Introducción

El Observatorio Nacional de la Gobernabilidad del Centro de Investigaciones de la Comunicación se
ha mantenido activo durante el año 2012 dando seguimiento a los aspectos clave del proceso
político en Nicaragua . En esta oportunidad presenta un a nálisis sobr e las recién pasadas elecciones
municipales y otros aspectos clave de la democracia y la gobernabilidad correspondientes al período
julio – noviembre de 2012. El objetivo es que este informe sea útil para los distintos actores
sociales del país, especialme nte para los actores de sociedad civil, a fin de que cuenten con
insumos para la definició n de sus estrategias de acción, especialmente ahora que los resultados
electorales siguen confirmando la tendencia regresiva del proceso democrático en el país.

El p resente informe se divide en dos partes. La primera de ellas hace un análisis del proceso
electoral municipal de este año 2012 a partir de algunas variables clave como la organización y
conducción del proceso electoral mismo, la cedulación y verificación d el padrón electoral, el ejercicio
del sufragio el propio día de las elecciones, los resultados, los índices de participación y abstención.
En la segunda parte se analiza la tendencia más general del proceso político del país a partir de
otras variables com o los actores y acontecimientos en el ámbito del sistema político, el ejercicio de
los derechos ciudadanos y la influencia de actores y acontecimientos internacionales en la situación
del país.
I. Antecedentes

Uno de los acontecimientos más importantes en el proceso político nacional durante el año 2012,
fueron las recién pasadas elecciones municipales. A raíz de los resultados de las elecciones
presidenciales realizadas en el año 2011, prácticamente todos los actores económicos y sociales
han coincidido en s eñalar la nece sidad de realizar un cambio profundo en el sistema electoral del
país considerando las graves irregularidades que presenta. De manera que este nuevo ejercicio
electoral más que expectativas en realidad generó escepticismo tanto entre la ciuda danía como
entre actores nacionales y locales , incluidos los propios gobiernos municipales . Desde el punto de
vista de diversos actores sociales, la forma en que se desenvolviera el proceso electoral municipal
de este año sería la última palada de tierra p ara enterrar definitivamente el sistema electoral. Las
razones de ese escepticismo se encuentran en los antecedentes de los procesos locales y en los del
proceso político del país en materia de democracia y gobernabilidad.

Durante las últimas dos décadas, numerosos actores sociales, económicos y políticos desarrollaron
diversos esfuerzos para promover los procesos de fortalecimiento de la gestión pública a nivel local,
es decir, en los municipios. Los avances más importantes se produjeron alrededor de la a utonomía
de los gobiernos municipales, la descentralización de la gestión pública y el fortalecimiento de los
procesos de participación ciudadana en el nivel local. Un hito de estos procesos fue la separación de
las elecciones municipales de las nacionales a partir del año 2000. Ese acontecimiento le dio una
Observatorio Nacional de Gobernabilidad
Centro de Investigaciones de la Comunicación

2
nueva dimensión e importancia tanto a la gestión pública local como a los propios gobiernos
municipales, pues los ponía de cara a los ciudadanos y ciudadanas de cada municipio.

El avance de estos procesos se estancó e involucionó a partir del año 2007, con la llegada de Daniel
Ortega a la presidencia y a raíz de los graves retrocesos democráticos que comenzó a vivir el país
desde entonces. Muy tempranamente, en el año 2008, las elecciones municipal es se convirtieron
en un burdo ensayo del fraude electoral que Daniel Ortega en contubernio con el Consejo Supremo
Electoral perpetraría en el 2011. Además de la violencia electoral, diversos actores señalaron graves
irregularidades del sistema electoral q ue no fueron corregidas por el CSE, entre ellas: la falta de
depuración el padrón electoral; la falta de entrega de cédulas de identidad a ciudadanos como
requisito indispensable para ejercer el derecho al voto, y control del aparato electoral por el parti do
de gobierno. En las elecciones municipales del 2008, el FSLN logró un control casi total de los
gobiernos municipales en todo el país, aun cuando en unas 40 localidades se cometieron graves
irregularidades y se instalaron gobiernos municipales afines al partido de gobierno de dudosa
legalidad y legitimidad.

Las anomalías del proceso electoral del 2008 y la violencia política se repitieron e incrementaron en
las elecciones presidenciales del 2011 comenzando con la imposición de la candidatura
presidencial de Daniel Ortega a pesar de la prohibición expresa de la Constitución Política del país y
culminaron con el fraude y los resultados electorales que le aseguraron otro período presidencial . El
escenario político que se configuró entonces ha que dado marcado entonces por los siguientes
elementos:

La naturaleza del régimen político que se caracteriza por ser autoritario y de facto . Las
evidencias de esa naturaleza se encuentran en: las constantes violaciones a la Constitución
Política, el orden ju rídico y el Estado de Derecho; la centralización del poder en la figura del
presidente y su esposa y el quiebre del necesario balance entre los poderes estatales ahora
subordinados a la voluntad presidencial, especialmente en el caso del órgano electoral; la
discrecionalidad de las decisiones de la pareja presidencial y la subordinación de los
recursos y la institucionalidad gubernamental a esas decisiones.

