencial para el
cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos.SE
cc IÓN 2ª
Constitución y autorización
ARTÍCULO 195.- Acto constitutivo. Estatuto. El acto constitutivo de la fundación
debe ser otorgado por el o los fundadores o apoderado con poder especial, si se lo
hace por acto entre vivos; o por el autorizado por el juez del sucesorio, si lo es por
disposición de última voluntad.
El instrumento debe ser presentado ante la autoridad de contralor para su aproba-
ción, y contener:
a. los siguientes datos del o de los fundadores:
i. cuando se trate de personas humanas, su nombre, edad, estado civil, naciona-
lidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad y, en su caso,
el de los apoderados o autorizados;
ii. cuando se trate de personas jurídicas, la razón social o denominac
ión y el do-
micilio, acreditándose la existencia de la entidad fundadora, su inscripción r
e-
gistral y la representación de quienes comparecen por ella;
En cualquier caso, cuando se invoca mandato debe dejarse constancia del
documento
que lo acredita;
b. nombre y domicilio de la fundación;
c. designación del objeto, que debe ser preciso y determinado;
d. patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo que debe ser expresado en
moneda nacional;
e. plazo de duración;
f. organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de
reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros;
g. cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad;
h. procedimiento y régimen para la reforma del estatuto;
i. fecha del cierre del ejercicio anual;
j. cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los
bienes;
k. plan trienal de acción.
En el mismo instrumento se deben designar los integrantes del primer consejo de
administración y las personas facultadas para gestionar la autorización para funcionar.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

44
ARTS. 196 – 202
ARTÍCULO 196.- Aportes. El dinero en efectivo o los títulos valores que integran el
patrimonio inicial deben ser depositados durante el trámite de autori
zación en el ban-
co habilitado por la autoridad de contralor de la jurisdicción en que
se constituye la
fundación. Los aportes no dinerarios deben constar en un inventario c
on sus respecti-
vas valuaciones, suscripto por contador público nacional.
ARTÍCULO 197.-
Promesas de donación. Las promesas de donación hechas por los
fundadores en el acto constitutivo son irrevocables a partir de la resolución de la auto-
ridad de contralor que autorice a la entidad para funcionar como persona
jurídica. Si el
fundador fallece después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación no
podrán ser revocadas por sus herederos, a partir de la presentación a la autoridad de
contralor solicitando la autorización para funcionar como persona jur
ídica.
ARTÍCULO 198.-
Cumplimiento de las promesas. La fundación constituida tiene
todas las acciones legales para demandar por el cumplimiento de las promesas de
donación hechas a su favor por el fundador o por terceros, no siéndoles oponible la
defensa vinculada a la revocación hecha antes de la aceptación, ni la relativa al objeto
de la donación si constituye todo el patrimonio del donante o una parte indivisa de él,
o si el donante no tenía la titularidad dominial de lo comprometido.
ARTÍCULO 199.-
Planes de acción. Con la solicitud de otorgamiento de personería
jurídica deben acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer
trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las ac-
tividades necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias
para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo inherente al trienio subsi-
guiente, con idénticas exigencias.
ARTÍCULO 200.-
Responsabilidad de los fundadores y administradores durante
la etapa de gestación.
Los fundadores y administradores de la fundación son soli-
dariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el
momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales
de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas sólo
después de
haber sido satisfechos sus acreedores individuales.
SE
cc IÓN 3ª
Gobierno y administración
ARTÍCULO 201.- Consejo de administración. El gobierno y administración de las
fundaciones está a cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo
de tres personas humanas. Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimien-
to del objeto de la fundación, dentro de las condiciones que establezca el estatuto.
ARTÍCULO 202.-
Derecho de los fundadores. Los fundadores pueden reservarse
por disposición expresa del estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de
administración, así como también la de designar los consejeros cuando se produzca el
vencimiento de los plazos de designación o la vacancia de alguno de e
llos.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
45
ARTS. 203 – 209
ARTÍCULO 203.- Designación de los consejeros. La designación de los integrantes
del consejo de administración puede además ser conferida a institu
ciones públicas y
a entidades privadas sin fines de lucro.
ARTÍCULO 204.-
Carácter de los consejeros. Los miembros del consejo de admi-
nistración pueden ser permanentes o temporarios. El estatuto puede es
tablecer que
determinadas decisiones requieran siempre el voto favorable de los primeros, como
que también quede reservada a éstos la designación de los segundos.
ARTÍCULO 205.-
Comité ejecutivo. El estatuto puede prever la delegación de fa-
cultades de administración y gobierno a favor de un comité ejecuti
vo integrado por
miembros del consejo de administración o por terceros, el cual debe ejercer sus fun-
ciones entre los períodos de reunión del consejo, y con rendición de cuentas a él.
Puede también delegar facultades ejecutivas en una o más personas
humanas, sean o
no miembros del consejo de administración.
De acuerdo con la entidad de las labores encomendadas, el estatuto puede prever
alguna forma de retribución pecuniaria a favor de los miembros del comité ejecu-
tivo.
ARTÍCULO 206.-
Carácter honorario del cargo. Los miembros del consejo de ad-
ministración no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el
reembolso de gastos, siendo su cometido de carácter honorario.
ARTÍCULO 207.-
Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas. El es-
tatuto debe prever el régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo
de administración, y en su caso, del comité ejecutivo si es plurip
ersonal, así como el
procedimiento de convocatoria. El quórum debe ser el de la mitad más
uno de sus
integrantes. Debe labrarse en libro especial acta de las deliberaciones de los entes
mencionados, en la que se resuma lo que resulte de cada convocatoria con todos los
detalles más relevantes de lo actuado.
Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes,
excepto que la ley o el estatuto requieran mayorías calificadas. En caso de empate,
el presidente del consejo de administración o del comité ejecutivo tien
e doble
voto.
ARTÍCULO 208.-
Quórum especial. Las mayorías establecidas en el artículo 207 no
se requieren para la designación de nuevos integrantes del consejo de administr
ación
cuando su concurrencia se ha tornado imposible.
ARTÍCULO 209.-
Remoción del consejo de administración. Los miembros del con-
sejo de administración pueden ser removidos con el voto de por lo menos las dos
terceras partes de los integrantes del cuerpo. El estatuto puede prever la caducidad
automática de los mandatos por ausencias injustificadas y reiteradas a las reuniones
del consejo.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

46
ARTS. 210 – 215
ARTÍCULO 210.- Acefalía del consejo de administración. Cuando existan cargos
vacantes en el consejo de administración en grado tal que su funciona
miento se torne
imposible, y no pueda tener lugar la designación de nuevos miembros conforme al
estatuto, o éstos rehúsen aceptar los cargos, la autoridad de contralor debe proceder
a reorganizar la administración de la fundación, a designar sus nuevas a
utoridades, y a
modificar el estatuto en las partes pertinentes.
ARTÍCULO 211.-
Derechos y obligaciones de los integrantes del consejo de admi-
nistración.
Los integrantes del consejo de administración se rigen, respecto de sus
derechos y obligaciones, por la ley, por las normas reglamentarias en vigor, por los
estatutos, y, subsidiariamente, por las reglas del mandato. En caso de violación por
su parte de normas legales, reglamentarias o estatutarias, son pasibles de la acción
por responsabilidad que pueden promover tanto la fundación como la autoridad
de contralor, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa y las medidas
que esta última pueda adoptar respecto de la fundación y de los integrantes del
consejo.
ARTÍCULO 212.-
Contrato con el fundador o sus herederos. Todo contrato entre
la fundación y los fundadores o sus herederos, con excepción de las donaciones
que éstos hacen a aquélla, debe ser sometido a la aprobación de la autoridad de
contralor, y es ineficaz de pleno derecho sin esa aprobación. Esta norma se aplica
a toda resolución del consejo de administración que directa o indirectamente ori-
gina en favor del fundador o sus herederos un beneficio que no está previsto en el
estatuto.
ARTÍCULO 213.-
Destino de los ingresos. Las fundaciones deben destinar la mayor
parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos debe
llevarse a cabo únicamente con objetos precisos, tales como la formación de un capi-
tal suficiente para el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, siem-
pre relacionados al objeto estatutariamente previsto. En estos casos debe informarse
a la autoridad de contralor, en forma clara y concreta, sobre esos objetivos buscados
y la factibilidad material de su cumplimiento. De igual manera, las fund
aciones deben
informar de inmediato a la autoridad de contralor la realización de gastos que impor –
ten una disminución apreciable de su patrimonio.
SE
cc
IÓN 4ª
Información y contralor
ARTÍCULO 214.- Deber de información. Las fundaciones deben proporcionar a la
autoridad de contralor de su jurisdicción toda la información que
ella les requiera.
ARTÍCULO 215.-
Colaboración de las reparticiones oficiales. Las reparticiones ofi-
ciales deben suministrar directamente a la autoridad de contralor la información y
asesoramiento que ésta les requiera para una mejor apreciación de los programas
proyectados por las fundaciones.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO II – P ERSONA jURÍdIcA
47
ARTS. 216 – 221
SE cc IÓN 5ª
Reforma del estatuto y disolución
ARTÍCULO 216.- Mayoría necesaria. Cambio de objeto. Excepto disposición con-
traria del estatuto, las reformas requieren por lo menos el voto favorable de la mayoría
absoluta de los integrantes del consejo de administración y de los dos tercios en los
supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades simil
ares y disolución. La
modificación del objeto sólo es procedente cuando lo establecido por el fundador ha
llegado a ser de cumplimiento imposible.
ARTÍCULO 217.-
Destino de los bienes. En caso de disolución, el remanente de los
bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una p
ersona jurídica de
carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien com
ún, que no tenga
fin de lucro y que esté domiciliada en la República. Esta disposición no s
e aplica a las
fundaciones extranjeras.
Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso del remanente de los bienes
requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor.
ARTÍCULO 218.-
Revocación de las donaciones. La reforma del estatuto o la diso-
lución y traspaso de los bienes de la fundación, motivados por cam
bios en las cir –
cunstancias que hayan tornado imposible el cumplimiento de su objeto con
forme
a lo previsto al tiempo de la creación del ente y del otorgamiento de su personería
jurídica, no da lugar a la acción de revocación de las donaciones por parte de los
donantes o sus herederos, a menos que en el acto de celebración de tales dona-
ciones se haya establecido expresamente como condición resolutoria el cambio de
objeto.
SE
cc
IÓN 6ª
Fundaciones creadas por disposición testamentaria
ARTÍCULO 219.- Intervención del Ministerio Público. Si el testador dispone de bie-
nes con destino a la creación de una fundación, incumbe al Ministerio Público ase-
gurar la efectividad de su propósito, en forma coadyuvante con los herederos y el
albacea testamentario, si lo hubiera.
ARTÍCULO 220.-
Facultades del juez. Si los herederos no se ponen de acuerdo entre
sí o con el albacea en la redacción del estatuto y del acta constitutiva, las diferencias
son resueltas por el juez de la sucesión, previa vista al Ministerio Público y a la autori-
dad de contralor.
SE
cc IÓN 7ª
Autoridad de contralor
ARTÍCULO 221.- Atribuciones. La autoridad de contralor aprueba los estatutos de la
fundación y su reforma; fiscaliza su funcionamiento y el cumplimiento de las disposici
o-
nes legales y estatutarias a que se halla sujeta, incluso la disolució
n y liquidación.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

48
ARTS. 222 – 224
ARTÍCULO 222.- Otras facultades. Además de las atribuciones señaladas en otras
disposiciones de este Código, corresponde a la autoridad de contralor:
a. solicitar de las autoridades judiciales la designación de administrad
ores interinos
de las fundaciones cuando no se llenan las vacantes de sus órganos de gobierno
con perjuicio del desenvolvimiento normal de la entidad o cuando carecen tem-
porariamente de tales órganos;
b. suspender, en caso de urgencia, el cumplimiento de las deliberaciones o resolu-
ciones contrarias a las leyes o los estatutos, y solicitar a las autorid
ades judiciales
la nulidad de esos actos;
c. solicitar a las autoridades la suspensión o remoción de los administradores que
hubieran violado los deberes de su cargo, y la designación de administradores
provisorios;
d. convocar al consejo de administración a petición de alguno de sus
miembros, o
cuando se compruebe la existencia de irregularidades graves.
ARTÍCULO 223.-
Cambio de objeto, fusión y coordinación de actividades. Corres-
ponde también a la autoridad de contralor:
a. fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el establecido por el o lo
s funda-
dores es de cumplimiento imposible o ha desaparecido, procurando respe-
tar en la mayor medida posible la voluntad de aquéllos. En tal caso,
tiene las
atribuciones necesarias para modificar los estatutos de conformidad co
n ese
cambio;
b. disponer la fusión o coordinación de actividades de dos o más fundacio-
nes cuando se den las circunstancias señaladas en el inciso a) de este artículo,
o cuando la multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hacen acon
sejable
la medida para su mejor desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor ben
eficio
público.
ARTÍCULO 224.-
Recursos. Las decisiones administrativas que denieguen la autori-
zación para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica acordada
pueden recurrirse judicialmente en los casos de ilegitimidad y arbitrariedad.
Igual recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se deniegue la aprobación
requerida por ella o, habiendo sido concedida, sea luego revocada.
El recurso debe sustanciar con arreglo al trámite más breve que rija en la jurisdicción
que corresponda, por ante el tribunal de apelación con competencia en lo civi
l, corres-
pondiente al domicilio de la fundación.
Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las resolucio-
nes que dicte la autoridad de contralor en la situación prevista en el inciso b) del
artículo 223.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO III – B IENES
49
ARTS. 225 – 231
TÍTULO III
Bienes
CAPÍTULO 1
Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva
SE cc IÓN 1ª Conceptos
ARTÍCULO 225.- Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el
suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran
bajo el suelo sin el hecho del hombre.
ARTÍCULO 226.-
Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas
muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al
suelo, con carácter
perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no p
ueden
ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario.
No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la expl
otación del
inmueble o a la actividad del propietario.
ARTÍCULO 227.-
Cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por
sí mismas o por una fuerza externa.
ARTÍCULO 228.-
Cosas divisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas
en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogé-
neo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma.
Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en anti
económico
su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccio-
namiento parcelario corresponde a las autoridades locales.
ARTÍCULO 229.-
Cosas principales. Son cosas principales las que pueden existir por
sí mismas.
ARTÍCULO 230.-
Cosas accesorias. Son cosas accesorias aquellas cuya existencia
y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la c
ual están
adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en
contrario.
Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible
distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo
valor no hay cosa principal ni accesoria.
ARTÍCULO 231.-
Cosas consumibles. Son cosas consumibles aquellas cuya existen-
cia termina con el primer uso. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir
por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de cons
umirse o
deteriorarse después de algún tiempo.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

50
ARTS. 232 – 235
ARTÍCULO 232.- Cosas fungibles. Son cosas fungibles aquellas en que todo indivi-
duo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse
por otras de la misma calidad y en igual cantidad.
ARTÍCULO 233.-
Frutos y productos. Frutos son los objetos que un bien produce, de
modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia.
Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.
Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura
de la tierra.
Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.
Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.
Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran
o disminuyen su sustancia.
Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no
son separados.
ARTÍCULO 234.-
Bienes fuera del comercio. Están fuera del comercio los bienes
cuya transmisión está expresamente prohibida:
a. por la ley;
b. por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones.
SE cc IÓN 2ª
Bienes con relación a las personas
ARTÍCULO 235.- Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertene-
cientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales
:
a. el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados interna
cionales
y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sob
re la zona con-
tigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se en
tiende por
mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo;
b. las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas
marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas
bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su con-
tinuación hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación
especial de orden nacional o local aplicable en cada caso;
c. los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los la-
gos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua
que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, compren-
diéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del
propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de
su interés
y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el
agua, las playas y
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO III – B IENES
51
ARTS. 236 – 239
el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de
las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas
y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos;
d. las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona econó
mica exclu-
siva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, a
rroyos, o en los
lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares;
e. el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la Na-
ción Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislació
n
especial;
f. las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pú
blica construi-
da para utilidad o comodidad común;
g. los documentos oficiales del Estado;
h. las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
ARTÍCULO 236.-
Bienes del dominio privado del Estado. Pertenecen al Estado na-
cional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales:

a. los inmuebles que carecen de dueño;
b. las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de
interés similar, según lo normado por el Código de Minería;
c. los lagos no navegables que carecen de dueño;
d. las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excep
to los
tesoros;
e. los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier
título.
ARTÍCULO 237.-
Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce.
Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles.
Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales
y locales.
La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determi-
nan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos
artículos 235 y 236.
ARTÍCULO 238.-
Bienes de los particulares. Los bienes que no son del Estado na-
cional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de
los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo
aquellas establecidas por leyes especiales.
ARTÍCULO 239.-
Aguas de los particulares. Las aguas que surgen en los terrenos
de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de
ellas, siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan su-
jetas al control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de
c?digo civil y comercial de la Naci?n

