Prólogo Una mirada rápida al
informe 2009
El mundo región
a región
Datos y cifras Para ver y
escuchar
Temas globales
México
Jefe del Estado y del gobierno
Felipe Calderón Hinojosa
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
107,8 millones
Esperanza de vida
75,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
22/17 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91,6 por ciento

Las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las
fuerzas armadas y de la policía
incluían homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, tortura
s y detenciones arbitrarias. Varios periodistas
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fueron asesinados. Se sometió a defensores y defensoras de los derech
os humanos a amenazas, cargos
penales falsos y procedimientos judiciales injustos. Se hostigó a per
sonas que protestaban contra proyectos de
desarrollo económico. La Suprema Corte de Justicia rechazó las imp
ugnaciones constitucionales de la ley
despenalizadora del aborto promulgada en Ciudad de México. Se acometi
eron algunas reformas del sistema de
justicia penal. La violencia contra las mujeres seguía siendo un fenó
meno generalizado.
Información general
La seguridad pública y la reforma del sector energético dominaron
el debate político. Se desplegaron miles de efectivos de la policía federal y 45.000 miembros de las
fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada. Sin em
bargo, aumentó el nivel de violencia atribuido a las redes delictivas; según noticias de los
medios de comunicación, durante el año más de 6.000 personas pe
rdieron la vida en incidentes violentos de este tipo. Decenas de agentes de las fuerzas de seguridad
murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber.

● En septiembre se hallaron en el Parque Nacional de la Marquesa, estado d
e México, los cadáveres de 24 hombres asesinados. En un presunto ataque de
represalia de una banda de narcotraficantes, el lanzamiento de dos grana
das contra multitudes que celebraban el Día de la Independencia de México en
Morelia, estado de Michoacán, ocasionó ocho muertos y numerosos he
ridos. En octubre, la policía detuvo a tres hombres en relación con el atentado. Los
hombres confesaron haber sido los autores, pero presentaron una demanda
por torturas sufridas mientras se encontraban en prisión preventiva.
El endurecimiento de las penas y la incorporación a la Constitució
n del arraigo (prisión preventiva sin cargos) durante 80 días fueron algunas de las medidas adoptadas
para combatir la delincuencia. En septiembre, instituciones federales y
estatales firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con el fin de
mejorar la coordinación de la policía y otras medidas de seguridad
. En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las
fuerzas de policía, pero no se reforzaron las garantías sobre dere
chos humanos.
El Congreso estadounidense aprobó en junio la Iniciativa de Mérida
, que preveía la prestación a México de fondos por valor de 400 millones de dólares
estadounidenses. El paquete de medidas incluía también el suminist
ro de equipo y formación a la policía y las fuerzas armadas mexicanas y a los funcionarios de justicia
y de inmigración. El 15 por ciento de los fondos destinados a las fue
rzas armadas estaba retenido hasta que la Secretaría de Estado estadounidense informara del
cumplimiento por México de determinadas condiciones en materia de der
echos humanos. Entre estas condiciones figuraba la realización de investigaciones creíbles
para identificar a los responsables del homicidio del reportero estadoun
idense Bradley Roland Will durante los disturbios políticos registrados en Oaxaca en 2006. En
octubre, la Procuraduría General de la República detuvo a Juan Man
uel Martínez Moreno, miembro de un grupo político de la oposición, y lo acusó formalmente del
asesinato de Bradley Will. Numerosas personas e instituciones, incluidos
expertos forenses independientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, criticaron
el fundamento de la detención, pues temían que las personas acusad
as en relación con el caso pudieran servir de chivo expiatorio para demostrar el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la Iniciativa de Mérida.