La debilidad de la o posición que se encuentra divida entre los acomodados, los partidos
zancudos y l os que tienen posiciones verdaderamente críticas. Ninguno de estos grupos ha
logrado construir una propuesta y un liderazgo alternativo con credibilidad y legitimidad
dentro de la ciudadanía.

El ejerci cio de los derechos ciudadanos, los cuales se han veni do restringiendo
aceleradamente desde el año 2007 especialmente en el caso de: la libertad de expresión y
la libertad de prensa; la libertad de movilización y protesta ciudadana; la libertad de
organización y de participación en los asuntos públicos; y el principio fundamental del
sufragio electoral.

La continuidad del modelo económico a través de la ejecución de políticas económicas de
corte neoliberal y el surgimiento de un nuevo grupo de poder econ ómico vinculado a la
pareja presidencial que ha constru ido monopolios alrededor de los principales ejes de la
economía del país y se ha apropiado de los fondos recibidos de la cooperación venezolana.

De ahí la complejidad de las elecciones municipales de este año e n relación a la validez del ejercicio
del voto como mecanismo democrático para elegir a los gobernantes y como último recurso
disponible para dirimir las diferencias políticas del pa ís, pero además, co mo la expresión más clara
de un régimen político autoritario.

3

II. Las elecciones municipales 2012

En este apartado se analiza el proceso de elección de autoridades municipales que transcurrió
durante este año. Entre los aspectos considerados se encuentran: la organización y conducción del
proceso electoral, la entrega de cédulas y la verificación del pa drón electoral, las condiciones para el
ejercicio del sufragio universal por parte de los ciudadanos, los resultados de las votaciones y las
reacciones inmediatas de diferentes actores.

2.1. Organización y c onducción del proceso electoral

La s ele cciones munic ipales realizadas el 4 de noviembre pasado, fueron organizadas y conducidas
bajo el estigma del fraude electoral ocurrido en el proceso de elecciones presidenciales del año
2011. Sin haber corregido los graves errores señalados en numerosas ocasiones por d iferentes
organismos de observación nacional y por los observadores internacionales, y sin considerar los
altos niveles de desconfianza y falta de credibilidad de la población, el CSE se aprestó a organizar
este nuevo ejercicio electoral. Varios de los par tidos de oposición y diversos actores de sociedad civil
urgieron al órgano electoral a realizar reformas en el sistema y la ley electoral para devolver la
credibilidad del sistema, pero los magistrados se negaron a hacer cambios. Otros poderes del
estado como la misma presidencia y la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, se
negaron a elegir un nuevo CSE y mantuvieron en sus cargos a los magistrados instalados de facto
por un decreto presidencial desde hace dos años.

La imagen y credibilidad del CSE se deterioró aún más cuando se conoció el involucramiento del
magistrado electoral Julio Osuna , como integrante de una banda de narcotraficantes nicaragüenses.
El magistrado se encargaba, entre otras cosas, de trasladar drogas y dinero a Costa Rica en
vehículos del CSE y elaborar cédulas de identidad falsas para otros narcotraficantes. Para esto,
Osuna contaba con la colaboración de otros funcionarios dentro del mismo CSE y aunque fue
condenado mediante un juici o, los demás magistrados del CSE decidieron no realizar ninguna
investigación interna tal como lo establecen los procedimientos del sistema de control de la
administración pública.

Desde antes y durante la campaña se mantuvo el control partidario sobre el aparato electoral, tal
como se pudo apreciar no solamente en las declaraciones públicas de los magistrados del CSE, sino
también en la composición de las JRV y la activa participación de integrantes del partido de gobierno
en las distintas actividades com o la cedulación y la verificación del padrón electoral. Otro hecho que
le restó credibi lidad al proceso fue la decisión del CSE de aceptar las candidaturas de diferentes
alcaldes del FSLN para re elegirse en el cargo, a pesar que la Constitución se los prohíb e al igual que
al presidente.

La reforma de la Ley de Municipios, Ley 40, por parte de la Asamblea Nacional contribuy ó a
deteriorar la poca credibilidad de los ciudadanos en las elecciones . En abril de 2012, la Ley fue
reformada para obligar a los partido s políticos a presentar igual cantidad de candidatos hombres y
mujeres, mientras que en junio de ese mismo año fue nuevamente reformada para introducir la
figura de los “Concejos Municipales Ampliados”, que triplica la cantidad de concejales pero deja a la
decisión del Ejecutivo los criterios para definir las atribuciones, funciones y otros aspectos
relacionados con esta ampliación. Ambas reformas generaron un fuerte debate nacional por su

4
contenido, pero además, porque debilitaron la Ley de Municipios y po rque el procedimiento seguido
no fue transparente.

