© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 56, 2010, pp. 37-58
SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO
EN REPÚBLICA DOMINICANA
Civil society and political power in the Dominican Republic
Rosario E SPINAL Temple University

espinal@temple.edu
Jana M ORGAN University of Tennesse

janamkelly@gmail.com
Jonathan H ARTLYN University of North Caroline

hartlyn@unc.edu
BIBLID [1130-2887 (2010) 56, 37-58] Fecha de recepción: 27 de septiembre del 2010
Fecha de aceptación: 8 de diciembre del 2010
RESUMEN: República Dominicana registra un alto nivel de asociacionismo social y acti-
vismo político en el contexto latinoamericano. Esto, sin embargo, no se ha traducido en mayor
capacidad de la sociedad civil dominicana para reformar el sistema político y mejorar la demo-
cracia. Con este planteamiento de fondo, se exploran dos preguntas. La primera es si existe una
tendencia a la coparticipación en las organizaciones sociales y políticas que reduce la capacidad
de presión de la sociedad civil sobre los partidos y el Estado. La segunda refiere a la naturale-
za del vínculo de los participantes en organizaciones de la sociedad civil con el Estado y los par-
tidos. El análisis muestra el involucramiento de un segmento de participantes en actividades cívicas,
también en actividades partidarias y en redes clientelares.
Palabras clave: sociedad civil, partidos políticos, democracia, clientelismo, República
Dominicana.
ABSTRACT: In the Latin American context, the Dominican Republic displays high levels of
civic engagement and political activism, yet they have not translated into a civil society that is able
to exercise considerable influence in reforming the political system or enhancing democracy.

ROSARIO ESPINAL, JANA MORGAN Y JONATHAN HARTLYN
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Building on this observation, this article explores two questions. The first is if there is tendency
toward dual participation in civic and political organizations, which reduces civil society’s ability to
pressure political parties and the State. The second refers to the nature of the connections that
civil society participants have with the State and with political parties. The analysis demonstrates
that an important segment of the population that participates in civic associations also partici-
pates in political parties and in clientelist networks.
Key words: civil society, political parties, democracy, clientelism, Dominican Republic.
I. I NTRODUCCIÓN 1
El estudio de los movimientos sociales, sobre todo sindical y barrial, tiene una lar-
ga tradición en las ciencias sociales dominicanas, pero en las últimas dos décadas se ha
producido un cambio sustancial en la dinámica social al surgir numerosas organizacio-
nes de la sociedad civil que han reemplazado a los viejos movimientos. Algunas de estas
organizaciones tienen incidencia en los medios de comunicación y magnifican así su fuer-
za, pero la mayoría se encuentran esparcidas en todo el país y carecen de mecanismos
eficaces de articulación. Las más comunes son organizaciones religiosas, juntas de veci-
nos, asociaciones de padres de la escuela y grupos de mujeres.
Al evaluar los datos de las encuestas regionales como el Barómetro de las Améri-
cas, se encuentra que República Dominicana registra un alto nivel de asociacionismo
social y de activismo político. Sin embargo, esto no se ha traducido en mayor capaci-
dad de la sociedad civil para reformar el sistema político y mejorar la calidad de la demo-
cracia, ni tampoco para gestar un movimiento social cuestionador del sistema como ha
sucedido en otros países latinoamericanos.
De aquí surge la interrogante: ¿por qué la sociedad civil dominicana no ha podido impul-
sar grandes reformas en una función complementaria, ‹‹desde dentro››, con los partidos
políticos y el Estado, ni tampoco en una estrategia de confrontación ‹‹desde fuera››? Con
esta interrogante de trasfondo, se exploran dos preguntas para dilucidar la paradoja de una
relativa alta participación social y política, y la baja incidencia de la sociedad civil en la for-
mulación e implementación de políticas públicas para mejorar la democracia.
La primera pregunta es si existe una tendencia a la coparticipación en las organi-
zaciones sociales y políticas que podría reducir la capacidad de presión de la sociedad
civil sobre los partidos y el Estado, y neutralizar la combatividad de las organizaciones
de la sociedad civil. La segunda refiere a la naturaleza del vínculo de los participan-
tes en organizaciones de la sociedad civil con el Estado, así como el peso de la relación
clientelar que hace a las organizaciones sociales dependientes del Estado y de los par-
tidos. El análisis se aborda con datos de la encuesta Barómetro de las Américas 2010
2.
1. Rosario Espinal agradece a Temple University el apoyo durante el verano 2010 para realizar
sus investigaciones y a Jennifer McGovern por su asistencia. Los autores agradecen las sugerencias de
los evaluadores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.
2. El Barómetro de las Américas es una encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América
Latina (
LAPOP ) que tiene como objetivo medir los valores democráticos y el comportamiento político