52
ARTS. 240 – 244
aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor
medida de su derecho.
Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauce
s naturales. Los
particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título
de aguas
públicas, u obras construidas para utilidad o comodidad común, no
les hace perder el
carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles.
El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños
de éstos derecho alguno. SE
cc IÓN 3ª
Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva
ARTÍCULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bie-
nes.
El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las
Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe
conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el
interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilid
ad de los ecosis-
temas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje,
entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.
ARTÍCULO 241.-
Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los
derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte apli-
cable.
CAPÍTULO 2
Función de garantía
ARTÍCULO 242.- Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al
cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común d
e sus acreedores,
con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales decla
ran inembarga-
bles o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley
sólo tienen por
garantía los bienes que los integran.
ARTÍCULO 243.-
Bienes afectados directamente a un servicio público. Si se trata
de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio
público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del
servicio.
CAPÍTULO 3
Vivienda
ARTÍCULO 244.- Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo,
un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de
su valor. Esta
protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO III – B IENES
53
ARTS. 245 – 249
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas pre-
vistas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas

en la ley nacional del registro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de
dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno
solo en ese
carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de
considerarse afectado el constituido en primer término.
ARTÍCULO 245.-
Legitimados. La afectación puede ser solicitada por el titular regis-
tral; si el inmueble está en condominio, deben solicitarla todos los
cotitulares conjun-
tamente.
La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el juez
debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o
del Minis-
terio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con c
apacidad restringida.
La afectación también puede ser decidida por el juez, a petició
n de parte, en la reso-
lución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cues-
tiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios in
capaces o con
capacidad restringida.
ARTÍCULO 246.-
Beneficiarios. Son beneficiarios de la afectación:
a. el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes
o
descendientes;
b. en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convi-
van con el constituyente.
ARTÍCULO 247.-
Habitación efectiva. Si la afectación es peticionada por el titular
registral, se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble.
En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ell
os permanezca
en el inmueble.
ARTÍCULO 248.-
Subrogación real. La afectación se transmite a la vivienda adquirida
en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en c
oncepto de indem-
nización o precio.
ARTÍCULO 249.-
Efecto principal de la afectación. La afectación es inoponible a los
acreedores de causa anterior a esa afectación.
La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su ins-
cripción, excepto:
a. obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribucione
s que
gravan directamente al inmueble;
b. obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo
previsto en el artículo 250;
c?digo civil y comercial de la Naci?n

54
ARTS. 250 – 254
c. obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en
la vivienda;
d. obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad,
incapaces, o con capacidad restringida.
Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos
sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de
indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada
en una ejecución individual o colectiva.
Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del
inmueble.
En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser solici
tada por los
acreedores enumerados en este artículo.
ARTÍCULO 250.-
Transmisión de la vivienda afectada. El inmueble afectado no pue-
de ser objeto de legados o mejoras testamentarias, excepto que favorezcan a los be-
neficiarios de la afectación prevista en este Capítulo. Si el constituyente está casado o
vive en unión convivencial inscripta, el inmueble no puede ser transmitido ni gravado
sin la conformidad del cónyuge o del conviviente; si éste se opone
, falta, es incapaz
o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen deben ser autorizados judi-
cialmente.
ARTÍCULO 251.-
Frutos. Son embargables y ejecutables los frutos que produce el
inmueble si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los
beneficiarios.
ARTÍCULO 252.-
Créditos fiscales. La vivienda afectada está exenta del impuesto a
la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la República, si ella
opera a favor de los beneficiarios mencionados en el artículo 246,
y no es desafectada
en los cinco años posteriores a la transmisión.
Los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción
de la afectación, están
exentos de impuestos y tasas.
ARTÍCULO 253.-
Deberes de la autoridad de aplicación. La autoridad administrativa
debe prestar asesoramiento y colaboración gratuitos a los interesados a fin de concretar
los trámites relacionados con la constitución, inscripción y cancelación de e
sta afecta-
ción.
ARTÍCULO 254.-
Honorarios. Si a solicitud de los interesados, en los trámites de
constitución intervienen profesionales, sus honorarios no pueden exceder en conjunto
el uno por ciento de la valuación fiscal.
En los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los
concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder del tres por cien-
to de la valuación fiscal.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
55
ARTS. 255 – 260
ARTÍCULO 255.- Desafectación y cancelación de la inscripción. La desafectación y
la cancelación de la inscripción proceden:
a. a solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión conv
ivencial inscripta
se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone,
falta,
es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada
judicialmente;
b. a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto
de última voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite,
del conviviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con cap
acidad res-
tringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente para el
interés de éstos;
c. a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a
sus respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso
anterior;
d. a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previs-
tos en este Capítulo, o fallecen el constituyente y todos los benefi
ciarios;
e. en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo,
con los límites indicados en el artículo 249.
ARTÍCULO 256.-
Inmueble rural. Las disposiciones de este Capítulo son aplicables al
inmueble rural que no exceda de la unidad económica, de acuerdo con lo que esta-
blezcan las reglamentaciones locales.
TÍTULO IV
Hechos y actos jurídicos
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
ARTÍCULO 257.- Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme
al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de rela-
ciones o situaciones jurídicas.
ARTÍCULO 258.-
Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no
prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas.
ARTÍCULO 259.-
Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene
por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción
de relaciones o situaciones
jurídicas.
ARTÍCULO 260.-
Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimien-
to, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

56
ARTS. 261 – 268
ARTÍCULO 261.- Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento:
a. el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;
b. el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez a
ños;
c. el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin
perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.
ARTÍCULO 262.-
Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oral-
mente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de u
n hecho material.
ARTÍCULO 263.-
Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto
a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de volun-
tad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber
de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y
prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
ARTÍCULO 264.-
Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de la vo-
luntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece
de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestació
n expresa.
CAPÍTULO 2
Error como vicio de la voluntad
ARTÍCULO 265.- Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa
la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además,
ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.
ARTÍCULO 266.-
Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario
de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de
persona, tiempo y lugar.
ARTÍCULO 267.-
Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando
recae sobre:
a. la naturaleza del acto;
b. un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar,
o una calidad, extensión o suma diversa a la querida;
c. la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la volunta
d jurídica
según la apreciación común o las circunstancias del caso;
d. los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácita-
mente;
e. la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determi-
nante para su celebración.
ARTÍCULO 268.-
Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto,
sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
57
ARTS. 269 – 278
ARTÍCULO 269.- Subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede soli-
citar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido
que aquélla entendió celebrar.
ARTÍCULO 270.-
Error en la declaración. Las disposiciones de los artículos de este
Capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión.
CAPÍTULO 3
Dolo como vicio de la voluntad
ARTÍCULO 271.- Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo
falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se
emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los m
ismos efectos que
la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.
ARTÍCULO 272.-
Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es
grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no
ha habido dolo
por ambas partes.
ARTÍCULO 273.-
Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la volun-
tad; en consecuencia, no afecta la validez del acto.
ARTÍCULO 274.-
Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser
una de las partes del acto o un tercero.
ARTÍCULO 275.-
Responsabilidad por los daños causados. El autor del dolo esen-
cial o incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que
al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del t
ercero.
CAPÍTULO 4
Violencia como vicio de la voluntad
ARTÍCULO 276.- Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que ge-
neran el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contr
arrestar o
evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto.
La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situaci
ón del
amenazado y las demás circunstancias del caso.
ARTÍCULO 277.-
Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser
una de las partes del acto o un tercero.
ARTÍCULO 278.-
Responsabilidad por los daños causados. El autor debe reparar
los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celeb
ración del acto
tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

58
ARTS. 279 – 286
CAPÍTULO 5
Actos jurídicos
SE cc IÓN 1ª Objeto del acto jurídico
ARTÍCULO 279.- Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible
o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o
lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien
que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.
ARTÍCULO 280.-
Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspen-
siva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si
deviene posible
antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición.
SE
cc IÓN 2ª
Causa del acto jurídico
ARTÍCULO 281.- Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento
jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los mo-
tivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma
expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
ARTÍCULO 282.-
Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto
se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válid
o aunque la
causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera.
ARTÍCULO 283.-
Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no
son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excep
to que la ley
lo autorice.
SE
cc IÓN 3ª
Forma y prueba del acto jurídico
ARTÍCULO 284.- Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada
para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la
que estimen conve-
niente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impu
esta por la ley.
ARTÍCULO 285.-
Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por
la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento
previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la
expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.
ARTÍCULO 286.-
Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instru-
mentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en
los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hace
rse constar
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
59
ARTS. 287- 292
en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligi-
ble, aunque su lectura exija medios técnicos.
ARTÍCULO 287.-
Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumen-
tos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos
pri-
vados.
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría
comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o
auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de
la palabra y de información.
ARTÍCULO 288.-
Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad ex-
presada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o
en un signo.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una
persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente
la autoría e integridad del instrumento.
SE
cc IÓN 4ª
Instrumentos públicos
ARTÍCULO 289.- Enunciación. Son instrumentos públicos:
a. las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
b. los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los
requisitos que establecen las leyes;
c. los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.
ARTÍCULO 290.-
Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del
instrumento público:
a. la actuación del oficial público en los límites de sus atribu
ciones y de su compe-
tencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como compren-
dido en ella;
b. las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de s
us representantes; si
alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez
para todos.
ARTÍCULO 291.-
Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un
funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su convivi
ente, o un pariente
suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente interesados.
ARTÍCULO 292.-
Presupuestos. Es presupuesto para la validez del instrumento que
el oficial público se encuentre efectivamente en funciones. Sin embargo, son válidos
c?digo civil y comercial de la Naci?n

60
ARTS. 293 – 297
los actos instrumentados y autorizados por él antes de la notificac
ión de la suspensión
o cesación de sus funciones hechos conforme a la ley o reglamento que regula la
función de que se trata.
Dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nom-
bramiento e investidura no afecta al acto ni al instrumento si la person
a interviniente
ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad del
título.
ARTÍCULO 293.-
Competencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo
con lo que establece este Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos
en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan
otorgado.
ARTÍCULO 294.-
Defectos de forma. Carece de validez el instrumento público que
tenga enmiendas, agregados, borraduras, entrelíneas y alteraciones en partes esen-
ciales, si no están salvadas antes de las firmas requeridas.
El instrumento que no tenga la forma debida vale como instrumento privad
o si está
firmado por las partes.
ARTÍCULO 295.-
Testigos inhábiles. No pueden ser testigos en instrumentos públicos:
a. las personas incapaces de ejercicio y aquellas a quienes una sentencia les impide
ser testigo en instrumentos públicos;
b. los que no saben firmar;
c. los dependientes del oficial público;
d. el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público,
dentro del cuarto
grado y segundo de afinidad;
El error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos
en que han intervenido.
ARTÍCULO 296.-
Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:
a. en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial
público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso
en juicio civil o criminal;
b. en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones,
pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados
con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en
contrario.
ARTÍCULO 297.-
Incolumidad formal. Los testigos de un instrumento público y el
oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido,
si no alegan que testificaron u otorgaron el acto siendo víctimas de dolo o violencia.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
61
ARTS. 298 – 303
ARTÍCULO 298.- Contradocumento. El contradocumento particular que altera lo ex-
presado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible
respecto a terceros interesados de buena fe.
SE
cc IÓN 5ª
Escritura pública y acta
ARTÍCULO 299.- Escritura pública. Definición. La escritura pública es el instrumen-
to matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario
autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurí-
dicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es
instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si hay
alguna variación
entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido de la escr
itura matriz.
ARTÍCULO 300.-
Protocolo. El protocolo se forma con los folios habilitados para el
uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los
documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes
del acto. Corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de
los folios, su expedición, así como los demás recaudos relativos al protocolo, forma y
modo de su colección en volúmenes o legajos, su conservación y
archivo.
ARTÍCULO 301.-
Requisitos. El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones
de los comparecientes, sean las partes, sus representantes, testigos, cónyuges u otros
intervinientes. Debe calificar los presupuestos y elementos del acto, y configurarlo téc-
nicamente. Las escrituras públicas, que deben extenderse en un úni
co acto, pueden
ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos elec
trónicos de
procesamiento de textos, siempre que en definitiva la redacción resulte estampada en
el soporte exigido por las reglamentaciones, con caracteres fácilmente legibles. En los
casos de pluralidad de otorgantes en los que no haya entrega de dinero, valores o co-
sas en presencia del notario, los interesados pueden suscribir la escritura en distintas
horas del mismo día de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre
que no se modifique el texto definitivo al tiempo de la primera fi
rma.
ARTÍCULO 302.-
Idioma. La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Si al-
guno de los otorgantes declara ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme a una
minuta firmada, que debe ser expresada en idioma nacional por traductor público, y si
no lo hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos deben quedar
agregados al protocolo.
Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento origi-
nal en idioma extranjero, siempre que conste de traducción efectuada por traductor
público, o intérprete que aquél acepte. En tal caso, con el testimonio de la escritura,

el escribano debe entregar copia certificada de ese instrumento en el idioma en que
está redactado.
ARTÍCULO 303.-
Abreviaturas y números. No se deben dejar espacios en blanco,
ni utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos últimas consten en los
c?digo civil y comercial de la Naci?n

62
ARTS. 304 – 306
documentos que se transcriben, se trate de constancias de otros documentos agrega-
dos o sean signos o abreviaturas científicas o socialmente admitidas con sentido unívo-
co. Pueden usarse números, excepto para las cantidades que se entregan en presencia
del escribano y otras cantidades o datos que corresponden a elementos esenciales del
acto jurídico.
ARTÍCULO 304.-
Otorgante con discapacidad auditiva. Si alguna de las personas
otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que
puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgan-
te. Si es alfabeta, además, la escritura debe hacerse de conformidad
a una minuta
firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta de
be quedar
protocolizada.
ARTÍCULO 305.-
Contenido. La escritura debe contener:
a. lugar y fecha de su otorgamiento; si cualquiera de las partes lo requiere o el escri-
bano lo considera conveniente, la hora en que se firma el instrumento;

b. los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y especial si lo
hubiera, fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes; si se trata de
personas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o p
osteriores
nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en atención a la naturaleza
del acto; si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de su
denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución
si corresponde;
c. la naturaleza del acto y la individualización de los bienes que consti
tuyen su
objeto;
d. la constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer en
el acto del
otorgamiento de la escritura;
e. las enmiendas, testados, borraduras, entrelíneas, u otras modificaciones efectua-
das al instrumento en partes esenciales, que deben ser realizadas de puño y letra
del escribano y antes de la firma;
f. la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera; si alguno
de los otorgantes no sabe o no puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra
persona; debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del impedimento y
la impresión digital del otorgante.
ARTÍCULO 306.-
Justificación de identidad. La identidad de los comparecientes
debe justificarse por cualquiera de los siguientes medios:
a. por exhibición que se haga al escribano de documento idóneo; en este caso, se
debe individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada
de sus partes pertinentes;
b. por afirmación del conocimiento por parte del escribano.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
63
ARTS. 307 – 311
ARTÍCULO 307.- Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un re-
presentante, el escribano debe exigir la presentación del documento original que lo
acredite, el que ha de quedar agregado al protocolo, excepto que se trate de poderes
para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria la
devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano.
En caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en el registro
del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia, indicando
folio y año.
ARTÍCULO 308.-
Copias o testimonios. El escribano debe dar copia o testimonio de
la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualqu
ier medio de
reproducción que asegure su permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones
locales. Si alguna de las partes solicita nueva copia, el escribano debe entregarla, ex-
cepto que la escritura contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar
o de hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación
en instrumento público de la extinción de la obligación, la con
formidad del acreedor
o la autorización judicial, que debe tramitar con citación de las
partes del acto jurídico.
ARTÍCULO 309.-
Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del
tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano
y de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la
firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida. La inobservancia
de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios
públicos pueden ser sancionados.
ARTÍCULO 310.-
Actas. Se denominan actas los documentos notariales que tienen
por objeto la comprobación de hechos.
ARTÍCULO 311.-
Requisitos de las actas notariales. Las actas están sujetas a los
requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaci
ones:
a. se debe hacer constar el requerimiento que motiva la intervención del notario y,
en su caso, la manifestación del requirente respecto al interés propio o de terceros
con que actúa;
b. no es necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que
alega el requirente;
c. no es necesario que el notario conozca o identifique a las personas co
n quienes
trata a los efectos de realizar las notificaciones, requerimientos y otras diligencias;
d. las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la com-
probación así lo permita, deben ser previamente informadas del carácter en que
interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en
este último supuesto se deben hacer constar en el documento las manifestaciones
que se hagan;
e. el notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando
por su objeto no sea necesario;
c?digo civil y comercial de la Naci?n