La campaña electoral abrió en estas condiciones y con los permanentes planteamientos públicos de
diversas organizaciones como el Grupo Promotor para las Reformas Electorales , el Grupo Cívico
Ética y Trans parencia y el Ipade, sobre la necesidad de devolver la credibilidad al sistema y al órgano
electoral, así como la necesidad urgente de reformar la Ley Electoral.

2.2. Cedulación y padrón electoral

Dos aspectos vinculados con el ejercicio del voto en Nicaragua son la emisión de las cédulas de
identidad para los ciudadanos porque es un requisito indispensable para ello, y la verificación del
padrón electoral previo a las votaciones. Durante las elecciones del 2011 ambos fueron señalados
como graves deficiencias por parte del CSE y como dos mecanismos para cometer el fraude de ese
año.

Para estas elecciones municipales persistieron los problemas y señalamientos críticos en relación
con los aspectos. En el caso de la elaboración y entrega de cédulas, diferentes pa rtidos políticos
participantes en la competencia electoral y otros organismos de sociedad civil denunciaron
públicamente que funcionarios del CSE en diferentes localidades realizaban una cedulación
selectiva a personas simpatizantes del FSLN y que a person as no simpatizantes les negaban las
cédulas. Diversos reportes periodísticos señalaron este tipo de anomalías en municipios de Nueva
Segovia, Jinotega, Carazo, la RAAN, Boaco , entre otros departamentos del país.

Por su parte, el CSE extendió el plazo para la solicitud y emisión de cédulas hasta el mes de agosto a
fin de que los ciudadanos pudiesen obtener su documento de identidad antes de las votaciones
programadas para el 04 de noviembre, para lo cual instaló puestos móviles de cedulación en todo el
país . Sin embargo, una actitud de indiferencia respecto al proceso de parte de los ciudadanos pesó
y muy pocos ciudadanos asistieron a solicitar su cédula. De acuerdo a los informes del mismo CSE,
en ese período se recibieron 15,384 solicitudes de cédulas nueva s; 1,530 solicitudes de reposición
de cédulas, de las cuales se entregaron 7,139 ; mientras que a estos datos se suma ron 130,875
solicitudes realizadas entre enero y el 6 agosto de l 2012, para totalizar más de 146,000 solicitudes
de nuevas cédulas , de las c uales se entregaron 98,426 documentos de identidad durante el año
(Alvarez L. , 2012) .Los datos fueron puestos en duda por los partidos de oposición, mientras el
Ipade señaló una serie de dificultades y problemas 1, tales com o:

Tabla 1: Principales problemas y dificultades para la cedulación

No apertura total de oficinas de cedulación en más de 40
municipios.
Interrupciones diarias en atención a ciudadanos en
oficinas de cedulación en más de 70 municipios.
Falta de materiales para cedular.
Falta de entrega de comprobantes.
Fuente: (Ipade, 2012) .

1 Ver: (Potosme, 2012) , (Picón Duarte, Ipade: anomalías en cedulación, 2012) e (Ipade, 2012) .

5
La víspera de las elecciones, reportes periodísticos (Alvarez L. , 2012) recogieron las declaraciones
de un magistrado electoral indicando que cerca de 88 mil cédulas no fueron retiradas por los
ciudadanos en todo el país.

Otro aspecto importante previo a las votaciones es la verificación del padr ón electoral, la cual se
real izó a finales del mes de julio de 2012 . Diversas organizaciones de observaciones habían
advertido antes sobre la necesidad de depurar el padrón para evitar anomalías el día de las
elecciones y transparentar el ejercicio del sufragio. El proceso de verifica ción se realizó en relativa
calma, sin embargo se reportaron numerosas denuncias de los partidos políticos por el control
partidario del FSLN sobre los centros de verificación y los impedimentos para que fiscales de los
partidos no oficialistas pudieran ob servar el proceso. Además, los medios de comunicación
reportaron una escasa participación de los ciudadanos durante la verificación. De acuerdo con el
CSE, se verificaron un 25.27 % de ciudadanos en edad de votar; mientras partidos políticos y
organismos d e observación estimaban la participación en 10 % y 15 %, respectivamente 2.

Posterior a la verificación, el PLI denunció que el CSE estaba manipulando el padrón electoral para
favorecer a los candidatos del partido de gobierno y que la decisión de utilizar un padrón activo y
uno pasivo el día de las votaciones era una estrategia para desanimar y desactivar el voto (Sirias,
2012) .