“…los migrantes irregulares eran objeto de abusos tales como extorsion
es, palizas, secuestros, violaciones y asesinatos a
manos de funcionarios o de bandas de delincuentes…”
En agosto, el gobierno hizo público su Programa Nacional de Derechos
Humanos, pero en éste no se precisaba ni cómo ni cuándo se llevarían a efecto los compromisos
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generales formulados en él. Muchas organizaciones de la sociedad civi
l criticaron al gobierno por no haber mantenido con ellas un diálogo para elaborar un programa de
derechos humanos sustantivo. El gobierno y la Oficina del Alto Comisiona
do de la ONU para los Derechos Humanos renovaron el acuerdo para mantener en México una
oficina de esta institución.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo obj
eto de amenazas, agresiones, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por
organizar manifestaciones de protesta o promover el respeto por los dere
chos humanos. El gobierno aceptó facilitar a varios de ellos las medidas cautelares ordenadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, algu
nos defensores de los derechos humanos señalaron que no se habían puesto en marcha
iniciativas sustanciales para investigar sus casos o facilitarles una pr
otección efectiva.
● En abril, cinco miembros de la Organización de Pueblos Indígenas M
e’ phaa (OPIM) del municipio de Ayutla, estado de Guerrero, fueron deten
idos y acusados
del asesinato de Alejandro Feliciano García, cometido el 1 de enero.
Esta organización se había movilizado de forma sistemática contra la marginación de la
comunidad me’ phaa y había promovido los derechos de los pueblos indígenas. A p
esar del juicio de amparo federal otorgado en favor de cuatro de los
detenidos y de los indicios convincentes de que la detención se habí
a debido a motivos políticos, los cinco hombres seguían bajo custodia al finalizar el año.
Se los consideraba presos de conciencia.
Varios proyectos de inversión y desarrollo económico suscitaron la
s protestas de algunas comunidades locales por la falta de un proceso de consultas adecuado y por el
posible impacto negativo de dichos proyectos sobre los derechos sociales
, medioambientales y de otro tipo. Las comunidades indígenas fueron víctima de un número
especialmente alto de represalias.
● Los habitantes de la comunidad de Huizopa, en el municipio de Madera, es
tado de Chihuahua, que exigían que las labores de minería desarrolladas en tierras
comunales cumplieran los acuerdos suscritos con la comunidad, fueron obj
eto de amenazas y de operaciones policiales destinadas a disolver manifestaciones
legales.
Policía y fuerzas de seguridad
Personal militar
Aumentaron los informes sobre la implicación de personal militar en h
omicidios ilegítimos, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas.
El sistema de justicia militar conservaba la competencia de investigar y
procesar a los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló nueve recomen
daciones sobre los graves abusos perpetrados por personal militar durante 2008.
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● En marzo, unos soldados dispararon contra un vehículo en Santiago de
los Caballeros, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa; mataron a cuatro
hombres e hirieron a otros dos. No había pruebas de que las víctim
as fueran armadas ni supusieran una amenaza. Al finalizar el año, cinco militares estaban
bajo custodia militar y sometidos a investigación, y estaba todaví
a pendiente de resolución una solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas
para impedir que las fuerzas armadas reclamaran su competencia en el cas
o.
Policía
Los homicidios ilegítimos, las torturas, el uso excesivo de la fuerza
y las detenciones arbitrarias por parte de la policía siguieron siendo un fenómeno generalizado. Se
adoptaron medidas para crear una policía federal única con mayores
atribuciones en materia de investigación. Sin embargo, no se pusieron en marcha iniciativas
importantes para reforzar la rendición de cuentas de la policía po
r violaciones de derechos humanos, y continuó sin acometerse la reforma de las policías estatales y
municipales.
● En septiembre, según los informes, agentes de la Policía Federal P
reventiva mataron a una transeúnte de 17 años, al efectuar varios disparos, de forma
innecesaria y sin advertencia previa, contra un automóvil en Matamoro
s, estado de Tamaulipas. Los ocupantes del vehículo, Carlos Solís y Luis Alberto Salas,
fueron detenidos y acusados del homicidio, a pesar de que algunos testig
os afirmaron que sólo había disparado la policía. Según los informes, a los dos
hombres los torturaron cuando se encontraban bajo custodia, y al finaliz
ar el año estaban en espera de ser juzgados por el cargo de tenencia de armas.
● En octubre, la policía estatal mató a tiros a seis miembros de la
comunidad indígena de Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria, estado de Chiapas. Al
menos cuatro de las víctimas murieron en circunstancias que daban a e
ntender que se trataba de una ejecución. Se detuvo a varios agentes y, según los
informes, 26 estaban sometidos a investigación al finalizar el año
.