64
ARTS. 312 – 316
f. no requieren unidad de acto ni de redacción; pueden extenderse simultáneamen-
te o con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo día, y pueden
separarse en dos o más partes o diligencias, siguiendo el orden cronológico;
g. pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados rehúse firmar, de lo cual
debe dejarse constancia.
ARTÍCULO 312.-
Valor probatorio. El valor probatorio de las actas se circunscribe a
los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado.
En cuanto a las personas, se circunscribe a su identificación si existe, y debe dejarse
constancia de las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones
deben referir –
se como mero hecho y no como contenido negocial.
SE
cc IÓN 6ª
Instrumentos privados y particulares
ARTÍCULO 313.- Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de
un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la
impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también
el instrumento.
ARTÍCULO 314.-
Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente
un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le
pertenece. Los he-
rederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su
causante.
La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio.
El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento
privado. El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o
cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado
por quienes lo
hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resul-
tante es indivisible. El documento signado con la impresión digital vale como principio
de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.
ARTÍCULO 315.-
Documento firmado en blanco. El firmante de un documento en
blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a
sus instrucciones, pero no puede valerse para ello de testigos si no existe principio
de prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no debe afectar
a terceros de
buena fe.
Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la volunt
ad de la per –
sona que lo guarda, esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En
tal caso, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante e
xcepto por
los terceros que acrediten su buena fe si han adquirido derechos a título oneroso en
base al instrumento.
ARTÍCULO 316.-
Enmiendas. Las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afectan
partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas con la fir
ma de las partes.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
65
ARTS. 317 – 321
De no hacerse así, el juez debe determinar en qué medida el defect
o excluye o reduce
la fuerza probatoria del instrumento.
ARTÍCULO 317.-
Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados
reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta
el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que
el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La
prueba puede
producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez.
ARTÍCULO 318.-
Correspondencia. La correspondencia, cualquiera sea el medio em-
pleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario,
pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del
remitente.
Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinata-
rio, y del remitente si es confidencial.
ARTÍCULO 319.-
Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particula-
res debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia en-
tre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas
del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de
los procedimientos técnicos que se apliquen.
SE
cc IÓN 7ª
Contabilidad y estados contables
ARTÍCULO 320.- Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad to-
das las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica orga-
nizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agro-
pecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilida
d si solicita
su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se
establece en esta misma Sección.
Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obliga-
ciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan profesiones
liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma
de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la
enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio
normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las
actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales debe-
res según determine cada jurisdicción local.
ARTÍCULO 321.-
Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada
sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y
de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de
las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos
deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en
forma metódica y que permita su localización y consulta.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

66
ARTS. 322 – 327
ARTÍCULO 322.- Registros indispensables. Son registros indispensables, los siguientes:
a. diario;
b. inventario y balances;
c. aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de conta-
bilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a
desarrollar;
d. los que en forma especial impone este Código u otras leyes.
ARTÍCULO 323.-
Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utiliza-
ción de libros y debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su individuali-
zación en el Registro Público correspondiente.
Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota fechada y firmada de
su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios
que contiene.
El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de la
s personas
que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de
otra forma, de la que surgen los libros que les fueron rubricados y, en su caso, de las
autorizaciones que se les confieren.
ARTÍCULO 324.-
Prohibiciones. Se prohíbe:
a. alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;
b. dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los
asientos;
c. interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben
salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta
la omi-
sión o el error;
d. mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura;
e. cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones.
ARTÍCULO 325.-
Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables de-
ben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya
sido debidamente salvada. También deben llevarse en idioma y moneda nacional.
Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación
patrimonial, su evolución y sus resultados.
Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular.
ARTÍCULO 326.-
Estados contables. Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad
obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que compr
enden
como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que de-
ben asentarse en el registro de inventarios y balances.
ARTÍCULO 327.-
Diario. En el Diario se deben registrar todas las operaciones relativas
a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
67
ARTS. 328 – 330
en registros resumidos que cubran períodos de duración no superiores al mes. Estos
resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, los que
deben ser llevados en las formas y condiciones establecidas en los artí
culos 323, 324
y 325.
El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de regis-
traciones contables integra el Diario y deben cumplirse las formalidades
establecidas
para el mismo.
ARTÍCULO 328.-
Conservación. Excepto que leyes especiales establezcan plazos su-
periores, deben conservarse por diez años:
a. los libros, contándose el plazo desde el último asiento;
b. los demás registros, desde la fecha de la última anotación practicada sobre los
mismos;
c. los instrumentos respaldatorios, desde su fecha.
Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la
forma prevista en el artículo 331, hasta que se cumplan los plazos indicados
ante-
riormente.
ARTÍCULO 329.-
Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización
del Registro Público de su domicilio:
a. sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus
formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, mag-
néticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de
las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación;
b. conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos
para ese fin.
La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descrip-
ción del sistema, con dictamen técnico de Contador Público e in
dicación de los ante-
cedentes de su utilización. Una vez aprobado, el pedido de autorización y la respectiva
resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el libro de Inventarios
y Balances.
La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en
cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se
solicita.
ARTÍCULO 330.-
Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada
en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio
de prueba.
Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en
forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede a
ceptar los asientos
que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiend
o adoptado
c?digo civil y comercial de la Naci?n

68
ARTS. 331 – 332
este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos
los registros relativos al punto cuestionado.
La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la llev
a, cuando en li-
tigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta
registros contrarios incorporados en una contabilidad regular.
Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si
lo considera necesario, otra supletoria.
Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos
y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe
prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás proban-
zas que se presentan.
Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabi
lidad, ni la lleva
voluntariamente, ésta sólo sirve como principio de prueba de acuer
do con las circuns-
tancias del caso.
La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible.
ARTÍCULO 331.-
Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes especia-
les, ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio para
inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho.
La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325,
aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la o
rdena.
La exhibición general de registros o libros contables sólo puede decretarse a instancia
de parte en los juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contra
to asociativo o so-
ciedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación,
concurso o quiebra.
Fuera de estos casos únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros
en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de que se trata, así como para
establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas y c
ondiciones
establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

CAPÍTULO 6
Vicios de los actos jurídicos
SE cc IÓN 1ªLesión
ARTÍCULO 332.- Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos
jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad
síquica o inex-
periencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimoni
al evidente-
mente desproporcionada y sin justificación.
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de nota-
ble desproporción de las prestaciones.
Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe
subsistir en el momento de la demanda.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
69
ARTS. 333 – 337
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del con-
venio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si
éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.SE
cc IÓN 2ª
Simulación
ARTÍCULO 333.- Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el
carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene
cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se
constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para
quienes en realidad se constituyen o transmiten.
ARTÍCULO 334.-
Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica a un
tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real,
éste es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es
ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas
simuladas.
ARTÍCULO 335.-
Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un
acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el
uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener
beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación.
La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contrado-
cumento. Puede prescindirse de él, cuando la parte justifica las razones por las cua
les
no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca
la simulación.
ARTÍCULO 336.-
Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses le-
gítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad
. Pueden
acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.
ARTÍCULO 337.-
Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. La simulación
no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan
ejecutado los bienes comprendidos en el acto.
La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto
impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la s
imu-
lación.
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden
solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los dere-
chos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo
se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el
deudor, responde en la medida de su enriquecimiento.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

70
ARTS. 338 – 343
SE cc IÓN 3ª Fraude
ARTÍCULO 338.- Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la
declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor e
n fraude de sus
derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese
podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.
ARTÍCULO 339.-
Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de declara-
ción de inoponibilidad:
a. que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor
haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores;
b. que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor;
c. que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido cono-
cer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia.
ARTÍCULO 340.-
Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. El fraude no pue-
de oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los
bienes comprendidos en el acto.
La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto
impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en el f
raude; la
complicidad se presume si, al momento de contratar, conocía el estado de insolvencia.
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden
solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los dere-
chos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo
se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el
deudor, responde en la medida de su enriquecimiento.
ARTÍCULO 341.-
Extinción de la acción. Cesa la acción de los acreedores si el adqui-
rente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente.
ARTÍCULO 342.-
Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad
se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven, y hasta
el importe de sus respectivos créditos.
CAPÍTULO 7
Modalidades de los actos jurídicos
SE cc IÓN 1ª Condición
ARTÍCULO 343.- Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los
actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un
hecho futuro e incierto.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
71
ARTS. 344 – 351
Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto fueran c
ompatibles, a la
cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinció
n de un derecho a he-
chos presentes o pasados ignorados.
ARTÍCULO 344.-
Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho impo-
sible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento
jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado.
La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez d
e la obligación,
si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva.
Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave la l
ibertades de
la persona, como la de elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil.
ARTÍCULO 345.-
Inejecución de la condición. El incumplimiento de la condición no
puede ser invocado por la parte que, de mala fe, impide su realización.
ARTÍCULO 346.-
Efecto. La condición no opera retroactivamente, excepto pacto en
contrario.
ARTÍCULO 347.-
Condición pendiente. El titular de un derecho supeditado a condi-
ción suspensiva puede solicitar medidas conservatorias.
El adquirente de un derecho sujeto a condición resolutoria puede ejercerlo, pero la
otra parte puede solicitar, también medidas conservatorias.
En todo supuesto, mientras la condición no se haya cumplido, la parte
que constituyó
o transmitió un derecho debe comportarse de acuerdo con la buena fe, de modo de
no perjudicar a la contraparte.
ARTÍCULO 348.-
Cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria. El cum-
plimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse, recíprocamen-
te, las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la natura-
leza del acto concertado, a sus fines y objeto.
Si se hubiese determinado el efecto retroactivo de la condición, el cumplimiento de
ésta obliga a la entrega recíproca de lo que a las partes habría correspondido al tiem-
po de la celebración del acto. No obstante, subsisten los actos de ad
ministración y los
frutos quedan a favor de la parte que los ha percibido.
ARTÍCULO 349.-
No cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo
condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de l
a condición, y ésta
no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios pero no los frutos percibidos.
SE
cc
IÓN 2ª
Plazo
ARTÍCULO 350.- Especies. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden
quedar diferidas al vencimiento de un plazo.
AR

TÍCULO 351.-
Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en beneficio
del obligado a cumplir o a restituir a su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del
c?digo civil y comercial de la Naci?n

72
ARTS. 352 – 358
acto, o por otras circunstancias, resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de
ambas partes.
ARTÍCULO 352.-
Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del pla-
zo no puede repetir lo pagado.
ARTÍCULO 353.-
Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar la pen-
dencia del plazo si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto pr
opio las seguri-
dades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o si no ha constitui-
do las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes. La apertura del concurso
del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor
a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal.
SE
cc IÓN 3ª
Cargo
ARTÍCULO 354.- Cargo. Especies. Presunción. El cargo es una obligación accesoria
impuesta al adquirente de un derecho. No impide los efectos del acto, excepto que
su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto
que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda,
se entiende que tal condición no existe.
ARTÍCULO 355.-
Tiempo de cumplimiento. Prescripción. Al plazo de ejecución del
cargo se aplica lo dispuesto en los artículos 350 y concordantes.
Desde que se encuentra expedita, la acción por cumplimiento prescribe según esta-
blecido en el artículo 2559.
ARTÍCULO 356.-
Transmisibilidad. El derecho adquirido es transmisible por actos en-
tre vivos o por causa de muerte y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo,
excepto que sólo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialme
nte a cumplirlo.
Si el cumplimiento del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, la
adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular ori-
ginario o a sus herederos. La reversión no afecta a los terceros sino en cuanto pudiese
afectarlos la condición resolutoria.
ARTÍCULO 357.-
Cargo prohibido. La estipulación como cargo en los actos jurídicos
de hechos que no pueden serlo como condición, se tiene por no escrita
, pero no pro-
voca la nulidad del acto.
CAPÍTULO 8
Representación
SE cc IÓN 1ª Disposiciones generales
ARTÍCULO 358.- Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser cele-
brados por medio de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean
otorgados por el titular del derecho.
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
73
ARTS. 359 – 366
La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando
resulta de una regla de derecho, y es orgánica cuando resulta del estatuto de una
persona jurídica.
En las relaciones de familia la representación se rige, en subsidio, por las disposiciones
de este Capítulo.
ARTÍCULO 359.-
Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre del
representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o p
or el acto de
apoderamiento, producen efecto directamente para el representado.
ARTÍCULO 360.-
Extensión. La representación alcanza a los actos objeto del apode-
ramiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para
su ejecución.
ARTÍCULO 361.-
Limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y las li-
mitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros si éstos las conocen o
pudieron conocerlas actuando con la debida diligencia.
SE
cc IÓN 2ª
Representación voluntaria
ARTÍCULO 362.- Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los actos
que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su
extinción, y las instrucciones que el representado dio a su representante, son oponi-
bles a terceros si éstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o debieron
conocerlas obrando con cuidado y previsión.
ARTÍCULO 363.-
Forma. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta
para el acto que el representante debe realizar.
ARTÍCULO 364.-
Capacidad. En la representación voluntaria el representado debe
tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento; para el repre-
sentante es suficiente el discernimiento.
ARTÍCULO 365.-
Vicios. El acto otorgado por el representante es nulo si su voluntad
está viciada. Pero si se ha otorgado en ejercicio de facultades previamente determina-
das por el representado, es nulo sólo si estuvo viciada la voluntad de éste.
El representado de mala fe no puede aprovecharse de la ignorancia o la buena fe del
representante.
ARTÍCULO 366.-
Actuación en ejercicio del poder. Cuando un representante actúa
dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los
terceros. El representante no queda obligado para con los terceros, excepto que haya
garantizado de algún modo el negocio. Si la voluntad de obrar en nomb
re de otro no
aparece claramente, se entiende que ha procedido en nombre propio.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

74
ARTS. 367 – 372
ARTÍCULO 367.- Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera
de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente
que negocia con su representante, sin que haya representación expresa, se entiende que
le ha otorgado tácitamente poder suficiente.
A tal efecto se presume que:
a. quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento
abierto al
público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de éste;
b. los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están fac
ultados para
todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan;
c. los dependientes encargados de entregar mercaderías fuera del establecimiento
están facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo.
ARTÍCULO 368.-
Acto consigo mismo. Nadie puede, en representación de otro,
efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la
autorización del representado. Tampoco puede el representante, sin la conformidad
del representado, aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la representación
a sus propios negocios, o a los ajenos confiados a su gestión.
ARTÍCULO 369.-
Ratificación. La ratificación suple el defecto de representación. Lue-
go de la ratificación, la actuación se da por autorizada, con ef
ecto retroactivo al día del
acto, pero es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad.
ARTÍCULO 370.-
Tiempo de la ratificación. La ratificación puede hacerse en cual-
quier tiempo, pero los interesados pueden requerirla, fijando un plazo para ello que
no puede exceder de quince días; el silencio se debe interpretar como negativa. Si la
ratificación depende de la autoridad administrativa o judicial, el
término se extiende a
tres meses. El tercero que no haya requerido la ratificación puede revocar su consen-
timiento sin esperar el vencimiento de estos términos.
ARTÍCULO 371.-
Manifestación de la ratificación. La ratificación resulta de cualquier
manifestación expresa o de cualquier acto o comportamiento concluyente que nece-
sariamente importe una aprobación de lo que haya hecho el que invoca la represen-
tación.
ARTÍCULO 372.-
Obligaciones y deberes del representante. El representante tiene
las siguientes obligaciones y deberes:
a. de fidelidad, lealtad y reserva;
b. de realización de la gestión encomendada, que exige la legalidad de su
presta-
ción, el cumplimiento de las instrucciones del representado, y el desarrollo de una
conducta según los usos y prácticas del tráfico;
c. de comunicación, que incluye los de información y de consulta;
d. de conservación y de custodia;
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
75
ARTS. 373 – 375
e. de prohibición, como regla, de adquirir por compraventa o actos jurídicos análo-
gos los bienes de su representado;
f. de restitución de documentos y demás bienes que le correspondan al representa-
do al concluirse la gestión.
ARTÍCULO 373.-
Obligaciones y deberes del representado. El representado tiene
las siguientes obligaciones y deberes:
a. de prestar los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión;
b. de retribuir la gestión, si corresponde;
c. de dejar indemne al representante.
ARTÍCULO 374.-
Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y
les entregue copia firmada por él del instrumento del que resulta su representación.
ARTÍCULO 375.-
Poder conferido en términos generales y facultades expresas.
Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder confe-
rido en términos generales sólo incluye los actos propios de administración ordinaria
y los necesarios para su ejecución.
Son necesarias facultades expresas para:
a. peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o li-
quidación del régimen patrimonial del matrimonio;
b. otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben iden-
tificarse los bienes a que se refiere;
c. reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse a la persona que se
recono-
ce;
d. aceptar herencias;
e. constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros
bienes registrables;
f. crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad;
g. reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder;
h. hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración;
i. renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obligaciones, sin perjuicio
de las reglas aplicables en materia de concursos y quiebras;
j. formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empre-
saria, sociedades, asociaciones, o fundaciones;
k. dar o tomar en locación inmuebles por más de tres años, o cobrar alquileres anti-
cipados por más de un año;
c?digo civil y comercial de la Naci?n