2.3. Desa rrollo de la campaña

En el transcurso de la campaña se destacaron algunas irregularidades como las numerosas
impugnaciones de los partidos políticos a las listas de candidatos por usurpación de identidad,
personas que corrían con más de una candidatura y varias personas fallec idas incluidas en las listas
(La Prensa, 2012) . El CSE deslindó responsabilidades sobre estas denuncias, especialmente las
referidas a los nombres de personas fallecidas en las listas de candidatos (Agen cia EFE, 2012) .A lo
interno del FSLN también se produjeron numerosas protestas en diferentes municipios del país por
la imposición de candidatos a alcaldes y concejales que no gozaban de la simpatía de los militantes
del partido. Las protestas se prod ujeron al menos en 35 municipios y los casos más relevantes
fueron: Nindirí, Tipitapa, Rancho Grande, Chinandega y El Realejo.

Tabla 2: Protestas por “dedazos” en el FSLN

Madriz : Telpaneca, Yalagüina, Somoto
Nueva Segovia : Jalapa , Quilalí, Ocotal
Estelí : Condega, Pueblo Nuevo
Masaya : Tisma, Masaya, Nindirí
Granada : Nandaime.
Rivas : Moyogalpa y Potosí
Carazo : Diriamba.
RAAS : Desembocadura del Río Grande
Jinotega : La Concordia, Yalí, San Rafael del Norte
Matagalpa : Rancho Grande.
Chinandega : Chinandega, El Realejo, Villanueva, El Viejo,
Posoltega , Chichigalpa y Corinto.
León : Nagarote, El Jicaral, Quezalguaque
Managua : Tipitapa y Ciudad Sandino.
Fuente: diarios nacionales.
2 Ver: (Picón Duarte, 2012) , (Alvarez L. , 2012) e (Ipade, 2012) .

6

En algunos de los casos, las protestas fueron sumamente violentas como en el caso de Tipitapa, Los
Brasiles, Rancho Grande y Chinandega, sitios en los cuales grupos de partidarios oficialistas se
enfrentaron abiertamente con la policía. En otros casos, los simpatizantes del gobierno organizaron
marchas a la Secretaría del FSLN para protestar en contra de las designaciones de candidatos 3. Las
constantes y violentas protestas le costaron el cargo a Nelson Artola, director del FISE y delegado del
presidente Or tega y su esposa para anunciar las designaciones; sin embargo, la sustitución del
funcionario no logró convencer a los protestantes y en muchos casos anunciaron su decisión de no
votar o asistir a las urnas el día de las elecciones para depositar un “voto de castigo” en contra del
FSLN. Para poner punto final a la protesta, el CSE terminó adoptando la decisión de eliminar de las
boletas las fotografías de los candidatos a alcaldes coincidiendo con el argumento del gobierno y
con la estrategia de campaña del FSLN (Alvarez L. , 2012) .

Mientras tanto, las posiciones de diversos actores sociales se dividieron respecto al ejercicio del
voto. D iversas organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales, decidieron realizar ca mpañas
cívicas porque consideraron que el proceso electoral no brindaba las condiciones básicas para
ejercer ese derecho de forma transparente, pero además porque consideraron que no había
garantías suficientes para que se respetara la voluntad ciudadana. Mientras tanto, actores como el
COSEP, el Ipade y un sector de las iglesias evangélicas llamaron a los ciudadanos a votar. La
Conferencia Episcopal de Nicaragua, por su parte, emitió un mensaje en el que instaba a los
ciudadanos a decidir sobre la base de su conciencia si ejercían el derecho al voto o se abstenían de
ello (Conferencia Episcopal de Nicaragua, 2012) .

Un aspecto muy controvertido de las elecciones presidenciales del 2011 fue la observación electoral
por parte de o rganismos nacionales e internacionales. Para este proceso electoral, los organismos
de observación nacionales como el Ipade, Ética y Transparencia y Hagamos Democracia se
propusieron realizar un tipo diferente de observación que se enfocaba más en las cond iciones y
garantías del proceso y no tanto en el conteo de los resultados luego del sufragio, de manera que
activaron sus redes de observadores en todo el país así como diversos recursos para el monitoreo y
la denuncia ciudadana, tales como plataformas dig itales (Etica y Transparencia, 2012) . Estas
organizaciones decidieron participar sin solicitar autorización al CSE, mientras que e l CNU si fue
autorizado por el órgano electoral . En el caso de los “acompañantes” internacionales, el presidente
del CSE anunció la participación de observadores delegados de UNASUR, Grupo de Tikal, CEELA y la
OEA.

De acuerdo a los informes de las diferentes organizaciones de observadores, no se prese ntaron
mayores dificultades para la realización de su labor el día de las elecciones, aunque el Ipade reportó
rechazos y amenazas durante el proceso de verificación del padrón electoral (Ipade, 2012) ,
realizado varios meses an tes de las votaciones .

2.4. Sufragio con garantías

Desde antes que iniciara la campaña electoral por las municipales, los distintos partidos políticos
participantes denunciaron el control que el partido de gobierno tenía sobre las JRV y la complicidad
del CSE al conformarlas mayoritariamente con integrantes de ese partido. En el transcurso de la
campaña también se denunció la integración de miembros del FSLN como fiscales representa ntes
de otros partidos políticos. A pesar de las denuncias no hubo mayores varia ciones en la composición
de las JRV , de tal manera que el partido de gobierno controlaba prácticamente todo el tendido
3 Ver: (Martínez & López, 2012) , (Cruz & Potosme, 2012) , (Aragón, León, & Potosme, 2012) y (Miranda Aburto,
Rebelión contra “dedazo” en el FSLN, 2012) .