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II. S OCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA
Desde la década de 1980, muchos estudios sobre democratización han resaltado el
papel de la sociedad civil en las transiciones y en los procesos de consolidación (Dia-
mond, 1994, 1999; Foley y Edwards, 1996; Fukuyama, 2001; Putnam, 1993, 1995; Tay-
lor, 1990; Tusalem, 2007; Warren, 2001, entre otros). Parten del supuesto de que las
organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante en la construcción de ciu-
dadanía, en la formación de capital social o en la oposición a los gobiernos que se resis-
ten a promover reformas democráticas.
Por estas razones argumentan que una sociedad civil fuerte e independiente de los
partidos políticos y del Estado contribuye a mejorar el sistema institucional, las políti-
cas públicas y, por ende, la democracia. Además, estas ideas han contribuido a forjar
nuevas organizaciones sociales y han motivado un flujo de financiamiento internacional
a instituciones que representan diversos grupos sociales o áreas temáticas (Sabatini, 2002;
Bobes, 2010; Revilla Blanco, 2010).
En este sentido, la sociedad civil ha sido tema controversial por las expectativas que
sobre ella se generan y los roles que se le atribuyen (Tusalem, 2007). Unos la ven como
fuente de civilidad democrática en la tradición de Tocqueville (2000 [1840]) y Almond
y Verba (1963), o como factor crucial para mejorar la gestión gubernamental en la ver-
sión de Putnam (1993). Foley y Edwards (1996) denominan esta perspectiva Sociedad
Civil
Iporque enfatizan una especie de relación armónica entre participación cívica y
resultados democráticos. Otros ven la sociedad civil como motor de desarrollo demo-
crático, pero muchas veces en antagonismo con partidos y gobiernos desinteresados en
profundizar la democracia; es la versión popularizada durante la resistencia a los regí-
menes comunistas de Europa Oriental a principios de la década de 1980, que Foley y
Edwards denominan Sociedad Civil
II.
Desde otra perspectiva, algunos autores conciben la sociedad civil como parte de
la estructura de poder que negocia o coopera con los diversos agentes políticos (Hochs-
tetler y Friedman, 2008), mientras otros la ven como posible fuente de problemas para
la democracia en la tradición de Huntington (1975). Es decir, a veces la sociedad civil
se percibe como componente funcional de las democracias restringidas, donde se acep-
tan sin muchos cuestionamientos los límites de la participación social y política, y otras
como un elemento desafiante del sistema (e incluso desestabilizador) hacia la construcción
——————————
en las Américas con muestras nacionales probabilísticas. En la actualidad se realizan encuestas en casi
toda la región y se entrevistan más de 40.000 personas. En la República Dominicana, los estudios se
realizan desde el año 2006. La muestra del Barómetro de las Américas 2010 para República Domini-
cana fue diseñada por Gallup República Dominicana, s.
A. en consulta con expertos en materia de mues-
treos bajo la dirección general del Dr. Mitchell A. Seligson, director de LAPOP en la Universidad de
Vanderbilt. El trabajo de campo fue realizado por Gallup República Dominicana en el mes de febre-
ro de 2010. El tamaño de la muestra fue de 1.500 personas, dividas en cuatro regiones: metropolitana,
norte, este y sur.
LAPOP permite el uso de su base de datos a los investigadores. Para más información
al respecto, visitar la página webde LAPOP : https://www.vanderbilt.edu/lapop/index.php.