76
ARTS. 376 – 380
l. realizar donaciones, u otras liberalidades, excepto pequeñas gratifi
caciones habituales;
m. dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito si no se
trata del necesario, y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos
correspondan al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales.
ARTÍCULO 376.-
Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación.
Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades
conferidas por el representado, es responsable del daño que la otra parte sufra por
haber confiado, sin culpa suya, en la validez del acto; si hace saber
al tercero la falta o
deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad.
ARTÍCULO 377.-
Sustitución. El representante puede sustituir el poder en otro. Res-
ponde por el sustituto si incurre en culpa al elegir. El representado puede indicar la
persona del sustituto, caso en el cual el representante no responde por éste.
El representado puede prohibir la sustitución.
ARTÍCULO 378.-
Pluralidad de representantes. La designación de varios represen-
tantes, sin indicación de que deban actuar conjuntamente, todos o alg
unos de ellos,
se entiende que faculta a actuar indistintamente a cualquiera de ellos.
ARTÍCULO 379.-
Apoderamiento plural. El poder otorgado por varias personas para
un objeto de interés común puede ser revocado por cualquiera de ellas sin depen-
dencia de las otras.
ARTÍCULO 380.-
Extinción. El poder se extingue:
a. por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el apoderamiento;

b. por la muerte del representante o del representado; sin embargo subsiste en caso de
muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos especialmente
determinados y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del
representante, de un tercero o común a representante y representado, o a repre-
sentante y un tercero, o a representado y tercero;
c. por la revocación efectuada por el representado; sin embargo, un poder puede
ser conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para actos especialmente
determinados, limitado por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que
puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante
y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero; se extin-
gue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa causa;
d. por la renuncia del representante, pero éste debe continuar en funciones hasta
que notifique aquélla al representado, quien puede actuar por sí o reemplazarlo,
excepto que acredite un impedimento que configure justa causa;
e. por la declaración de muerte presunta del representante o del representado;
f. por la declaración de ausencia del representante;
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LIBRO PRIMERO – PARTE GENERAL – TÍTULO IV – hEchOS y AcTOS jURÍdIcOS
77
ARTS. 381 – 388
g. por la quiebra del representante o representado;
h. por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado.
ARTÍCULO 381.-
Oponibilidad a terceros. Las modificaciones, la renuncia y la revoca-
ción de los poderes deben ser puestas en conocimiento de los terceros por medios idó-
neos. En su defecto, no son oponibles a los terceros, a menos que se pruebe que éstos
conocían las modificaciones o la revocación en el momento de celebrar el acto jurídico.
Las demás causas de extinción del poder no son oponibles a los ter
ceros que las ha-
yan ignorado sin su culpa.
CAPÍTULO 9
Ineficacia de los actos jurídicos
SE cc IÓN 1ª Disposiciones generales
ARTÍCULO 382.- Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces
en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.
ARTÍCULO 383.-
Articulación. La nulidad puede argüirse por vía de acción u oponer –
se como excepción. En todos los casos debe sustanciarse.
ARTÍCULO 384.-
Conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente válido
cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por l
as partes permi-
te suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad.
ARTÍCULO 385.-
Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resulta-
do que es propio de los efectos de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una
prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero.
SE
cc IÓN 2ª
Nulidad absoluta y relativa
ARTÍCULO 386.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que con-
travienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa
los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de
ciertas personas.
ARTÍCULO 387.-
Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede de-
clararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es manifi
esta en el momento
de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por c
ualquier interesa-
do, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No
puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción.
ARTÍCULO 388.-
Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo puede
declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece.
Excepcional-
mente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha experimentad
o un perjuicio
c?digo civil y comercial de la Naci?n

78
ARTS. 389 – 394
importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la pr
escripción de la
acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto, no
puede alegarla si obró con dolo. SE
cc IÓN 3ª
Nulidad total y parcial
ARTÍCULO 389.- Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el
acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones.
La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones vá
lidas, si son sepa-
rables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad,
se declara la nulidad total.
En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuer –
do a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse persegui-
dos por las partes.
SE
cc IÓN 4ª
Efectos de la nulidad
ARTÍCULO 390.- Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas
al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y oblig
a a las partes
a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las dis-
posiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto
en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto.
ARTÍCULO 391.-
Hechos simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los
efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso a las consecuencia
s de los hechos
en general y a las reparaciones que correspondan.
ARTÍCULO 392.-
Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los
derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble regis-
trable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan
sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el
subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso.
Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se
ha realizado sin intervención del titular del derecho.
SE
cc
IÓN 5ª
Confirmación
ARTÍCULO 393.- Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede articular
la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por
válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad.
El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte.
ARTÍCULO 394.-
Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella cons-
te debe reunir las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la menció
n pre-
cisa de la causa de la nulidad, de su desaparición y de la voluntad d
e confirmar el acto.
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79
ARTS. 395 – 401 LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO I – MATRIMONIO
La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado
con conocimiento de la causa de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad
inequívoca de sanear el vicio del acto.
ARTÍCULO 395.-
Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmen-
te nulo tiene efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de dispo-
siciones de última voluntad opera desde la muerte del causante.
La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe.
SE
cc IÓN 6ª
Inoponibilidad
ARTÍCULO 396.- Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible
no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
ARTÍCULO 397.-
Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse va-
ler en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la pres-
cripción o la caducidad.
TÍTULO V
Transmisión de los derechos
ARTÍCULO 398.- Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto es-
tipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que impor –
te trasgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres.
ARTÍCULO 399.-
Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o
más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalm
ente dispuestas.
ARTÍCULO 400.-
Sucesores. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte in-
divisa del patrimonio de otro; sucesor singular el que recibe un derecho en particular.
LIBRO SEGUNDO
RELACIONES DE FAMILIA
TÍTULO I
Matrimonio
CAPÍTULO 1
Principios de libertad y de igualdad
ARTÍCULO 401.- Esponsales. Este Código no reconoce esponsales de futuro. No hay
acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para reclamar los
daños y perjuicios causados por la ruptura, sin perjuicio de la aplic
ación de las reglas del
enriquecimiento sin causa, o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera.
Código Civil y Comercial de la Nación

80
ARTS. 402 – 405
ARTÍCULO 402.- Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede
ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la
igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos
que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.
CAPÍTULO 2
Requisitos del matrimonio
ARTÍCULO 403.- Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes para
contraer matrimonio:
a. el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del
vínculo;
b. el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen
del vínculo;
c. la afinidad en línea recta en todos los grados;
d. el matrimonio anterior, mientras subsista;
e. haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso
de uno de los cónyuges;
f. tener menos de dieciocho años;
g. la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento
para el acto matrimonial.
ARTÍCULO 404.-
Falta de edad nupcial. Dispensa judicial. En el supuesto del inci-
so f) del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido la eda
d de 16 años
puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. El menor que haya cumplido la
edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus
representantes
legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus
representantes legales.
La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por
la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas
del acto matrimonial; también debe evaluar la opinión de los representantes, si la
hubiesen expresado.
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo
su tutela sólo puede ser otorgada si, además de los recaudos previstos en el párrafo
anterior, se han aprobado las cuentas de la administración. Si de igual modo se cele-
bra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le corresponda sobre las rentas del
pupilo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 inciso d).
ARTÍCULO 405.-
Falta de salud mental y dispensa judicial. En el supuesto del
inciso g) del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO I – M ATRIMONIO
81
ARTS. 406 – 411
decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la com-
prensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la
vida de relación por parte de la persona afectada.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes; también
puede hacerlo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, si lo consi-
dera pertinente.
ARTÍCULO 406.-
Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del
matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado
personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, e
xcepto lo
previsto en este Código para el matrimonio a distancia.
El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.
ARTÍCULO 407.-
Incompetencia de la autoridad que celebra el acto. La existencia
del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta del nombramiento
legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges
hubiera procedido de buena fe, y aquellos ejercieran sus funciones públicamente.
ARTÍCULO 408.-
Consentimiento puro y simple. El consentimiento matrimonial no
puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por
no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio.
ARTÍCULO 409.-
Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento:
a. la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente;
b. el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que
quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese cono
cido ese estado
de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía.
El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias persona-
les de quien lo alega.
CAPÍTULO 3
Oposición a la celebración del matrimonio
ARTÍCULO 410.- Oposición a la celebración del matrimonio. Sólo pueden alegarse
como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley.
La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos impedimentos debe
ser rechazada sin más trámite.
ARTÍCULO 411.-
Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición a la
celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete:
a. al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio;
b. a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos,
cualquiera sea el origen del vínculo;
c?digo civil y comercial de la Naci?n

82
ARTS. 412 – 415
c. al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga con
ocimiento de
esos impedimentos, especialmente, por la denuncia de cualquier persona r
ealiza-
da de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 412.-
Denuncia de impedimentos. Cualquier persona puede denunciar
la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artícu
lo 403 desde
el inicio de las diligencias previas y hasta la celebración del matrimonio por ante el
Ministerio Público, para que deduzca la correspondiente oposición, si lo considera
procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos en los artículos 413
y 414.
ARTÍCULO 413.-
Forma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta al ofi-
cial público del Registro que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito
con expresión de:
a. nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente;
b. vínculo que une al oponente con alguno de los futuros contrayentes;
c. impedimento en que se funda la oposición;
d. documentación que prueba la existencia del impedimento y sus referencias, si la
tiene; si no la tiene, el lugar donde está, y cualquier otra informac
ión útil.
Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial públic
o debe levantar acta
circunstanciada, que firma con el oponente o con quien firme a su ruego
, si aquél no
sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por escrito, se debe transcribir en el libro
de actas con las mismas formalidades.
ARTÍCULO 414.-
Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición el oficial
público la hace conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos o ambo
s admite la exis-
tencia del impedimento legal, el oficial público lo hace constar en
acta y no celebra
el matrimonio. Si los contrayentes no lo reconocen, deben expresarlo ante el oficial
público dentro de los tres días siguientes al de la notificación; éste levanta un act
a,
remite al juez competente copia autorizada de todo lo actuado con los doc
umentos
presentados y suspende la celebración del matrimonio.
El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento más
breve que prevea la ley local. Recibida la oposición, da vista por tres días al Ministerio
Público. Resuelta la cuestión, el juez remite copia de la sentencia al oficial público.
ARTÍCULO 415.-
Cumplimiento de la sentencia. Recibido el testimonio de la sen-
tencia firme que desestima la oposición, el oficial público pr
ocede a celebrar el ma-
trimonio.
Si la sentencia declara la existencia del impedimento, el matrimonio no
puede cele-
brarse.
En ambos casos, el oficial público debe anotar la parte dispositiva de la sentencia al
margen del acta respectiva.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO I – M ATRIMONIO
83
ARTS. 416 – 418
CAPÍTULO 4
Celebración del matrimonio
SE cc IÓN 1ª Modalidad ordinaria de celebración
ARTÍCULO 416.- Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben
presentar ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud que
debe contener:
a. nombres y apellidos, y número de documento de identidad, si lo tienen;
b. edad;
c. nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento;
d. profesión;
e. nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos de
identidad si los conocen, profesión y domicilio;
f. declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso afirma-
tivo, el nombre y apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del matri-
monio y causa de su disolución, acompañando certificado de defun
ción o copia
debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiera anulado
o di-
suelto el matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge ante-
rior, según el caso.
Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial público debe levantar
acta que contenga las mismas enunciaciones.
ARTÍCULO 417.-
Suspensión de la celebración. Si de las diligencias previas no resul-
ta probada la habilidad de los contrayentes, o se deduce oposición, el ofi
cial público
debe suspender la celebración del matrimonio hasta que se pruebe la habilidad o se
rechace la oposición, haciéndolo constar en acta, de la que debe da
r copia certificada
a los interesados, si la piden.
ARTÍCULO 418.-
Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse pú-
blicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial público
encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda
al domicilio de cualquiera de ellos.
Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere la presen-
cia de dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos
se eleva a cuatro si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina.
En el acto de la celebración del matrimonio el oficial público da lectura al artícu-
lo 431, recibe de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren respec-
tivamente constituirse en cónyuges, y pronuncia que quedan unidos en matrimonio
en nombre de la ley.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

84
ARTS. 419 – 421
La persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en for
ma oral
debe expresar su voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequívoca.
ARTÍCULO 419.-
Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, de-
ben ser asistidos por un traductor público matriculado y, si no lo hay, por un intérprete
de reconocida idoneidad, dejándose debida constancia en la inscripción
.
ARTÍCULO 420.-
Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se
consigna en un acta que debe contener:
a. fecha del acto;
b. nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado
civil, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los comparecien-
tes;
c. nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión,
y domicilio de sus respectivos padres, si son conocidos;
d. lugar de celebración;
e. dispensa del juez cuando corresponda;
f. mención de si hubo oposición y de su rechazo;
g. declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público
de que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley;
h. nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado
de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto;
i. declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimo-
nial y, en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se otorgó;
j. declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de separación de
bienes;
k. documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente, si el
matrimonio es celebrado a distancia.
El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en
el acto, o por otros a su ruego, si no pueden o no saben hacerlo.
El oficial público debe entregar a los cónyuges, de modo gratuito, copia del acta de
matrimonio y de la libreta de familia expedida por el Registro de Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas.
SE
cc IÓN 2ª
Modalidad extraordinaria de celebración
ARTÍCULO 421.- Matrimonio en artículo de muerte. El oficial público puede cele-
brar matrimonio con prescindencia de todas o de alguna de las formalidades previstas
en la Sección 1ª, cuando se justifica que alguno de los contraye
ntes se encuentra en
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO I – M ATRIMONIO
85
ARTS. 422 – 425
peligro de muerte, con el certificado de un médico y, donde no lo hay, con la declara-
ción de dos personas.
En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, el matrimonio en artículo de muerte puede celebrarse
ante cualquier juez o funcionario judicial, quien debe levantar acta de la celebración,
haciendo constar las circunstancias mencionadas en el artículo 420 con excepción del
inciso f) y remitirla al oficial público para que la protocolice.
ARTÍCULO 422.-
Matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia es aquel en el
cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente, en el lugar en
que se encuentra, ante la autoridad competente para celebrar matrimonios
, según lo
previsto en este Código en las normas de derecho internacional privado.
CAPÍTULO 5
Prueba del matrimonio
ARTÍCULO 423.- Regla general. Excepciones. Posesión de estado . El matrimonio
se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certi
ficado, o con la
libreta de familia expedidos por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede
probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad.
La posesión de estado, por sí sola, no es prueba suficiente para establecer el estado
de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio.
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia d
e las formalida-
des prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la ex
istencia
del matrimonio.
CAPÍTULO 6
Nulidad del matrimonio
ARTÍCULO 424.- Nulidad absoluta. Legitimados. Es de nulidad absoluta el matri-
monio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incis
os a), b),
c), d) y e) del artículo 403.
La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por l
os que podían
oponerse a la celebración del matrimonio.
ARTÍCULO 425.-
Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa:
a. el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso f) d
el ar-
tículo 403; la nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el im
pe –
dimento y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebra-
ción del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír al a
dolescente, y teniendo
en cuenta su edad y grado de madurez hace lugar o no al pedido de nulidad.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

86
ARTS. 426 – 429
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado
con la correspondiente dispensa. La petición de nulidad es inadmisible despué
s
de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal.