7
electoral del país . En el mes de octubre, el FSLN realizó un simulacro de votaciones en todo el país
con el cual pretendían adiestrar a su militancia para el día de las elecciones. De acuerdo a
diferentes reportes periodísticos, el ejercicio consistió más bien en una verificación del padrón
electoral que maneja el partido de gobierno 4. Para otros sectores, especialmente para la oposición,
fue un ejercicio de organiza ción del fraude.

En la víspera de las elecciones, los partidos de oposición participantes en la contienda electoral
denunciaron públicamente diferentes anomalías y amenazas en todo el país, tales como
intimidaciones a sus simpati zantes, candidatos y fiscales, tardanza y negligencia en la acreditaci ón
de los fiscales y enfrentamientos entre simpatizantes partidarios. Los casos más graves se
presentaron en el municipio de Quezalguaque , Siuna y Matagalpa 5.

Frente a la alta desconfianza, la gran cantidad de anomalías y el control partidario del gobierno
sobre el proceso electoral, diversos actores anticiparon un alto porcentaje de abstenciones para el
día de las votaciones y valoraron que no existían condiciones para la reali zación del proceso
electoral . Tal fue el caso del MRS (MRS, 2012) , el Grupo Promotor por las Reformas Electorales,
Ética y Transparencia, y el Movimiento por Nicaragua (Miranda Aburto, 2012) .

El propio día de las elecciones, los diferentes medios de comunicación reportaron la poca afluencia
de ciudadanos a las u rnas, lo cual parecía confirmar los pronósticos que se habían realizado con
anticipación respecto a la participación electoral y la abstención. En el primer momento, l os reportes
periodísticos no reportaron mayores incidentes, sin embargo inmediatamente después que el CSE
anunció los resultados, se suscitaron acontecimientos de violencia electoral en diferentes lugares
del país a causa de las actuaciones fraudulentas en numerosas JRV y las anomalías presentadas en
diferentes municipios del país, una vez que las juntas comenzaron a cerrar y a contabilizar los votos
depositados 6.

Entre las diferente s anomalías y fraudes ocurridos el propio de las elecciones y denunciados por los
partidos participantes , se encontraron: expulsión o impedimento para que los fiscales de los
partidos de oposición entraran a las JRV, ciudadanos que no aparecían en el padró n electoral,
negación del voto a ciudadanos, ejercicio de doble voto a partidarios de gobierno, alteración de
resultados en actas de votación a fin de favorecer a los candidatos del partido de gobierno,
manipulación de boletas y actas, control partidario d e las JRV 7. De acuerdo con (Etica y
Transparencia, 2012, pág. 2) , durante todo el proceso electoral se presentaron indicios de fraude y
se incumplieron de forma intencional al menos 16 de 18 requisitos mínimos de calidad p ara los
procesos electorales democráticos.

2.5. Resultados electorales

De acuerdo con los datos publicados por el CSE, los pronósticos del FSLN se cumplieron, de tal
manera que el partido de gobierno alcanzó el 67 % de los votos y se instaló en 134 alcaldías
municipales , entre ellas todas las cabeceras departamentales. El último informe emitido por el CSE
fue el día 05 de noviembre con e l 98.7 % de las actas escrutadas .

4Ver: (Picón & Martínez, 2012) y (Carranza, 2012) . 5Ver, entre otros: (Rivera, 2012) , (Trinchera de la noticia, 2012) , (Alvarez L. , 2012) y (López Hernández,
Vargas, & Martínez, 2012) . 6 Entre otros reportes periodísticos, ver: (Largaespada, 2012) , (Vásquez, 2012) , (Aragón Rodrígu ez, 2012) y
(Olivas, 2012) . 7 Ver los informes presentados por: (Olivares, 2012) , (Etica y Transparencia, 2012) e (Ipade, 2012) .

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Tabla 3: Resultados electorales alcaldes y vice alcaldes. 2012

Pa rtido político Cantidad
votos Alcaldías
PLC 69,213 2
FSLN 824,275 134
ALN 7,739 1
PLI 175,356 11
Yatama 3
Fuente: Diferentes medios de comunicación.

Los resultados fueron impugnados por el PLI y el PLC, quienes argumentaron que se había cometido
fraude al menos en 6 municipios del pa ís, entre ellos: La Cruz de Río Grande, Ciudad Darío,
Matiguás, El Almendro, Wiwilí de Jinotega, Paiwas y Yalí.

En el caso de los candidatos a concejales, el CSE también anunció una mayoría de votos favorables
al FSLN, con lo cual el partido de gobierno cuenta con mayoría en los concejos de prácticamente
todos los municipios del país.