● En septiembre murieron más de 30 reclusos en los disturbios registrad
os en la prisión estatal La Mesa, en Tijuana, Baja California. El director de la Comisión
de Derechos Humanos de Baja California llegó a la conclusión de qu
e algunas de las muertes se habían debido al uso de fuerza excesiva y a otras violaciones
de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad responsable
s de la operación.
Torturas y otros malos tratos
Las torturas y los malos tratos siguieron siendo un fenómeno generali
zado. Aunque se emprendieron varias iniciativas, se registraron pocos avances en la puesta en
marcha de acciones judiciales efectivas contra los responsables. En agos
to, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó algunos centros de detención
en varios estados y recibió información sobre numerosos casos de t
ortura. Sus conclusiones eran aún confidenciales.
● En febrero, agentes de la Policía Estatal de Caminos detuvieron en Ch
ilón, estado de Chiapas, a Eliseo Silvano Espinoza y Eliseo Silvano Jiménez, dos
indígenas tzeltales. Según los informes, les dispararon, los golpe
aron, estuvieron a punto de asfixiarlos y los rociaron con gases lacrimógenos para tratar de
que confesaran. Posteriormente, los dos hombres quedaron en libertad sin
cargos. Al finalizar el año, dos agentes de policía estaban bajo custodia y eran
objeto de una investigación por este incidente.
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● En octubre, docentes y simpatizantes locales de este gremio se manifesta
ron en el estado de Morelos. En la localidad de Xoxocotla, la policía federal disolvió
una manifestación que se estaba celebrando en una carretera principal
. Muchas de las personas detenidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio,
las habían golpeado y, a algunas, las habían obligado a andar desc
alzas sobre brasas candentes.
Libertad de expresión: periodistas
Al menos cinco trabajadores de medios de comunicación murieron de for
ma violenta, y como mínimo otro, víctima de un secuestro, continuaba en paradero desconocido.
Estos delitos y otras agresiones a periodistas atribuidas a bandas de de
lincuentes siguieron impunes.
● En abril, dos mujeres indígenas, Felícitas Martínez y Teresa Ba
utista, que trabajaban en una estación de radio comunitaria de la región de Triqui, estado de
Oaxaca, murieron al disparar unos hombres armados contra el vehículo
en el que viajaban. Las autoridades negaron que el asesinato guardase relación con
sus actividades periodísticas, pero no llevaron a cabo una investigac
ión completa de los hechos.
Impunidad
Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas
tanto en el pasado como recientemente. La falta de instituciones efectivas encargadas de
investigar y enjuiciar violaciones de derechos humanos a escala federal
o estatal limitaba gravemente la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.
● En el 40 aniversario de la matanza de la plaza de Tlatelolco, en Ciudad
de México, en la que fuerzas del gobierno dispararon contra manifestantes en
circunstancias nunca aclaradas, seguía sin registrarse el menor avanc
e en lo relativo a la rendición de cuentas de sus responsables. Al finalizar el año seguía
pendiente la decisión de la corte federal que revisaba el recurso de
amparo concedido al ex presidente Echeverría, según el cual éste no debía ser juzgado
por genocidio en relación con la matanza de Tlatelolco.
No hubo avances judiciales para llevar ante los tribunales a los respons
ables de centenares de casos de homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas
perpetrados durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. El gobierno tam
poco formuló compromiso alguno a este respecto.
● En junio se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada a manos de las fuerzas
de seguridad en 1976 y que seguía en paradero desconocido.
Las investigaciones sobre casos emblemáticos recientes, como las tort
uras y otros malos tratos a decenas de manifestantes en Guadalajara en 2004, las torturas –
incluida violación– de al menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las
decenas de casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios
ilegítimos registrados durante la crisis política de Oaxaca en 200
6 y 2007, apenas arrojaron resultados positivos. Al finalizar el año no se conocían todavía los resultados
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de las investigaciones emprendidas por la Suprema Corte de Justicia sobr
e los abusos perpetrados en San Salvador Atenco y Oaxaca.
● El paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se temía
que hubiesen sido
víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007– siguió sin conocerse al fracasar la investigación federal iniciad
a al efecto.