b. el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso g)
del ar-
tículo 403. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los có
nyuges si
desconocían el impedimento;
La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedi
mento ha
continuado la cohabitación después de haber recuperado la salud; y en el caso del
cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento.
El plazo para interponer la demanda es de un año, que se computa, par
a el que
sufre el impedimento, desde que recuperó la salud mental, y para el cónyuge sano
desde que conoció el impedimento.
La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la person
a que
padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebració
n del
matrimonio. El plazo para interponer la demanda es de tres meses desde la
celebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los c
ónyuges, y
evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si com
prende el acto que
ha celebrado y cuál es su deseo al respecto.
c. el matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento a que se re-
fiere el artículo 409. La nulidad sólo puede ser demandada por el có
nyuge que ha
sufrido el vicio de error, dolo o violencia. La nulidad no puede ser solicitada si se
ha continuado la cohabitación por más de treinta días después de haber conocido
el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda e
s de
un año desde que cesa la cohabitación.
ARTÍCULO 426.-
Nulidad matrimonial y terceros. La nulidad del matrimonio y la
buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por terceros
que de buena fe hayan contratado con los cónyuges.
ARTÍCULO 427.-
Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe consiste
en la ignorancia o error de hecho excusables y contemporáneos a la celebración del
matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad, o en haber –
lo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un tercero.
ARTÍCULO 428.-
Efectos de la buena fe de ambos cónyuges. Si el matrimonio anu-
lado ha sido contraído de buena fe por ambos cónyuges produce todos los efectos
del matrimonio válido hasta el día en que se declare su nulidad.
La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal supletorio.
Si la nulidad produce un desequilibrio económico de uno ellos en relación con la po-
sición del otro, se aplican los artículos 441 y 442; el plazo se computa a partir de la
sentencia que declara la nulidad.
ARTÍCULO 429.-
Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno solo de
los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los efectos del matrimonio
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO I – M ATRIMONIO
87
ARTS. 430 – 432
válido, pero sólo respecto al cónyuge de buena fe y hasta el día de la sentencia que
declare la nulidad.
La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a:
a. solicitar compensaciones económicas, en la extensión mencionada en
los ar-
tículos 441 y 442; el plazo se computa a partir de la sentencia que d
eclara la
nulidad;
b. revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe;
c. demandar por indemnización de daños y perjuicios al cónyuge de
mala fe y a los
terceros que hayan provocado el error, incurrido en dolo, o ejercido la violencia.
Si los cónyuges hubieran estado sometidos al régimen de comunidad, el de bue-
na fe puede optar:
i. por considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separa-
ción de bienes;
ii. por liquidar los bienes mediante la aplicación de las normas del régimen de
comunidad;
iii. por exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge a efecto
s de dividir
los bienes en proporción a ellos como si se tratase de una sociedad no cons-
tituida regularmente.
ARTÍCULO 430.-
Efectos de la mala fe de ambos cónyuges. El matrimonio anulado
contraído de mala fe por ambos cónyuges no produce efecto alguno.
Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio de los d
erechos de
terceros.
Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los aportes, como
si fuese una sociedad no constituida regularmente.
CAPÍTULO 7
Derechos y deberes de los cónyuges
ARTÍCULO 431.- Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto
de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deb
er moral de fide-
lidad. Deben prestarse asistencia mutua.
ARTÍCULO 432.-
Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida
en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimen-
taria sólo se debe en los supuestos previstos en este Código, o por convención de las
partes.
Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuan-
to sean compatibles.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

88
ARTS. 433 – 434
ARTÍCULO 433.- Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en común
y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimento
s se deben tener en
consideración, entre otras, las siguientes pautas:
a. el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y
sus edades;
b. la edad y el estado de salud de ambos cónyuges;
c. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de qu
ien solicita
alimentos;
d. la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o pro-
fesionales del otro cónyuge;
e. la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar;
f. el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda.
En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra
persona;
g. si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial;
h. si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión
matrimonial y de
la separación;
i. la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia
y durante la
separación de hecho.
El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge
alimentado inicia una unión convivencial, o incurre en alguna de las causales de
indignidad.
ARTÍCULO 434.-
Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias
pueden ser fijadas aun después del divorcio:
a. a favor de quien padece una enfermedad grave prexistente al divorcio que le
impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se t
ransmite a sus
herederos.
b. a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable
de procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos b), c) y e) del artí
culo 433. La
obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el
matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del
artículo 441.
En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si: desaparece la
causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio
o vive en unión
convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad.
Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas
convenidas.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO I – M ATRIMONIO
89
ARTS. 435 – 439
CAPÍTULO 8
Disolución del matrimonio
SE cc IÓN 1ª Causales
ARTÍCULO 435.- Causas de disolución del matrimonio. El matrimonio se disuelve por:
a. muerte de uno de los cónyuges;
b. sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento;
c. divorcio declarado judicialmente. SE cc IÓN 2ª
Proceso de divorcio
ARTÍCULO 436.- Nulidad de la renuncia. Es nula la renuncia de cualquiera de los
cónyuges a la facultad de pedir el divorcio; el pacto o cláusula que restrinja la facultad
de solicitarlo se tiene por no escrito.
ARTÍCULO 437.-
Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a peti-
ción de ambos o de uno solo de los cónyuges.
ARTÍCULO 438.-
Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de divor –
cio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste;
la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición.
Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una
propuesta reguladora distinta.
Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos
en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se
incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por
el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia.
En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de
divorcio.
Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudi-
ca de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestio-
nes pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento
previsto en la ley local.
SE
cc
IÓN 3ª
Efectos del divorcio
ARTÍCULO 439.- Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador debe con-
tener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bi
e-
nes, y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges; al ejercicio de
c?digo civil y comercial de la Naci?n

90
ARTS. 440 – 443
la responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria; todo siempre que
se den los presupuestos fácticos contemplados en esta Sección, en consonancia c
on
lo establecido en este Título y en el Título VII de este Libro.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de
interés de los cónyuges.
ARTÍCULO 440.-
Eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede
exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la
aprobación del convenio.
El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se
ha modificado sustancialmente.
ARTÍCULO 441.-
Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produ-
ce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su
situación y
que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tie
ne derecho a
una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por
tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede p
agarse
con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que
acuerden las partes o decida el juez.
ARTÍCULO 442.-
Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A
falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar
la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas
circunstancias, entre otras:
a. el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la fin
alización de la
vida matrimonial;
b. la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crian
za y educación de
los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio;
c. la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;
d. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del c
ónyuge que
solicita la compensación económica;
e. la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales
del otro cónyuge;
f. la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien
propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon
locativo.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de ha-
berse dictado la sentencia de divorcio.
ARTÍCULO 443.-
Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyuges
puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO II – Ré GIMEN PATRIMONIAL dEL MATRIMONIO
91
ARTS. 444 – 447
de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de dura-
ción y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras:
a. la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos;
b. la persona que está en situación económica más desventajosa
para proveerse de
una vivienda por sus propios medios;
c. el estado de salud y edad de los cónyuges;
d. los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.
ARTÍCULO 444.-
Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A petición
de parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del
inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda; que
el inmueble no
sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble ganancial o propio
en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. La decisió
n produce efec-
tos frente a terceros a partir de su inscripción registral.
Si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario tiene d
erecho a continuar
en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el
obligado al pago
y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato.
ARTÍCULO 445.-
Cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar cesa:
a. por cumplimiento del plazo fijado por el juez;
b. por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación;
c. por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria.
TÍTULO II
Régimen patrimonial del matrimonio
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
SE cc IÓN 1ª Convenciones matrimoniales
ARTÍCULO 446.- Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyu-
ges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos sigui
entes:
a. la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrim
onio;
b. la enunciación de las deudas;
c. las donaciones que se hagan entre ellos;
d. la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este
Código.
ARTÍCULO 447.-
Nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros cón-
yuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

92
ARTS. 448 – 454
ARTÍCULO 448.- Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escri-
tura pública antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir
de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden se
r modificadas
antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura pública. Para
que la opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de terceros, debe
anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
ARTÍCULO 449.-
Modificación de régimen. Después de la celebración del matri-
monio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges.
Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen
patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cambio de
régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el
acta de matrimonio.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo
pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año
a contar desde
que lo conocieron.
ARTÍCULO 450.-
Personas menores de edad. Las personas menores de edad au-
torizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la co
nvención
matrimonial ni ejercer la opción prevista en el artículo 446 inciso d).
SE
cc
IÓN 2ª
Donaciones por razón de matrimonio
ARTÍCULO 451.- Normas aplicables. Las donaciones hechas en las conven ciones
matrimoniales se rigen por las disposiciones r elativas al contrato de donación. Sólo
tienen efecto si el matrimonio se celebra.
ARTÍCULO 452.-
Condición implícita. Las donaciones hechas por terce r os a uno de
los novios, o a ambos, o por uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio
futuro, llevan implícita la condi

ción de que se celebr
e matrimonio válido.
ARTÍCULO 453.-
Oferta de donación. La oferta de donación hecha por terceros a
uno de los novios, o a ambos queda sin efecto si el matrimonio no se con
trae en el
plazo de un año. Se presume aceptada desde que el matrimonio se celebra, si antes
no ha sido revocada.
SE
cc IÓN 3ª
Disposiciones comunes a todos los regímenes
ARTÍCULO 454.- Aplicación. Inderogabilidad. Las disposiciones de esta Sección se
aplican, cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa
en las normas referentes a un régimen específico.
Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al ma
trimonio,
excepto disposición expresa en contrario.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO II – Ré GIMEN PATRIMONIAL dEL MATRIMONIO
93
ARTS. 455 – 460
ARTÍCULO 455.- Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio
sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos.
Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capa-
cidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven co
n ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judi-
cialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el
hogar es computable como contribución a las cargas.
ARTÍCULO 456.-
Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges pue-
de, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar,
ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no
ha dado su asenti

miento puede demandar la nulidad del acto o la r
estitución de los
muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no
más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimo

nial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas des
pués de la ce

–
lebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cóny
uges conjun-
tamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
ARTÍCULO 457.-
Requisitos del asentimiento. En todos los casos en que se requiere
el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe
versar sobre el acto en sí y sus elemen

tos constitu

tivos.
AR

TÍCULO 458.-
Autorización judicial. Uno de los cónyuges puede ser autorizado
judicialmente a otorgar un acto que requiera el asenti
miento del otr
o, si éste está
ausente, es persona incapaz, está transito

riamente impedido de expr
e
sar su voluntad,
o si su nega

tiva no está justificada por el inter
és de la familia. El acto otorgado con
autorización judi

cial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otor
gó, pero
de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo.
ARTÍCULO 459.-
Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar poder al
otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matri
monial le
atribuye, per

o no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se apl
ica
el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones.
Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a r
endir cuentas de
los frutos y rentas percibidos.
ARTÍCULO 460.-
Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente o
impedido transito

riamente de expr

esar su voluntad, el otro puede ser judicialmente
autorizado para represen

tarlo, sea de modo general o para ciertos actos en particular
,
en el ejerci

cio de las facultades

resul

tantes del r
égimen matrimonial, en la extensión
fijada por el juez.
A falta de mandato expreso o de autorización judicial, a los actos otorga

dos por uno
en r

epresenta

ción del otr

o se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión
de negocios, según sea el caso.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

94
ARTS. 461 – 464
ARTÍCULO 461.- Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solida riamente
por las obliga

cio

nes contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades or
di-
narias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de co
nformidad con lo
dispuesto en el artículo 455.
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, nin-
guno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro.
ARTÍCULO 462.-
Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y dis-
posición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce indi-
vidualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con terceros de buena fe, son
válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar
o de los objetos
destina

dos al uso personal del otr

o cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión.
En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de ca-
ducidad de seis meses de haber conocido el acto y no más allá de s
eis meses de la
extinción del régimen matrimonial.
CAPÍTULO 2
Régimen de comunidad
SE cc IÓN 1ª Disposiciones generales
ARTÍCULO 463.- Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención ma-
trimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del
matrimonio al
régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este Capítulo. No puede esti-
pularse que la comuni

dad comience antes o después, excepto el caso de cambio de
r

égimen matrimonial previsto en el artículo 449. SE
cc IÓN 2ª
Bienes de los cónyuges
ARTÍCULO 464.- Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
a. los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la
posesión al tiempo de la inicia
ción de la comunidad;
b. los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque
sea conjuntamente por ambos, y excepto la recom
pensa
debida a la comunidad
por los cargos soportados por ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios
por mitades, excepto que el testador o el donan
te hayan designado partes deter-
minadas.
No son propios los bienes recibidos por donaciones remunerato rias, excepto que
los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación
de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equi
tativa
remune

ración de los servicios r
ecibidos, la comunidad debe recom
pensa al dona
–
tario por el exceso;
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO II – Ré GIMEN PATRIMONIAL dEL MATRIMONIO
95
A R T. 464
c. los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero
propio, o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio
de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es
ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario;
d. los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimo nio de uno de los cón-
yuges a otro bien propio;
e. los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas;
f. las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que
faltan por cualquier causa. Sin embar
go, si se ha mejorado la calidad del ganado
origina

rio, las crías son gananciales y la comunidad
debe al cónyuge propietario
recom

pensa por el valor del ganado pr
opio aportado;
g. los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho
de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciació
n;
h. los adquiridos en virtud de un acto ante rior a la comunidad viciado de nulidad
relativa, confirmado durante ella;
i. los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
j. los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recom pensa
debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisi
ciones
hechas con
dinero de ella;
k. las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyug
e que ya era pro-
pietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o qu
e la
adquirió durante ésta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros
acreci

mientos de los valor
es mobiliarios propios, sin perjuicio de la recom
pensa
debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de ésta par
a la ad

–
quisición;
l. la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adqui rió antes del comien –
zo de la comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bie-
nes gravados con otros derechos reales que se extinguen durante la comunidad,
sin perjuicio del derecho a recompen

sa si para extinguir el usufructo o los otr
os
derechos reales se emplean bienes gananciales;
m. las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjui
cio de
la recompensa debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con
bienes de ésta; y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profe

sión, sin per-
juicio de la r

ecompensa debida a la comunidad si fueron adquiridos con bienes
ganancia
les;
n. las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño fí
sico cau-
sado a la persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a
ingresos que habrían sido gananciales;
c?digo civil y comercial de la Naci?n

96
A R T. 465
ñ. el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carác-
ter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y, en general, todos
los derechos inherentes a la persona;
o. la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual h
a sido publi –
cada o interpr
etada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el in-
vento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del
comienzo de la comunidad.
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor.
ARTÍCULO 465.-
Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
a. los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la
comuni
dad por uno u otr
o de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre
que no estén incluidos en la enunciación del artículo 464;
b. los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego,
apuestas, o hallazgo de tesoro;
c. los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, de-
vengados durante la comunidad;
d. los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cón-
yuge, devengados durante la comunidad;
e. lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufruc-
to de carácter propio;
f. los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por
permuta con
otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión
del producto de la venta de bienes gananciales, sin perjuicio de la recompensa
debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio propio.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien es
propio, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad;
g. los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial;
h. los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias,
extraídos durante la comunidad;
i. las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales
que faltan por cualquier causa y las crías de los ganados propios que excedan el
plantel original;
j. los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorpo –
rarlos al patrimonio había sido adquirido a título oner
oso durante ella;
k. los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto vicia-
do de nulidad relativa, confirmado después de la disolución de aquélla;
l. los originariamente gananciales que vuelven al patrimo nio ganancial del cónyuge
por nulidad, r esolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
Infojus – Sistema Argentino de Información Jurídica

LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO II – Ré GIMEN PATRIMONIAL dEL MATRIMONIO
97
ARTS. 466 – 469
m. los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio
de la recom-
pensa debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones h
echas con
sus bienes propios;
n. las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyug
e que ya era pro-
pietario de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al ex
tinguirse la
comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse
inverti
do bienes pr
opios de éste para la adquisición;
ñ. la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso
durante la comunidad, si el usufructo se consolida después de su exti
nción, así
como la de los bienes gravados con derechos reales que se extinguen después de
aquélla, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los
otros derechos reales se emplean bienes propios.
No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge,
incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la
recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta.
ARTÍCULO 466.-
Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto
prueba en contrario, que son ganan

cia

les todos los bienes existen

tes al momento
de la extinción de la comunidad. Respecto de ter

ceros, no es suficiente prueba del
carácter propio la confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adqui
–
ridos

durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesa-
rio que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose
su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener,
o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter
propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumen

to del cual
r

esulta el título de adquisi

ción. El adquir

ente también puede pedir esa declaración
judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisic
ión.
SE
cc
IÓN 3ª
Deudas de los cónyuges
ARTÍCULO 467.- Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus
acreedores con todos sus bienes propios y los ganan
ciales por él adquiri

dos.
Por los gastos de conservación y r

eparación de los bienes gananciales responde
también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.
ARTÍCULO 468.-
Recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con
fondos gananciales, debe recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al
cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad.
SE
cc IÓN 4ª
Gestión de los bienes en la comunidad
ARTÍCULO 469.- Bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre adminis-
tración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