Tabla 4: Res ultados electorales para concejales

Partido político %
PLC 6.53
FSLN 79.38
PC 0.59
ALN 1.15
APRE 0.72
PLI 11.62
Fuente: CSE, 2012.

2.6. Part icipación , abstención y legitimidad de los resultados

Desde antes de las elecciones y a se anticipaba que el día de las elecciones se presentaría un alto
porcentaje de abstención entre los votantes . De acuerdo a una encuesta de CID -Gallup realizada en
septiembre de 2012, un 30% de ciudadanos mayores de 16 años a firmaron que era “poco o nada
probable” que p articip aran en las elecciones municipales y solamente el 28% de afirmó su decisión
de votar . Por otra parte, el 39% de los entrevistados respondieron que e ra “algo probable” que
acud ieran a votar (Pantoja, 2012) .

Efectivamente, tanto los informes del CSE y los de distintos observadores electorales nacionales
dieron cuenta de altos porcentajes de abstención el día de las votaciones. Inicialmente, el
presidente del CSE, Roberto Rivas, anunció un porcentaje de partici pación del 46.1 %, lo cual
indicaba claramente que el porcentaje de abstención era superior al 50 % del padrón electoral. Sin
embargo, en el último informe aseguró que el porcentaje de participación había sido del 57.7 %, uno
de los más altos en los proces os electorales del país (Enríquez & Miranda, 2012) .

Por su parte, los informes emitidos por (Etica y Transparencia, 2012) e (Ipade, 2012) , indican que la
participació n ciudadana disminuyó durante este proceso electoral y en consecuencia, se incrementó
significativamente la abstención. De acuerdo con (Ipade, 2012, págs. 31 -32) : “Usando el padrón
activo má s el listado pasivo: suman 4.481,657 millones de electores. La participación es del 44.5 %

9
y la abstención del 54.4 %, lo que representa un 10 % más de abstención que la elección del 2008,
que fue del 44 % con un 56 % de participación . Los datos reflejan qu e con 2.090,167 votantes en
2012 se votó menos que en el 2008 cuando participaron 2 .187,782 electores, (97,615 -), y pese al
crecimiento del padrón en más de 400,00 electores del 2008 a la fecha. Esto indica un
estancamiento en la participación ciudadana q ue estadísticamente debería incrementarse
proporcionalmente. No creció la participación, se votó menos y se abstuvo un 10 % más”.

Por su parte, (Etica y Transparencia, 2012) , documentó cuatro casos de fraude electoral en los
municipios de El Almendro, Matiguás, Ciudad Darío y Nueva Guinea. Además, afirmó que en 66
municipios más también se cometió fraude al negarles a los ciudadanos su derecho al voto por
diferentes razones.

La legitimidad de los resultados electorales y del sistema electoral en su conjunto, comenzó a ser
cuestionada casi inmediatamente después de finalizado el proceso. Diversos actores y
organizaciones se pronunciaron públicamente al respecto 8 argumentando que el sistema electoral
había colapsado totalmente y que es urgente una profunda transformación del mismo. Pero, más
grave aún , los episodios de violencia electoral se extendieron y escalaron al menos en cuatro
municipios inmediatamente después del 4 de noviembre (Miranda, 2012) .Los episodios más
violentos se han registrado en La Paz Centro 9, Ciudad Darío 10, Matiguás 11 y Nueva Guinea 12. En el
caso de Nueva Guinea, la violencia electoral se incrementó durante los días 18 y 19 de noviembre,
posteriores a las elecciones, cuando simpatizantes del PLC organizaron una marcha de protesta en
el municipio y la Policía Nacional junto con simpatizantes del FSLN los sitiaron en la sede del
partido. D e acuerdo con (Ieepp, 2012) , como consecuencia de la violenci a electoral 3 personas
fueron asesinadas, 20 personas fueron lesionadas, 27 más fueron detenidas y se produjeron daños
materiales en diferentes lugares del país , sin contar los numerosos heridos y detenidos en los
incidentes de Nueva Guinea .

III. El estado de la democracia y la gobernabilidad

Tal como se dijo antes, durante los últimos cinco años el proceso político del país ha estado
marcado por una tendencia autoritaria que ha significado un grave retroceso para la democracia y
para los modelos de gobernabil idad democráticos. La forma en que se desarrolló el proceso de
elecciones para las autoridades municipales y sus resultados terminaron de sellar la esencia
autoritaria de la tendencia. Los puntos críticos de esa tendencia son, entre otros :