Violencia contra mujeres y niñas
En agosto, la Suprema Corte de Justicia rechazó las impugnaciones con
stitucionales de las reformas introducidas en 2007 en la legislación de Ciudad de México para
despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.
La violencia contra las mujeres en el hogar, la sociedad y el entorno la
boral continuó siendo un fenómeno generalizado. El gobierno siguió sin hacer públicos nuevos
procedimientos para la atención de las supervivientes de violencia po
r profesionales de la medicina.
Veintiocho estados promulgaron leyes para el acceso de las mujeres a una
vida sin violencia, pero sólo las autoridades federales y tres gobiernos estatales dictaron
reglamentos para la aplicación de la nueva legislación. El aplazam
iento del compromiso de financiar muchos de los refugios para mujeres sometió a una gran presión a
esta red de servicios.
● En el contexto de la escalada de la delincuencia violenta, más de 75
mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Defensores y
defensoras de los derechos humanos que pedían justicia para las mujer
es asesinadas o secuestradas fueron objeto de amenazas y actos de intimidación.
● Se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los caso
s de tres de las ocho mujeres a las que en 2001 se encontró asesinadas en
Campo Algodonero, Ciudad Juárez.
Migrantes

Según los informes, disminuyó el número de migrantes que cruzab
an la frontera para entrar en Estados Unidos,
pero aumentaron las expulsiones a México. En este último país,
los migrantes irregulares eran objeto de
abusos tales como extorsiones, palizas, secuestros, violaciones y asesin
atos a manos de funcionarios o de
bandas de delincuentes que actuaban a menudo con la complicidad de las a
utoridades locales. Los
responsables de estos delitos no respondían prácticamente nunca de
sus actos. Como consecuencia de las
reformas introducidas en la legislación federal, la pena de cárcel
por el delito de estar ilegalmente en México se
redujo a una multa. La detención de los migrantes antes de repatriarl
os siguió siendo la norma. Se aumentó la
formación impartida a los funcionarios de inmigración sobre la pro
tección de los derechos de la infancia. Tras
visitar México en marzo, el relator especial de la ONU sobre los dere
chos humanos de los migrantes expresó
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Protesta de miembros de la Organización del
Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) ante la cárcel
de Ayutla de los Libres, 2009.
© Amnesty International
su gran preocupación por el trato dado a los migrantes centroamerican
os.
● En abril se publicaron en los medios de comunicación fotografías d
e una operación conjunta
realizada por los servicios de inmigración y las fuerzas navales para
detener a migrantes irregulares
en Las Palmas, municipio de Niltepec, estado de Oaxaca. Testigos presenc
iales confirmaron la
veracidad de las imágenes, que mostraban a migrantes sometidos a pali
zas y vejaciones. Sin embargo, los servicios de inmigración y la marina desmintieron
estos abusos.
● El sacerdote Alejandro Solalinde y otros empleados del albergue de Ciuda
d Ixtepec, en Oaxaca, que facilitaban a los migrantes asistencia humanitaria y
documentaban los abusos que éstos sufrían, recibieron repetidas am
enazas en represalia por su trabajo.
Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales
Se introdujeron reformas importantes en la Constitución relativas a l
a seguridad pública y al sistema de justicia penal, entre ellas la instauración de juicios orales y
algunas mejoras en el proceso debido para los delitos comunes, como la p
resunción de inocencia. Sin embargo, como consecuencia de dichas reformas, se ampliaron
también –sin garantizar la existencia de controles adecuados– las atribuciones de los ministerios públicos encargados de investiga
r delitos federales graves. Se fijó un
periodo de ocho años para la introducción de reformas, y se creó
una comisión especial gubernamental encargada de elaborar propuestas legislativas para aplicar las
reformas a escala federal. Las reformas no habían empezado todavía
en la mayoría de los estados.
Se bloquearon una serie de reformas dirigidas a incorporar de manera exp
lícita en la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos.
Informes de Amnistía Internacional
La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Violencia famili
ar en México (1 agosto 2008)
México: Información para el Examen Periódico Universal de la ON
U (8 septiembre 2008)
Promover los derechos de los pueblos indígenas de México: Organiza
ción del Pueblo Indígena Me’ phaa (9 octubre
2008)
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