98
ARTS. 470 – 475
ARTÍCULO 470.- Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes
gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:
a. los bienes registrables;
b. las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las
autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación
del artículo 1824.
c. las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior;

d. los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.
También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los inci-
sos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los artícu
los 456 a 459.
ARTÍCULO 471.-
Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición
de los bienes adquiri

dos conjuntamente por los cónyuges corr
esponde en conjunto a
ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte correspondien

te a cada uno. En
caso de disenso entr

e ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se lo
autorice judicialmente en los térmi

nos del artículo 458.
A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos
anterior

es.
A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este artícu-
lo. Si alguno de los cónyuges solicita la división de un condomini
o, el juez de la causa
puede negarla si afecta el interés familiar.
ARTÍCULO 472.-
Ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges
por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justifi-
car la propiedad exclusiva.
ARTÍCULO 473.-
Fraude. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorga dos por uno
de ellos dentro de los límites de sus faculta
des per
o con el propósito de defraudarlo.
ARTÍCULO 474.-
Administración sin mandato expreso. Si uno de los cónyu ges ad-
ministra los bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato o
de la gestión de negocios, según sea el caso.
SE
cc
IÓN 5ª
Extinción de la comunidad
ARTÍCULO 475.- Causas. La comunidad se extingue por:
a. la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges;
b. la anulación del matrimo nio putativo;
c. el divorcio;
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO II – Ré GIMEN PATRIMONIAL dEL MATRIMONIO
99
ARTS. 476 – 481
d. la separación judicial de bienes;
e. la modificación del régimen matrimo nial con venido.
AR
TÍCULO 476.-
Muerte real y presunta. La comunidad se extingue por muerte de
uno de los cónyuges. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la
extinción se retrotraen al día presuntivo del fallecimiento.
ARTÍCULO 477.-
Separación judicial de bienes. La separación judi cial de bienes
puede ser solicita

da por uno de los cónyuges:
a. si la mala admi nistración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual dere-
cho sobre los bienes ganancia
les;
b. si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyu ge;
c. si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d. si por incapacidad o excusa de uno de los cónyu ges, se designa curador del otr o
a un tercero.
ARTÍCULO 478.-
Exclusión de la subrogación. La acción de separación de bienes no
puede ser promovi

da por los acr

eedores del cónyuge por vía de subrogación.
ARTÍCULO 479.-
Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes
se pueden solicitar las medidas previstas en el artículo 483.
ARTÍCULO 480.-
Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio
o la separa

ción de bienes pr

oducen la extinción de la comunidad con efecto retroac –
tivo al día de la notificación de la demanda o de la petición
conjunta de los cónyuges.
Si la separación de hecho sin voluntad de unirse pr

ecedió a la anulación del matrimo-
nio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación.
El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia
de fraude o abuso del derecho.
En todos los casos, quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no
sean adquirentes a título gratuito.
En el caso de sepa

ración

judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régi –
men establecido en los artículos 505, 506, 507 y 508. SE

cc
IÓN 6ª
Indivisión postcomunitaria
ARTÍCULO 481.- Reglas aplicables. Extinguido el régimen por muerte de uno de los
cónyuges, o producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunit
a-
ria se aplican las reglas de la indivisión hereditaria.
Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige po
r los artículos si-
guientes de esta Sección.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

100
ARTS. 482 – 488
ARTÍCULO 482.- Reglas de administración. Si durante la indivisión postcomunitaria
los ex cónyuges no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes
indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad, en cuanto no sean modifi-
cadas en esta Sección.
Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al ot
ro, con antelación
razonable, su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria
de los bienes indivisos. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyec-
tado vulnera sus derechos.
ARTÍCULO 483.-
Medidas protectorias. En caso de que se vean afectados sus inte-
reses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevean los proce-
dimientos locales, las siguientes:
a. la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el con-
sentimiento del otro, si la negativa es injustificada;
b. su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro; su
desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administrac
ión de la
herencia.
ARTÍCULO 484.-
Uso de los bienes indivisos. Cada copartícipe puede usar y dis-
frutar de los bienes indivisos conforme a su destino, en la medida compa
tible con el
derecho del otro.
Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez.
El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la
convenida, solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición feha-
ciente, y en beneficio del oponente.
ARTÍCULO 485.-
Frutos y rentas. Los frutos y rentas de los bienes indi visos acr ecen a
la indivisión. El copropietario que los percibe debe rendición de cuentas, y el que tie-
ne el uso o goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una co
mpensación
a la masa desde que el otro la solicita.
ARTÍCULO 486.-
Pasivo. En las relaciones con terceros acreedores, durante la indivi-
sión postcomunitaria se aplican las normas de los artículos 461, 4
62 y 467 sin perjuicio
del derecho de éstos de subro

garse en los der
echos de su deudor para solicitar la
parti

ción de la masa común.
AR

TÍCULO 487.-
Efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no pue-
de perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del pa-
trimonio de su deudor.
SE
cc
IÓN 7ª
Liquidación de la comunidad
ARTÍCULO 488.- Recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su liquida-
ción. A tal fin, se establece la cuenta de las recompen
sas que la comunidad debe a
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO II – Ré GIMEN PATRIMONIAL dEL MATRIMONIO
101
ARTS. 489 – 493
cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, según las reglas de los artículos
siguientes.
ARTÍCULO 489.-
Cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad:
a. las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas en el artículo
siguien te;
b. el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y
los alimentos que cada uno está obligado a dar;
c. las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aun la de bie-
nes propios si están destinados a su establecimiento o colocación;
d. los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
ARTÍCULO 490.-
Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los cón-
yuges:
a. las contraídas antes del comienzo de la comunidad;
b. las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cón-
yuges;
c. las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios;
d. las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a
un tercero, sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial;
e. las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales.
ARTÍCULO 491.-
Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al cónyu-
ge si se ha beneficiado en detrimento del patrimo
nio pr
opio, y el cónyuge a la comu-
nidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad.
Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título
oneroso sin reinvertir su precio se presume, excepto prueba en contrario, que lo per –
cibido ha beneficiado a la comuni

dad.
Si la participación de carácter pr

opio de uno de los cónyuges en una sociedad ad-
quiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante l
a comunidad,
el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a los
fondos de comercio.
ARTÍCULO 492.-
Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la
invoca, y puede ser hecha por cualquier medio probato
rio.
AR

TÍCULO 493.-
Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores
que representan la erogación y el provecho subsis
tente para el cónyuge o para la co
–
munidad, al día de su extin

ción, apr
eciados en valores constantes. Si de la erogación
no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aqué
lla.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

102
ARTS. 494 – 502
ARTÍCULO 494.- Valuación de las recompensas. Los bienes que originan recompen-
sas se valúan según su estado al día de la disolución del régimen y según su valor al
tiempo de la liquidación.
ARTÍCULO 495.-
Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas adeudadas
por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta a aquél,
el saldo en favor de
la comunidad debe colacionarlo a la masa común, y el saldo en favor d
el cónyuge le
debe ser atri

buido a éste sobr

e la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la parti

ción se atribuye un cr
édito a
un cónyuge contra el otro.
SE
cc IÓN 8ª
Partición de la comunidad
ARTÍCULO 496.- Derecho de pedirla. Disuelta la comunidad, la partición puede ser
solicitada en todo tiempo, excepto disposición legal en contrario.
ARTÍCULO 497.-
Masa partible. La masa común se integra con la suma de los activos
gananciales líquidos de uno y otro cónyuge.
ARTÍCULO 498.-
División. La masa común se divide por partes iguales entre los
cónyuges

, sin consideración al monto de los bienes pr
opios ni a la contribución de
cada uno a la adquisi

ción de los gananciales. Si se pr
oduce por muerte de uno de los
cónyuges, los herederos reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese
correspondido al causante. Si todos los interesados son plenamente capaces, se apli-
ca el convenio libremente acordado.
ARTÍCULO 499.-
Atribución preferencial. Uno de los cónyuges puede solicitar la atri-
bución prefe

r

encial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística,
de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, del establecimiento
comer
cial, industrial o agr

opecuario por él adquirido o formado que constituya una
unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la
extinción de la comu-
nidad, aunque excedan de su parte en ésta, con cargo de pagar en dinero la diferencia
al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede
conce

der plazos para el pago si ofr

ece garan
tías suficientes.
AR

TÍCULO 500.-
Forma de la partición. El inventario y división de los bienes se ha-
cen en la forma prescripta para la partición de las herencias.
ARTÍCULO 501.-
Gastos. Los gastos a que dé lugar el inventario y divi sión de los bie –
nes de la comunidad están a cargo de los cónyuges, o del supérstite y los herederos
del premuerto, a prorrata de su participación en los bienes.
ARTÍCULO 502.-
Responsabilidad posterior a la partición por deudas anterio r es.
Des

pués de la partición, cada uno de los cónyu

ges r

espon

de fr

ente a sus acreedo

r

es
por las deudas contraídas con anteriori

dad con sus bienes pr

opios y la porción que se
le adjudicó de los gananciales.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO III – U NIONES cONVIVEN cIALES
103
ARTS. 503 – 509
ARTÍCULO 503.- Liquidación de dos o más comunidades. Cuando se ejecute si-
multáneamente la liquida

ción de dos o más comunida

des contraídas por una misma
persona, se admite toda clase de prue

bas, a falta de inventarios, para determinar la
participación de cada una. En caso de duda, los bienes se atribuyen a
cada una de las
comunidades en pr

oporción al tiempo de su duración.
ARTÍCULO 504.-
Bigamia. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, el
primero tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimo-
nio, y el segundo a la mitad de la masa ganancial formada por él y el
bígamo hasta la
notifica

ción de la demanda de nulidad.
CAPÍTULO 3
Régimen de separación de bienes
ARTÍCULO 505.- Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, cada
uno de los cónyuges conserva la libre administra
ción y disposición de sus bienes perso
–
nales, excepto lo dispuesto en el artículo 456.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto
en el artículo 461.
ARTÍCULO 506.-
Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como
de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de
un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusi

va no se
pueda demostrar

, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condomi

nio
entre ellos, el juez
puede negarla si afecta el interés familiar.
ARTÍCULO 507.-
Cese del régimen. Cesa la separación de bienes por la disolución
del matrimonio y por la modificación del régimen convenido entre los cónyuges.
ARTÍCULO 508.-
Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de
acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los
bienes indivisos se hace en la forma pres

cripta para la parti

ción de las her
en
cias.
TÍTULO III
Uniones convivenciales
CAPÍTULO 1
Constitución y prueba
ARTÍCULO 509.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Título se aplican a
la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y
permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común,
sean del mismo o de diferente sexo.
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104
ARTS. 510 – 515
ARTÍCULO 510.- Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por
este Título a las uniones convivenciales requiere que:
a. los dos integrantes sean mayores de edad;
b. no estén unidos por v ínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni
colateral hasta el segundo grado;
c. no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta;
d. no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera
simultánea;
e. mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años
.
ARTÍCULO 511.-
Registración. La existencia de la unión convivencial, su extinción y
los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro
que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios.
No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación
de la preexistente.
La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos
integrantes.
ARTÍCULO 512.-
Prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede acre-
ditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones convi-
venciales es prueba suficiente de su existencia.
CAPÍTULO 2
Pactos de convivencia
ARTÍCULO 513.- Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las disposiciones
de este Título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes.
Este pac-
to debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto e
n los artículos
519, 520, 521 y 522.
ARTÍCULO 514.-
Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de convivencia
pueden regular, entre otras cuestiones:
a. la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común;
b. la atribución del hogar común, en caso de ruptura;
c. la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de
la convivencia.
ARTÍCULO 515.-
Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al or –
den público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afec
tar los derechos
fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivenci
al.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO III – U NIONES cONVIVEN cIALES
105
ARTS. 516 – 522
ARTÍCULO 516.- Modificación, rescisión y extinción. Los pactos pueden ser modifi-
cados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes.
El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro.
ARTÍCULO 517.-
Momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto
de los terceros.
Los pactos, su modificación y rescisión son oponibles a los terceros
desde su inscripción en el registro previsto en el artículo 511 y en los registros que
correspondan a los bienes incluidos en estos pactos.
Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que
se inscribió en esos registros cualquier instrumento que constate la ruptura.
CAPÍTULO 3
Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia
ARTÍCULO 518.- Relaciones patrimoniales. Las relaciones económicas entre los inte-
grantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convive
ncia.
A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de admi-
nistración y disposición de los bienes de su titularidad, con la r
estricción regulada en
este Título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables
que se encuentren en ella.
ARTÍCULO 519.-
Asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la convi-
vencia.
ARTÍCULO 520.-
Contribución a los gastos del hogar. Los convivientes tienen obli-
gación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo
dispuesto en el
artículo 455.
ARTÍCULO 521.-
Responsabilidad por las deudas frente a terceros. Los convivien-
tes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraí-
do con terceros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 461.
ARTÍCULO 522.-
Protección de la vivienda familiar. Si la unión convivencial ha sido
inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del ot
ro, disponer de
los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni
transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposic
ión del bien si es
prescindible y el interés familiar no resulta comprometido.
Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede
demandar la
nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y
siempre que continuase la convivencia.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas des
pués de la ins-
cripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraí
das por ambos con-
vivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
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106
ARTS. 523 – 525
CAPÍTULO 4
Cese de la convivencia. Efectos
ARTÍCULO 523.- Causas del cese de la unión convivencial. La unión convivencial cesa:
a. por la muerte de uno de los convivientes;
b. por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los
convivientes;
c. por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;
d. por el matrimonio de los convivientes;
e. por mutuo acuerdo;
f. por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehac
ientemente
al otro;
g. por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la conviv
encia no
implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que
permanezca la voluntad de vida en común.
ARTÍCULO 524.-
Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente
que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su
situa-
ción económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura,
tiene derecho a
una compensación. Ésta puede consistir en una prestación única o en una renta por un
tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unió
n convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier
otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez.
ARTÍCULO 525.-
Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. El
juez determina la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la
base de diversas circunstancias, entre otras:
a. el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la fi
nalización
de la unión;
b. la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la cria
nza y educación de
los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese;
c. la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos;
d. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del c
onviviente
que solicita la compensación económica;
e. la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales
del otro conviviente;
f. la atribución de la vivienda familiar.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de ha-
berse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia
enumera-
das en el artículo 523.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO IV – P ARENTES c O
107
ARTS. 526 – 529
ARTÍCULO 526.- Atribución del uso de la vivienda familiar. El uso del inmueble que
fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los co
nvivientes en los
siguientes supuestos:
a. si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringi-
da, o con discapacidad;
b. si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela
en forma inmediata.
El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exced
er de dos años a
contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 523.
A petición de parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por
el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda; que el
inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de am-
bos; que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido ni
liquidado.
La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral.
Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a con-
tinuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al
pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato.
El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445.
ARTÍCULO 527.-
Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convi-
vientes.
El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes
suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación
gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del cau-
sante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura
de la sucesión no se
encontraba en condominio con otras personas.
Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
Se extingue si el conviviente sup
é rstite constituye una nueva uni ó n convivencial, con-
trae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para
acceder a ésta.
ARTÍCULO 528.-
Distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes adquiridos
durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio
de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la
interposición de personas y otros que puedan corresponder.
TÍTULO IV
Parentesco
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
ARTÍCULO 529.- Concepto y terminología. Parentesco es el vínculo jurídico exis-
tente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana
asistida, la adopción y la afinidad.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

108
ARTS. 530 – 536
Las disposiciones de este Código que se refieren al parentesco sin distinción se apli-
can sólo al parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida
y por adopción, sea en línea recta o colateral.
ARTÍCULO 530.-
Elementos del cómputo. La proximidad del parentesco se estable-
ce por líneas y grados.
ARTÍCULO 531.-
Grado. Línea. Tronco. Se llama:
a. grado, al vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas;
b. línea, a la serie no interrumpida de grados;
c. tronco, al ascendiente del cual parten dos o más líneas;
d. rama, a la línea en relación a su origen.
ARTÍCULO 532.-
Clases de líneas. Se llama línea recta a la que une a los ascendientes
y los descendientes; y línea colateral a la que une a los descendient
es de un tronco
común.
ARTÍCULO 533.-
Cómputo del parentesco. En la línea recta hay tantos grados como
generaciones. En la colateral los grados se cuentan por generaciones, su
mando el
número de grados que hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo paren-
tesco se quiere computar y el ascendiente común.
ARTÍCULO 534.-
Hermanos bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los
que tienen los mismos padres. Son hermanos unilaterales los que proceden de un
mismo ascendiente en primer grado, difiriendo en el otro.
ARTÍCULO 535.-
Parentesco por adopción. En la adopción plena, el adoptado ad-
quiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes
de éste.
La adopción simple sólo crea vínculo de parentesco entre el adoptado y el adop-
tante.
En ambos casos el parentesco se crea con los límites determinados por este Código y
la decisión judicial que dispone la adopción.
ARTÍCULO 536.-
Parentesco por afinidad. Cómputo. Exclusión. El parentesco por
afinidad es el que existe entre la persona casada y los parientes de su cónyuge.
Se computa por el número de grados en que el cónyuge se encuentra respecto de
esos parientes.
El parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre los parientes de uno
de los cónyuges y los parientes del otro.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO IV – P ARENTES c O
109
ARTS. 537 – 544
CAPÍTULO 2
Deberes y derechos de los parientes
SE cc IÓN 1ª Alimentos
ARTÍCULO 537.- Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden:
a. los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente
los más próximos en grado;
b. los hermanos bilaterales y unilaterales.
En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejo-
res condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de
hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes,
según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado.
ARTÍCULO 538.-
Parientes por afinidad. Entre los parientes por afinidad únicamente
se deben alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado.
ARTÍCULO 539.-
Prohibiciones. La obligación de prestar alimentos no puede ser
compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, re-
nuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto
de alimentos.
ARTÍCULO 540.-
Alimentos devengados y no percibidos. Las prestaciones alimen-
tarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, renunciarse o transmitirse a
título oneroso o gratuito.
ARTÍCULO 541.-
Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de alimen-
tos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asist
encia
médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus ne-
cesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el al
imentado es una
persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación.
ARTÍCULO 542.-
Modo de cumplimiento. La prestación se cumple mediante el pago
de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar que se lo autorice a solven-
tarla de otra manera, si justifica motivos suficientes.
Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y sucesiva pero, según las
circunstancias, el juez puede fijar cuotas por períodos más cortos.