La naturaleza d el régimen político

Es evidente que el régimen político del país se ha reconfigurado y se ha convertido
fundamentalmente en un régimen autoritario y de facto donde prevalece la discrecionalidad, un
estilo de gobierno al margen de la ley y la subordinación de los demás poderes del Estado a la figura
del ejecutivo. Desde que tomó posesión de la presidencia en el 2007 hasta la fecha, Daniel Ortega
ha cometido al menos 86 violaciones graves a la Constitución, sin contar las constantes violaciones
a otras leyes del país y la invasión de funciones a los demás poderes estatales como la Asamblea
8 Ver, por ejemplo, el pronunciamiento del (GPRE, 2012) , integrado por 14 organizaciones de sociedad civil. 9 Ver: (López E. , 2012) , (Córdoba, 2012) y (Miranda Aburto, 2012) . 10 Ver: (Miranda Aburto, 2012) y (García, 2012) 11 Ver: (Mendoza, 2012) y (Martínez L. , 2012) . 12 Ver: (Alvarez R. , 2012) , (Oporta Vásquez, 2012) y (Miranda Aburto, 2012) . Y sobre los incidentes
posteriores de violencia electoral: (Lópe z I. , 2012) , (Duarte, 2012) y (Oporta, 2012) .

10
Nacional, la Corte Suprema de Justicia y especialmente, el Consejo Supremo Electoral. De esa
manera, el margen de actuación de estas instituciones se ha reducido sustancial mente y se rompió
el necesario balance de poderes en el país.

La interrogante pendiente sobre la ruptura entre legalidad y legitimidad quedó dirimida y totalmente
verificada con los resultados de las elecciones presidenciales del 2011 y estas elecciones
municipales una vez que Ortega ha impuesto su voluntad sobre los gobiernos locales y ha logrado el
control prácticamente de todos los municipios en el país . Así, se ha allanado completamente el
camino para el ejercicio del poder absoluto.

Dos actores clave en este cambio son el ejército y la policía, quienes han comenzado a jugar un
papel de coerción y represión más beligerante en función de controlar las expresiones de
descontento y disenso ente la ciudadanía 13. La actitud subordinada que han asumido durant e los
últimos meses está provocando un cambio en la percepción que la sociedad nicaragüense tiene
sobre ellas . A partir de esas evidencias, a toda la sociedad nicaragüense y particularmente a los
actores del sistema político, se les plantea el reto de actua r para revertir esta tendencia y abrir
nuevamente una oportunidad para la construcción de la democracia en el país. El reto interpela
directamente a las fuerzas de la oposición en relación a la formulación de una nueva propuesta a la
sociedad, renovar sus liderazgos y estrategias de acción política, sobre todo porque el sistema
electoral ha colapsado y la estrategia de ocupar espacios de poder a través de este mecanismo ya
no cuenta con las garantías suficientes.

Gobiernos locales, autonomía municipal y desarrollo

Con los resultados de este proceso electoral también ha quedado claro el panorama de la gestión
municipal en el país. Desde el inicio de su presidencia, Daniel Ortega buscó la subordinación total de
los gobiernos municipales a la estrategia de centralización del poder y control total en su propia
figura. Sin embargo, en el 2007 no tenía el control sobre la totalidad de los gobiernos municipales.
Avanzó un paso más con el fraude electoral del 2008 que no solamente fue un intento de aumentar
el nú mero de gobiernos municipales bajo su control, sino también un ensayo para el fraude electoral
del 2011.

En este ejercicio electoral del 2012, Ortega se propuso el control del total de gobiernos municipales,
a eso se dirigieron sus acciones desde mucho an tes que iniciara la campaña electoral. El interés en
este tipo de control no se limita al ejercicio puro y duro del poder, sino que también se relaciona con
aspectos muy prácticos como el control de los recursos y la gestión pública local. Aún más, el fin
último es el control de los ciudadanos en el ámbito más local, más cercano a su vida cotidiana en
tanto ese nivel de gobierno es el que más cerca de esos ciudadanos.

En esa estrategia de control ciudadano, los gobiernos municipales juegan un nuevo rol, mu y distinto
del que venían adquiriendo con los procesos de autonomía y fortalecimiento de la gestión municipal.
En el esquema de Ortega, los gobiernos municipales son simples ejecutores de la voluntad
presidencial y parte de un mecanismo complejo de control y subordinación que incluye la
distribución de los recursos para la fidelización de ciertos grupos útiles a la pareja presidencial.

Sin embargo, los efectos sobre la sociedad nicaragüense en general, son nocivos en tanto anulan la
autonomía de los gobier nos municipales, restringen la gestión municipal a la distribución de
recursos populistas, frena los procesos de desarrollo local que se habían iniciado en años anteriores
y anula los procesos de participación ciudadana a nivel local .
13 Ver la actuación de la Policía y el Ejército en los incidentes en Matiguás, Ciudad Darío y Nueva Guinea, así
como la militarización de los municipios con mayor violencia electoral por parte de la institución militar.