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de una democracia participativa (Hengstenberg y Maihold, 2002). Estas distintas visio-
nes sobre el papel de la sociedad civil han coexistido en las últimas décadas a pesar de
la aparente contradicción en objetivos. De ahí que el estudio empírico sea vital para com-
prender la dinámica del proceso de democratización en cada país específico y el papel
de la sociedad civil.
Cuando la sociedad civil es fuerte y tiene capacidad de presión en el sistema polí-
tico, ya sea mediante las instancias institucionalizadas o la movilización, logra expandir
los beneficios sociales a los grupos que representa. Pero cuando es débil, ya sea por su
bajo nivel organizativo, o porque se supedita a los dictados de los partidos políticos o
el Estado, resulta difícil que incida de manera significativa en las reformas. Por otro lado,
las organizaciones que conforman la sociedad civil difieren en sus formatos y propósi-
tos. Unas operan como grupos de interés a favor de sus representados, es el caso por
ejemplo de los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de muje-
res. Otras se plantean objetivos de carácter general como las reformas políticas para lograr
transparencia gubernamental. Unas tienen características de
ONG , con énfasis en el tra-
bajo técnico en temáticas específicas; otras operan como organizaciones laborales, pro-
fesionales, de identidad o territoriales; y otras como movimiento cívico.
Las transiciones políticas de las últimas décadas en América Latina han contado
con la participación de la sociedad civil en distintas modalidades e intensidad. Es común
que durante los primeros años de la transición se produjeran movilizaciones y un aumen-
to de la actividad asociativa para terminar con los regímenes autoritarios y promover la
democracia. Una vez concluida la etapa de activación social y la transición, el desafío
para la sociedad civil ha sido qué hacer y cómo interactuar con el Estado y los parti-
dos políticos; ya sea para avanzar la causa general de la democratización o para articu-
lar y defender intereses de grupos que reclaman derechos.
En este contexto, la efectividad de la sociedad civil estará muy ligada a su fortale-
za (la magnitud de su membresía y los recursos disponibles), así como a la fuerza de los
partidos políticos y el Estado. Se puede dar entre ellos una relación de colaboración o
de resistencia. Planteado en sentido más amplio, la sociedad civil, en tanto agente de
acción colectiva, opera en un contexto económico y político-institucional que marca la
dinámica de relación entre estas instancias, mientras los procesos de interacción políti-
ca señalan el tipo de democracia que se forja, con distintos niveles de inclusión o exclu-
sión social (Revilla Blanco, 2010).
III. L
ASOCIEDAD CIVIL DOMINICANA Y LA DEMOCRATIZACIÓN
República Dominicana no ha sido ajena a los procesos de transformación de la acción
colectiva en el marco de los cambios económicos y políticos de la región latinoame-
ricana. La caída de la dictadura de Rafael Trujillo en 1961 produjo un alto nivel de movi-
lización y conflictividad social. El objetivo era eminentemente político porque se buscaba
terminar con los remanentes del trujillismo. Conjuntamente, se formaron organizacio-
nes sociales en el nuevo clima de libertad; sobre todo, organizaciones empresariales,