ARTÍCULO 543.-
Proceso. La petición de alimentos tramita por el proceso más breve
que establezca la ley local, y no se acumula a otra pretensión.
ARTÍCULO 544.-
Alimentos provisorios. Desde el principio de la causa o en el trans-
curso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y tam-
bién las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

110
ARTS. 545 – 554
ARTÍCULO 545.- Prueba. El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan
los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos
con su trabajo,
cualquiera que sea la causa que haya generado tal estado.
ARTÍCULO 546.-
Existencia de otros obligados. Incumbe al demandado la carga de
probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición
de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama
a varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de
los restantes,
a fin de que la condena los alcance.
ARTÍCULO 547.-
Recursos. El recurso contra la sentencia que decreta la prestación
de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser
obligado a prestar fianza o caución alguna de devolver lo recibido si la sentencia es
revocada.
ARTÍCULO 548.-
Retroactividad de la sentencia. Los alimentos se deben desde el
día de la interposición de la demanda o desde la interpelación
al obligado por medio
fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro desde los seis meses de la
interpelación.
ARTÍCULO 549.-
Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de los ali-
mentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros obligados, en proporción
a lo que a cada uno le corresponde.
ARTÍCULO 550.-
Medidas cautelares. Puede disponerse la traba de medidas caute-
lares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o conveni-
dos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes.
ARTÍCULO 551.-
Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente respon-
sable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar
la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor.
ARTÍCULO 552.-
Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento
en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran
los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se
adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 553.-
Otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede im-
poner al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medi-
das razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.
ARTÍCULO 554.-
Cese de la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria:
a. si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad;
b. por la muerte del obligado o del alimentado;
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO V – F ILIA cIÓN
111
ARTS. 555 – 559
c. cuando desaparecen los presupuestos de la obligación.
La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedi-
miento más breve que prevea la ley local.
SE
cc IÓN 2ª
Derecho de comunicación
ARTÍCULO 555.- Legitimados. Oposición. Los que tienen a su cargo el cuidado de
personas menores de edad, con capacidad restringida, o enfermas o imposibilita-
das, deben permitir la comunicación de estos con sus ascendientes, de
scendientes,
hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer
grado. Si se
deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de lo
s in-
teresados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve
que prevea la ley local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más con-
veniente de acuerdo a las circunstancias.
ARTÍCULO 556.-
Otros beneficiarios. Las disposiciones del artículo 555 se aplican en
favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo.
ARTÍCULO 557.-
Medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer
al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación estable-
cido por sentencia o convenio homologado medidas razonables para asegura
r su
eficacia.
TÍTULO V
Filiación
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
ARTÍCULO 558.- Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos. La filiación puede
tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por
adopción.
La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnica
s de reproducción huma-
na asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las
disposiciones de este Código.
Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualqu
iera sea la naturaleza
de la filiación.
ARTÍCULO 559.-
Certificado de nacimiento. El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas sólo debe expedir certificados de nacimiento que se
an redactados en
forma tal que de ellos no resulte si la persona ha nacido o no durante el matrimonio,
por técnicas de reproducción humana asistida, o ha sido adoptada.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

112
ARTS. 560 – 565
CAPÍTULO 2
Reglas generales relativas a la filiación por técnicas
de reproducción humana asistida
ARTÍCULO 560.- Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asisti-
da.
El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado
y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana
asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización
de gametos o embriones.
ARTÍCULO 561.-
Forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de di-
cho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones espe-
ciales, para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la
autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente
revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implanta-
ción del embrión.
ARTÍCULO 562.-
Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproduc-
ción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que tam-
bién ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los
artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos
.
ARTÍCULO 563.-
Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas
de reproducción asistida.
La información relativa a que la persona ha nacido por el
uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe
constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento.
ARTÍCULO 564.-
Contenido de la información. A petición de las personas nacidas a
través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede:
a. obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos
del donante, cuando es relevante para la salud;
b. revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, eva
luadas
por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local.
CAPÍTULO 3
Determinación de la maternidad
ARTÍCULO 565.- Principio general. En la filiación por naturaleza, la maternidad se
establece con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.
La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un certificado del médi-
co, obstétrica o agente de salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer a
quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser
notificada a la
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO V – F ILIA cIÓN
113
ARTS. 566 – 569
madre, excepto que sea ella quien la solicita o que quien denuncia el nacimi
ento sea
su cónyuge.
Si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, la inscripción de la ma-
ternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en
los ordenamientos relativos al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
CAPÍTULO 4
Determinación de la filiación matrimonial
ARTÍCULO 566.- Presunción de filiación. Excepto prueba en contrario, se presumen
hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta
los trescientos días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad
del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte.
La presunción no rige en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida si
el o la cónyuge no prestó el correspondiente consentimiento previo, informado y libre
según lo dispuesto en el Capítulo 2 de este Título.
ARTÍCULO 567.-
Situación especial en la separación de hecho. Aunque falte la
presunción de filiación en razón de la separación de hecho d
e los cónyuges, el nacido
debe ser inscripto como hijo de éstos si concurre el consentimiento de ambos, haya
nacido el hijo por naturaleza o mediante el uso de técnicas de reproducción humana
asistida. En este último caso, y con independencia de quién aportó
los gametos, se
debe haber cumplido además con el consentimiento previo, informado y libre y de-
más requisitos dispuestos en la ley especial.
ARTÍCULO 568.-
Matrimonios sucesivos. Si median matrimonios sucesivos de la mu-
jer que da a luz, se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la
disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebra-
ción del segundo, tiene vínculo filial con el primer cónyuge;
y que el nacido dentro
de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los
ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene vínculo
filial con el segundo
cónyuge.
Estas presunciones admiten prueba en contrario.
ARTÍCULO 569.-
Formas de determinación. La filiación matrimonial queda determi-
nada legalmente y se prueba:
a. por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y por la prueba del matrimonio, de conformidad con las disposic
iones
legales respectivas;
b. por sentencia firme en juicio de filiación;
c. en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, por el consenti-
miento previo, informado y libre debidamente inscripto en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

114
ARTS. 570 – 576
CAPÍTULO 5
Determinación de la filiación extramatrimonial
ARTÍCULO 570.- Principio general. La filiación extramatrimonial queda determinada por
el reconocimiento, por el consentimiento previo, informado y libre al uso de las técnicas
de reproducción humana asistida, o por la sentencia en juicio de filiació
n que la declare tal.
ARTÍCULO 571.-
Formas del reconocimiento. La paternidad por reconocimiento del
hijo resulta:
a. de la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capaci-
dad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o poster
iormente;
b. de la declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reco-
nocido;
c. de las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque e
l reconoci-
miento se efectúe en forma incidental.
ARTÍCULO 572.-
Notificación del reconocimiento. El Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas debe notificar el reconocimiento a la madre y al hijo o su
representante legal.
ARTÍCULO 573.-
Caracteres del reconocimiento. El reconocimiento es irrevocable,
no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere
aceptación del hijo.
El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo
formula, ni a los demás ascendientes de su rama, excepto que haya hab
ido posesión
de estado de hijo.
ARTÍCULO 574.-
Reconocimiento del hijo por nacer. Es posible el reconocimiento
del hijo por nacer, quedando sujeto al nacimiento con vida.
ARTÍCULO 575.-
Determinación en las técnicas de reproducción humana asistida.
En los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, la determinación de la
filiación se deriva del consentimiento previo, informado y libre, prestado de conformi-
dad con lo dispuesto en este Código y en la ley especial.
Cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos de terceros, no se genera
vínculo jurídico alguno con éstos, excepto a los fines de los
impedimentos matrimo-
niales en los mismos términos que la adopción plena.
CAPÍTULO 6
Acciones de filiación. Disposiciones generales
ARTÍCULO 576.- Caracteres. El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se
extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimo-
niales ya adquiridos están sujetos a prescripción.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO V – F ILIA cIÓN
115
ARTS. 577 – 582
ARTÍCULO 577.- Inadmisibilidad de la demanda. No es admisible la impugnación
de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso
de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento
previo, informado y libre a dichas técnicas, de conformidad con este Código y la ley
especial, con independencia de quién haya aportado los gametos. No es
admisible
el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo
filial respecto de éste.
ARTÍCULO 578.-
Consecuencia de la regla general de doble vínculo filial. Si se
reclama una filiación que importa dejar sin efecto una anteriormente
establecida,
debe previa o simultáneamente, ejercerse la correspondiente acción de impugnación.
ARTÍCULO 579.-
Prueba genética. En las acciones de filiación se admiten toda clase
de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a peti-
ción de parte.
Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las
partes, los estudios
se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segun-
do grado; debe priorizarse a los más próximos.
Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa
como indicio
grave contrario a la posición del renuente.
ARTÍCULO 580.-
Prueba genética post mortem. En caso de fallecimiento del pre-
sunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progeni-
tores naturales de éste.
Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la e
xhumación
del cadáver.
El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 581.-
Competencia. Cuando las acciones de filiación sean ejercidas por
personas menores de edad o con capacidad restringida, es competente el juez del
lugar donde el actor tiene su centro de vida o el del domicilio del demandado, a
elección del actor.
CAPÍTULO 7
Acciones de reclamación de filiación
ARTÍCULO 582.- Reglas generales. El hijo puede reclamar su filiación matrimonial
contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en el Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas. La acción debe entablarse contra los cónyuges conjun-
tamente.
El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes considere
sus progenitores.
En caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus
herederos.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

116
ARTS. 583 – 588
Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos
pueden continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo
hubiese muerto en
la menor edad o siendo persona incapaz. Si el hijo fallece antes de tran
scurrir un año
computado desde que alcanzó la mayor edad o la plena capacidad, o dur
ante el
primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya
de fundar la
demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que falte para
completar dichos plazos.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana
asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con indepen-
dencia de quienes hayan aportado los gametos.
ARTÍCULO 583.-
Reclamación en los supuestos de filiación en los que está de
–
terminada solo la maternidad.
En todos los casos en que un niño o niña aparezca
inscripto sólo con filiación materna, el Registro Civil debe comunicar al Ministerio Pú-
blico, el cual debe procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento
del hijo por el presunto padre. A estos fines, se debe instar a la madre a suministrar el
nombre del presunto padre y toda información que contribuya a su individualización
y paradero. La declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo
juramento; previamente se hace saber a la madre las consecuencias jurídicas que se
derivan de una manifestación falsa.
Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe u oficial
del Registro
Civil debe citar a la madre e informarle sobre los derechos del niño y los correlativos
deberes maternos, de conformidad con lo dispuesto en la ley especial. Cumplid
a esta
etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio Público para promover acción judicial.
ARTÍCULO 584.-
Posesión de estado. La posesión de estado debidamente acredi-
tada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvir-
tuada por prueba en contrario sobre el nexo genético.
ARTÍCULO 585.-
Convivencia. La convivencia de la madre durante la época de la concep-
ción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposici
ón fundada.
ARTÍCULO 586.-
Alimentos provisorios. Durante el proceso de reclamación de la fi-
liación o incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos
provisorios contra el
presunto progenitor, de conformidad a lo establecido en el Título VII del Libro Segundo.
ARTÍCULO 587.-
Reparación del daño causado. El daño causado al hijo por la falta
de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el Capítulo 1 del
Título V de Libro Tercero de este Código.
CAPÍTULO 8
Acciones de impugnación de filiación
ARTÍCULO 588.- Impugnación de la maternidad. En los supuestos de determinación
de la maternidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565,
el vínculo filial
puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Esta
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO V – F ILIA cIÓN
117
ARTS. 589 – 591
acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo, la madre, el o la cónyuge y
todo tercero que invoque un interés legítimo.
La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que
se conoció la sustitución o incertidumbre sobre la identidad del hijo. El hijo puede
iniciar la acción en cualquier tiempo.
En los supuestos de filiación por técnicas de reproducción humana asistida la falta
de vínculo genético no puede invocarse para impugnar la maternidad
, si ha mediado
consentimiento previo, informado y libre.
ARTÍ CULO 589.-
Impugnación de la filiación presumida por la ley. El o la c ónyuge
de quien da a luz puede impugnar el vínculo filial de los hijos nac
idos durante el matri –
monio o dentro de los trescientos días siguientes a la interposici
ó
n de la demanda de
divorcio o nulidad, de la separaci
ó
n de hecho o de la muerte, mediante la alegaci ó n
de no poder ser el progenitor, o que la filiaci
ó
n presumida por la ley no debe ser
razonablemente mantenida de conformidad con las pruebas que la contradic
en o en
el inter
é

s del ni
ñ
o. Para acreditar esa circunstancia puede valerse de todo medio de
prueba, pero no es suficiente la sola declaraci
ó
n de quien dio a luz.
Esta disposici
ó
n no se aplica en los supuestos de t
é
cnicas de reproducci ó n humana
asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con indepen-
dencia de quienes hayan aportado los gametos.
ARTÍCULO 590.-
Impugnación de la filiación presumida por ley. Legitimación y
caducidad.
La acción de impugnación de la filiación del o la cónyuge
de quien da a
luz puede ser ejercida por éste o ésta, por el hijo, por la madre y por cualquier tercero
que invoque un interés legítimo.
El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Para los demá
s legitimados, la
acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se
tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la le
y lo presume.
En caso de fallecimiento del legitimado activo, sus herederos pueden impugnar la
filiación si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad estableci-
do en este artículo. En este caso, la acción caduca para ellos una
vez cumplido el plazo
que comenzó a correr en vida del legitimado.
ARTÍCULO 591.-
Acción de negación de filiación presumida por la ley. El o la
cónyuge de la mujer que da a luz puede negar judicialmente el vínculo filial del
hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matri
–
monio. La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o
desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo d
e quien la ley
lo presume.
Si se prueba que el o la cónyuge tenía conocimiento del embarazo d
e su mujer al
tiempo de la celebración del matrimonio o hubo posesión de estado
de hijo, la nega-
ción debe ser desestimada. Queda a salvo, en todo caso, la acción
de impugnación
de la filiación que autorizan los artículos anteriores.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

118
ARTS. 592 – 595
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana
asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con indepen-
dencia de quienes hayan aportado los gametos.
ARTÍCULO 592.-
Impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley. Aun
antes del nacimiento del hijo, el o la cónyuge pueden impugnar preventivamente la
filiación de la persona por nacer.
Esta acción puede ser ejercida, además, por la madre y por cualquier tercero que
invoque un interés legítimo.
La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de
quien da a luz si la acción es acogida.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana
asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con indepen-
dencia de quienes hayan aportado los gametos.
ARTÍCULO 593.-
Impugnación del reconocimiento. El reconocimiento de los hijos
nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los
terceros que invoquen un interés legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento
en cualquier tiempo. Los demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un
año de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento
de que el niño podría no ser el hijo.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana
asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con indepen-
dencia de quienes hayan aportado los gametos.
TÍTULO VI
Adopción
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
ARTÍCULO 594.- Concepto. La adopción es una institución jurídica que tiene por ob-
jeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una
familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas
y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen.
La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado
de hijo, conforme con las disposiciones de este Código.
ARTÍCULO 595.-
Principios generales. La adopción se rige por los siguientes prin-
cipios:
a. el interés superior del niño;
b. el respeto por el derecho a la identidad;
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO VI – Ad OPcIÓN
119
ARTS. 596 – 598
c. el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de orig
en o
ampliada;
d. la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopció
n de grupos
de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimie
nto de
vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas;
e. el derecho a conocer los orígenes;
f. el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinió
n sea tenida
en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su con-
sentimiento a partir de los diez años.
ARTÍCULO 596.-
Derecho a conocer los orígenes. El adoptado con edad y grado de
madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede ac-
ceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó

su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos.
Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervenció
n del equipo
técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para
que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramient
o en los
mismos organismos.
El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posi-
bles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos
los relativos a enfermedades transmisibles.
Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al
adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente.
Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está fa-
cultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer
sus orígenes. En este
caso, debe contar con asistencia letrada.
ARTÍCULO 597.-
Personas que pueden ser adoptadas. Pueden ser adoptadas las
personas menores de edad no emancipadas declaradas en situación de adoptabilidad
o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental.
Excepcionalmente, puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando:
a. se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar;
b. hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacient
emente
comprobada.
ARTÍCULO 598.-
Pluralidad de adoptados. Pueden ser adoptadas varias personas,
simultánea o sucesivamente.
La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción. E
n este caso,
deben ser oídos por el juez, valorándose su opinión de conformi
dad con su edad y
grado de madurez.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