11

Las fuerzas de oposi ción

Uno de los actores a quien se le plantean los retos más importantes después de estas elecciones
municipales, es a la oposición. Esos retos se refieren a su propia constitución como actores políticos
y a sus acciones respecto al gobierno. En el primer caso, la oposición en Nicaragua tiene que
reconocer que se encuentra fraccionada y que tiene fuertes diferencias en sus posicionamientos
frente al gobierno. Además, no todos los que se llaman oposición son verdaderamente consistentes
con ese planteamiento , pues hay algunas agrupaciones políticas que se prestan fácilmente a
respaldar las posiciones gubernamentales a cambio de beneficios y comodidades; otros grupos
sencillamente se han acomodado y no conciben la acción política fuera del ámbito formal del
sistema político. Mientras tanto, otros grupos si tienen posiciones consistentes y firmes de oposición
al gobierno, pero no han logrado articular una propuesta clara y creíble para la ciudadanía. En
resumen, la oposición se encuentra fraccionada, sin lideraz gos claros y creíbles y sin una propuesta
frente a la sociedad nicaragüense.

En las pasadas elecciones presidenciales distintas agrupaciones políticas lograron constituir una
alternativa electoral que compitió y obtuvo un alto porcentaje de votos, sin emb argo, ese esfuerzo
de articulación no logró consolidarse y los grupos volvieron a fragmentarse durante el 2012,
especialmente en relación a sus planteamientos sobre las elecciones municipales. Eso provocó que
el porcentaje de confianza otorga do por los ci udadanos a la alianza conformada para las elecciones
presidenciales pasadas se cayó completamente con las posiciones acomodadas de los l íderes de
distintos grupos que quieren mantener su status quo y aquellos grupos que se han prestado a
hacerle el juego a l gobierno en una actitud de neo -zancudos.

El segundo gran reto, entonces, consiste en que algunos, o uno, de los grupos de la oposición pueda
formular una estrategia de acción política más allá de las coyunturas electorales y que se constituya
en una verdadera alternativa política para la ciudadan ía. Este es un reto clave en tanto el sistema
electoral ya colapsó y es necesario buscar otras estrategias políticas de más largo aliento y que se
orienten verdaderamente a restituir en el país un régimen democrático. Este reto es más urgente en
tanto la c iudadanía ha dejado en claro que no tiene confianza en la oposició n, en sus liderazgos y en
sus propuestas actuales.

Sociedad civil y ejercicio de derechos ciudadanos .

Las acciones del gobierno para controlar a la ciudadanía y las expresiones de disenso descansan en
tres ejes: el control/eliminación de la sociedad civil, el control de los medios de comunicación, y la
eliminación de cualquier forma o expresión de protesta social. Durante los primeros años de la
gestión Ortega, las acciones se enfocaron en la sociedad civil , especialmente entre los años 2008 y
2009 cuando se produjeron los incidentes más graves de intimidación y acoso . Desde entonces y a
consecuencia de los altos costos políticos que le tocó pagar, el gobierno ha empleado una estrategia
de c ooptación e intimidación de baja intensidad que se ha enfocado sobre todo en la suspensión de
los fondos de cooperación destinados a las acciones para fortalecer la democracia y la
gobernabilidad. Esta estrategia ha resultado exitosa en tanto han logrado q ue las principales
agencias interesadas en estos temas se retiren del país, o bien, suspendan sus programas en estos
temas.

Al mismo tiempo han desarrollado acciones beligerantes para asegurar un monopolio sobre los
medios de comunicación y controlar a la prensa y el ejercicio periodístico a través de la amenaza, la
intimidación y la cooptación de medios y periodistas. Esto tiene como propósito acallar cualquier
posibilidad de disenso o de voces críticas, así como la hegemonía total del discurso oficialist a.

12

El tercer eje de la estrategia se refiere a la eliminación y control de cualquier forma de protesta o
disidencia. Para eso, el gobierno ha articulado un aparato propio de control ciudadano en los CPC,
de tal manera que ordinariamente ejercen una vigila ncia continua sobre aquellos considerados
“sospechosos” , y que en coyunturas específicas, como las electorales, se activan para reprimir de
manera beligerante las manifestaciones ciudadanas de oposición. Así, la violencia política y la
represión han aparec ido en el escenario político del país, especialmente desde el fraude electoral
del 2008, y presenta la tendencia a incrementarse, especialmente por la parcialidad de las
actuaciones de la Policía y el Ejército. Basta ver los reportes periodísticos sobre lo s últimos
acontecimientos de estas elecciones municipales. Esto plantea un cambio sustantivo, porque
además de reprimir cualquier expresión de descontento político, también se puede observar un uso
represivo de la fuerza policial para sofocar las expresion es de conflicto social.

La tendencia de control total sobre la sociedad no parece que va a variar. Por el contrario, es posible
suponer que la pareja presidencial mantenga su estrategia de control y utilice nuevos recursos
represivos y de coerción contra cualquier expresión de disenso u oposici ón ciudadana. De esa
manera, el país se acerca más todavía a un pasado ya conocido caracterizado por el poder
dictatorial y la represión abierta.

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