120
ARTS. 599 – 604
Todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son consi
derados
hermanos entre sí.
ARTÍCULO 599.-
Personas que pueden ser adoptantes. El niño, niña o adolescente
puede ser adoptado por un matrimonio, por ambos integrantes de una unió
n convi-
vencial o por una única persona.
Todo adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el ad
optado, ex-
cepto cuando el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente.
En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción d
e la adopción,
se puede otorgar una nueva adopción sobre la persona menor de edad.
ARTÍCULO 600.-
Plazo de residencia en el país e inscripción. Puede adoptar la
persona que:
a. resida permanentemente en el país por un período mínimo de cinco
años anterior
a la petición de la guarda con fines de adopción; este plazo no se exige a las per –
sonas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país;
b. se encuentre inscripta en el registro de adoptantes.
ARTÍCULO 601.-
Restricciones. No puede adoptar:
a. quien no haya cumplido veinticinco años de edad, excepto que su có
nyuge o
conviviente que adopta conjuntamente cumpla con este requisito;
b. el ascendiente a su descendiente;
c. un hermano a su hermano o a su hermano unilateral.
ARTÍCULO 602.-
Regla general de la adopción por personas casadas o en unión
convivencial.
Las personas casadas o en unión convivencial pueden adoptar sólo si lo
hacen conjuntamente.
ARTÍCULO 603.-
Adopción unipersonal por parte de personas casadas o en unión
convivencial.
La adopción por personas casadas o en unión convivencial puede ser
unipersonal si:
a. el cónyuge o conviviente ha sido declarado persona incapaz o de capac
idad res-
tringida, y la sentencia le impide prestar consentimiento válido para este acto.
En este caso debe oírse al Ministerio Público y al curador o apoyo
y, si es el pre-
tenso adoptante, se debe designar un curador o apoyo ad litem;
b. los cónyuges están separados de hecho.
ARTÍCULO 604.-
Adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión
convivencial.
Las personas que durante el matrimonio o la unión convivencial mantu-
vieron estado de madre o padre con una persona menor de edad, pueden adoptarla
conjuntamente aún después del divorcio o cesada la unión. El juez debe valorar espe-
cialmente la incidencia de la ruptura al ponderar el interés superior del niño.
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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO VI – Ad OPcIÓN
121
ARTS. 605 – 608
ARTÍCULO 605.- Adopción conjunta y fallecimiento de uno de los guardadores.
Cuando la guarda con fines de adopción del niño, niña o adolescente se hubi
ese
otorgado durante el matrimonio o unión convivencial y el período legal
se completa
después del fallecimiento de uno de los cónyuges o convivientes, e
l juez puede otor –
gar la adopción al sobreviviente y generar vínculos jurídicos de filiación con ambos

integrantes de la pareja.
En este caso, el adoptado lleva el apellido del adoptante, excepto que f
undado en
el derecho a la identidad se peticione agregar o anteponer el apellido de origen o el
apellido del guardador fallecido.
ARTÍCULO 606.-
Adopción por tutor. El tutor sólo puede adoptar a su pupilo una vez
extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
CAPÍTULO 2
Declaración judicial de la situación de adoptabilidad
ARTÍCULO 607.- Supuestos. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad
se dicta si:
a. un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o
sus padres han falleci-
do, y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo
administrativo competente en un plazo máximo de treinta días, prorrogables por
un plazo igual sólo por razón fundada;
b. los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adop-
tado. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y
cinco días de producido el nacimiento;
c. las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolesc
ente perma-
nezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máxi-
mo de ciento ochenta días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que
motivaron la medida, el organismo administrativo de protección de derechos del
niño, niña o adolescente que tomó la decisión debe dictamina
r inmediatamente
sobre la situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al
juez
interviniente dentro del plazo de veinticuatro horas.
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede
ser dictada si algún
familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o
tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste.
El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de no-
venta días.
ARTÍCULO 608.-
Sujetos del procedimiento. El procedimiento que concluye con la
declaración judicial de la situación de adoptabilidad requiere la intervención:
a. con carácter de parte, del niño, niña o adolescente, si tiene e
dad y grado de ma-
durez suficiente, quien comparece con asistencia letrada;
c?digo civil y comercial de la Naci?n

122
ARTS. 609 – 613
b. con carácter de parte, de los padres u otros representantes legales del niño, niña
o adolescentes;
c. del organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial;
d. del Ministerio Público.
El juez también puede escuchar a los parientes y otros referentes afectivos.
ARTÍCULO 609.-
Reglas del procedimiento. Se aplican al procedimiento para obte-
ner la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, las
siguientes reglas:
a. tramita ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcio-
nales;
b. es obligatoria la entrevista personal del juez con los padres, si existen, y con el
niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tra
mita;
c. la sentencia debe disponer que se remitan al juez interviniente en un plazo no
mayor a los diez días el o los legajos seleccionados por el registro de adoptantes y
el organismo administrativo que corresponda, a los fines de proceder a dar inicio
en forma inmediata al proceso de guarda con fines de adopción.
ARTÍCULO 610.-
Equivalencia. La sentencia de privación de la responsabilidad paren-
tal equivale a la declaración judicial en situación de adoptabilid
ad.
CAPÍTULO 3
Guarda con fines de adopción
ARTÍCULO 611.- Guarda de hecho. Prohibición.  Queda prohibida expresamente la
entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o
acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de
los progenitores u otros familiares del niño.
La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o defin
i-
tivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que
la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco,
entre éstos y el o los pretensos guardadores del niño.
Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio
de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción.
ARTÍCULO 612.-
Competencia. La guarda con fines de adopción debe ser discernida
inmediatamente por el juez que dicta la sentencia que declara la situaci
ón de adop-
tabilidad.
ARTÍCULO 613.-
Elección del guardador e intervención del organismo adminis-
trativo.
El juez que declaró la situación de adoptabilidad selecciona a los pretensos
adoptantes de la nómina remitida por el registro de adoptantes. A estos fines, o para
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123
ARTS. 614 – 618
otras actividades que considere pertinentes, convoca a la autoridad administrativa
que intervino en el proceso de la declaración en situación de adoptabilidad, organis-
mo que también puede comparecer de manera espontánea.
Para la selección, y a los fines de asegurar de un modo permanente
y satisfactorio
el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente, se deben tomar en cuenta,
entre
otras pautas: las condiciones personales, edades y aptitudes del o de lo
s pretensos
adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación; sus
motivaciones y expectativas frente a la adopción; el respeto asumido frente al derecho
a la identidad y origen del niño, niña o adolescente.
El juez debe citar al niño, niña o adolescente cuya opinión deb
e ser tenida en cuenta
según su edad y grado de madurez.
ARTÍCULO 614.-
Sentencia de guarda con fines de adopción. Cumplidas las me-
didas dispuestas en el artículo 613, el juez dicta la sentencia de gu
arda con fines de
adopción. El plazo de guarda no puede exceder los seis meses.
CAPÍTULO 4
Juicio de adopción
ARTÍCULO 615.- Competencia. Es juez competente el que otorgó la guarda con fines
de adopción, o a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño
tiene su centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisió
n.
ARTÍCULO 616.-
Inicio del proceso de adopción. Una vez cumplido el período de
guarda, el juez interviniente, de oficio o a pedido de parte o de la autor
idad adminis-
trativa, inicia el proceso de adopción.
ARTÍCULO 617.-
Reglas del procedimiento. Se aplican al proceso de adopción las
siguientes reglas:
a. son parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado; si tiene edad y grado
de madurez suficiente, debe comparecer con asistencia letrada;
b. el juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión
según su edad y grado de madurez;
c. debe intervenir el Ministerio Público y el organismo administrativo;
d. el pretenso adoptado mayor de diez años debe prestar consentimiento expreso;
e. las audiencias son privadas y el expediente, reservado.
ARTÍCULO 618.-
Efecto temporal de la sentencia. La sentencia que otorga la
adopción tiene efecto retroactivo a la fecha de la sentencia que otorga la guarda
con fines de adopción, excepto cuando se trata de la adopción de
l hijo del cónyuge
o conviviente, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de promoción de la acción de
adopción.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

124
ARTS. 619 – 624
CAPÍTULO 5
Tipos de adopción
SE cc IÓN 1ª Disposiciones generales
ARTÍCULO 619.- Enumeración. Este Código reconoce tres tipos de adopción:
a. plena;
b. simple;
c. de integración.
ARTÍCULO 620.-
Concepto. La adopción plena confiere al adoptado la condición de
hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, c
on la excepción de que
subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva
los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.
La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos
jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en
este Código.
La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo
del cónyuge o del
conviviente y genera los efectos previstos en la Sección 4ª de este Capítulo.
ARTÍCULO 621.-
Facultades judiciales. El juez otorga la adopción plena o simple
según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño.
Cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a
pedido de parte y por
motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurí
dico con uno o
varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, y crear vínculo jurídico con
uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción sim
ple. En este caso,
no se modifica el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de
los impedimentos matrimoniales regulados en este Código para cada tipo de adopción.
ARTÍCULO 622.-
Conversión. A petición de parte y por razones fundadas, el juez
puede convertir una adopción simple en plena.
La conversión tiene efecto desde que la sentencia queda firme y par
a el futuro.
ARTÍCULO 623.-
Prenombre del adoptado. El prenombre del adoptado debe ser
respetado. Excepcionalmente y por razones fundadas en las prohibiciones estable-
cidas en las reglas para el prenombre en general o en el uso de un prenombre con
el cual el adoptado se siente identificado, el juez puede disponer la
modificación del
prenombre en el sentido que se le peticione.
SE
cc
IÓN 2ª
Adopción plena
ARTÍCULO 624.- Irrevocabilidad. Otros efectos. La adopción plena es irrevocable.
La acción de filiación del adoptado contra sus progenitores o el reconocimiento son
admisibles sólo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios y sucesorios del
adoptado, sin alterar los otros efectos de la adopción.
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ARTS. 625 – 627
ARTÍCULO 625.- Pautas para el otorgamiento de la adopción plena. La adopción
plena se debe otorgar, preferentemente, cuando se trate de niños, niñas o adolescen-
tes huérfanos de padre y madre que no tengan filiación establecida.
También puede otorgarse la adopción plena en los siguientes supuestos:
a. cuando se haya declarado al niño, niña o adolescente en situació
n de adoptabi-
lidad;
b. cuando sean hijos de padres privados de la responsabilidad parental;
c. cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e infor –
mada de dar a su hijo en adopción.
ARTÍCULO 626.-
Apellido. El apellido del hijo por adopción plena se rige por las
siguientes reglas:
a. si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adop-
tante; si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que éste
sea mante-
nido;
b. si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al
apellido de los hijos matrimoniales;
c. excepcionalmente, y fundado en el derecho a la identidad del adoptado, a pe-
tición de parte interesada, se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de
origen al apellido del adoptante o al de uno de ellos si la adopción
es conjunta;
d. en todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez sufi-
ciente, el juez debe valorar especialmente su opinión.
SE
cc IÓN 3ª
Adopción simple
ARTÍCULO 627.- Efectos. La adopción simple produce los siguientes efectos:
a. como regla, los derechos y deberes que resultan del vínculo de origen no quedan
extinguidos por la adopción; sin embargo, la titularidad y el ejercicio de la respon-
sabilidad parental se transfieren a los adoptantes;
b. la familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado, excepto que
sea contrario al interés superior del niño;
c. el adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a su familia de origen cuan-
do los adoptantes no puedan proveérselos;
d. el adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptan-
tes, pueden solicitar se mantenga el apellido de origen, sea adicioná
ndole o ante-
poniéndole el apellido del adoptante o uno de ellos; a falta de petic
ión expresa,
la adopción simple se rige por las mismas reglas de la adopción plena;
e. el derecho sucesorio se rige por lo dispuesto en el Libro Quinto.
c?digo civil y comercial de la Naci?n

126
ARTS. 628 – 632
ARTÍCULO 628.- Acción de filiación o reconocimiento posterior a la adopción.
Después de acordada la adopción simple se admite el ejercicio por el adoptado de la
acción de filiación contra sus progenitores, y el reconocimiento del adoptado.
Ninguna de estas situaciones debe alterar los efectos de la adopción
establecidos en
el artículo 627.
ARTÍCULO 629.-
Revocación. La adopción simple es revocable:
a. por haber incurrido el adoptado o el adoptante en las causales de indign
idad
previstas en este Código;
b. por petición justificada del adoptado mayor de edad;
c. por acuerdo de adoptante y adoptado mayor de edad manifestado judicialmente.
La revocación extingue la adopción desde que la sentencia queda firm
e y para el
futuro.
Revocada la adopción, el adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo, con
fundamento en el derecho a la identidad, puede ser autorizado por el juez a conser –
varlo.
SE
cc IÓN 4ª
Adopción de integración
ARTÍCULO 630.- Efectos entre el adoptado y su progenitor de origen. La adop-
ción de integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el
adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante.
ARTÍCULO 631.-
Efectos entre el adoptado y el adoptante. La adopción de inte-
gración produce los siguientes efectos entre el adoptado y el adoptante:
a. si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta e
n la familia del
adoptante con los efectos de la adopción plena; las reglas relativas a la titularidad
y ejercicio de la responsabilidad parental se aplican a las relaciones entre el pro-
genitor de origen, el adoptante y el adoptado;
b. si el adoptado tiene doble vínculo filial de origen se aplica lo di
spuesto en el
artículo 621.
ARTÍCULO 632.-
Reglas aplicables. Además de lo regulado en las disposiciones ge-
nerales, la adopción de integración se rige por las siguientes reglas:
a. los progenitores de origen deben ser escuchados, excepto causas graves debida-
mente fundadas;
b. el adoptante no requiere estar previamente inscripto en el registro de adoptantes;
c. no se aplican las prohibiciones en materia de guarda de hecho;
d. no se exige declaración judicial de la situación de adoptabilidad;

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LIBRO SEGUN dO – RELA cIONES dE FAMILIA – TÍTULO VI – Ad OPcIÓN
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ARTS. 633 – 637
e. no se exige previa guarda con fines de adopción;
f. no rige el requisito relativo a que las necesidades afectivas y materiales no puedan
ser proporcionadas por su familia de origen de conformidad con lo previsto en el
artículo 594.
ARTÍCULO 633.-
Revocación. La adopción de integración es revocable por las mismas
causales previstas para la adopción simple, se haya otorgado con carácter de plena o
simple.
CAPÍTULO 6
Nulidad e inscripción
ARTÍCULO 634.- Nulidades absolutas. Adolece de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación a las disposiciones referidas a:
a. la edad del adoptado;
b. la diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
c. la adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente n
ecesario,
incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión
de un delito del cual hubiera sido víctima el menor o sus padres;
d. la adopción simultánea por más de una persona, excepto que los
adoptantes sean
cónyuges o pareja conviviente;
e. la adopción de descendientes;
f. la adopción de hermano y de hermano unilateral entre sí;
g. la declaración judicial de la situación de adoptabilidad;
h. la inscripción y aprobación del registro de adoptantes;
i. la falta de consentimiento del niño mayor de diez años, a petició
n exclusiva del
adoptado.
ARTÍCULO 635.-
Nulidad relativa. Adolece de nulidad relativa la adopción obtenida
en violación a las disposiciones referidas a:
a. la edad mínima del adoptante;
b. vicios del consentimiento;
c. el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, a petición exc
lusiva del adop-
tado.
ARTÍCULO 636.-
Normas supletorias. En lo no reglado por este Capítulo, las nulida-
des se rigen por lo previsto en el Capítulo 9 del Título IV del Libro Primero.
ARTÍCULO 637.-
Inscripción. La adopción, su revocación, conversión y nulidad deben
inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
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128
ARTS. 638 – 641
TÍTULO VII
Responsabilidad parental
CAPÍTULO 1
Principios generales de la responsabilidad parental
ARTÍCULO 638.- Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental
es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la
persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras
sea menor de edad y no se haya emancipado.
ARTÍCULO 639.-
Principios generales. Enumeración. La responsabilidad parental se
rige por los siguientes principios:
a. el interés superior del niño;
b. la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitu-
des y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progeni-
tores en el ejercicio de los derechos de los hijos;
c. el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuent
a según su
edad y grado de madurez.
ARTÍCULO 640.-
Figuras legales derivadas de la responsabilidad parental. Este
Código regula:
a. la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental;
b. el cuidado personal del hijo por los progenitores;
c. la guarda otorgada por el juez a un tercero.
CAPÍTULO 2
Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental
ARTÍCULO 641.- Ejercicio de la responsabilidad parental. El ejercicio de la respon-
sabilidad parental corresponde:
a. en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los
actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de
los supuestos contemplados en el artículo 645, o que medie expresa oposición;
b. en caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos
progenitores. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la confor –
midad del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por voluntad de los pro-
genitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir
a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades;
c. en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la res-
ponsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro;
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