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sindicales y cívicas. Las elecciones democráticas en diciembre de 1962 sirvieron de cata-
lizador de las demandas populares de cambio, pero el golpe de Estado en septiembre
de 1963 abrió otro capítulo de conflictividad política, marcado por la represión y la
sucesión de gobiernos de facto. Esta conflictividad irresuelta culminó con la guerra civil
de 1965, interrumpida por una ocupación militar norteamericana.
El gobierno de los Doce Años de Joaquín Balaguer (1966-1978) se caracterizó por
la represión sistemática a los sectores de la izquierda y a las organizaciones sociales
vinculadas a ella, en particular, a los sindicatos. El Estado no tenía un proyecto nacio-
nal-popular y, por tanto, no daba cabida a las demandas ni a las protestas populares
(Espinal, 1987; Lozano, 1985). Durante todo ese período, el activismo político de opo-
sición al gobierno de Balaguer se impuso sobre las modalidades de activismo social,
excepto en el marco del asistencialismo público. El Estado suplía beneficios clientelis-
tas a pequeños segmentos populares y organizaba grupos de campesinos y amas de casa
con fines desarrollistas (Duarte y Pérez, 1979). Las políticas económicas estaban dise-
ñadas para favorecer al empresariado, que en el período de Trujillo había quedado cons-
treñido por las políticas de concentración de riqueza del dictador (Espinal, 1998; Hartlyn,
1998; Moya Pons, 1992).
Después de la represión que caracterizó a la política dominicana en las décadas de
1960 y 1970, la transición política de 1978 facilitó el resurgimiento de la vida asociati-
va en el país y se inició un proceso organizativo y de estrategias reivindicativas de dis-
tintos sectores sociales. La naturaleza y forma de esos movimientos ha experimentado
cambios desde 1978 en función de varios factores: (1) la situación económica, (2) el par-
tido en el poder, (3) las estrategias de los gobiernos para ejercer control sobre la socie-
dad movilizada, (4) el tipo de relación entre los partidos políticos y las organizaciones
sociales y (5) el financiamiento disponible para las organizaciones sociales (Espinal, 2001).
De manera general, se pueden identificar cinco períodos en el proceso de activis-
mo y movilización social a partir de la transición democrática en 1978. El primero
abarcó el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (
PRD ) de 1978 a 1982. Se
caracterizó por el auge de la organización obrera y empresarial y se produjeron fuer-
tes tensiones entre el empresariado y el gobierno ante la creciente sindicalización. El
segundo corresponde al gobierno del
PRD de 1982 a 1986. Se caracterizó por el cre-
ciente descontento popular con la crisis económica y las medidas de ajuste. Se produ-
jo un fuerte, aunque breve, movimiento de protesta callejera que fue reprimido por el
gobierno.
El tercero se caracterizó por el surgimiento y organización del movimiento popu-
lar, fundamentalmente de extracción urbana de barrios marginados, que presentó múl-
tiples demandas socioeconómicas a través de huelgas nacionales organizadas por el
Colectivo de Organizaciones Populares. Estas protestas se produjeron en el contexto
del retorno de Joaquín Balaguer al poder en 1986, quien impulsó un programa econó-
mico de expansión del gasto público que produjo alta inflación entre 1987 y 1990. Un
fenómeno nuevo ante la crisis de representatividad política en esos años fue el ‹‹diálo-
go tripartito››, que contó con la participación del sector empresarial, sindical y guber-
namental, y con la mediación de la Iglesia Católica (Núñez Collado, 1997). En este

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diálogo, los sectores barriales movilizados no fueron reconocidos como interlocutores
ni convocados a la mesa de negociación.
El cuarto se caracterizó por la incorporación de los sectores medios a la lucha por
la consolidación de la democracia después de la cuestionada reelección de Balaguer en
1990. Las actividades entre 1990 y 1996 tuvieron fundamentalmente un carácter cívi-
co-democrático y buscaron incidir en las reformas al sistema político y la transpa-
rencia electoral. Se produjo aquí una modalidad nueva de movimiento social que emergió
bajo el concepto de ‹‹sociedad civil››, es decir, un movimiento con mayor autonomía de
los partidos políticos y del Estado y con un sesgo de crítica hacia ellos. La conquista
más importante de este movimiento fue lograr mayor transparencia electoral a partir
de 1996.
El quinto se inició a fines de la década de 1990, durante el primer gobierno del Par-
tido de la Liberación Dominicana (
PLD ). Se ha caracterizado por una diversidad de movi-
mientos sociales, entre ellos: (1) los esfuerzos de organizaciones de sectores medios por
consolidar la institucionalidad democrática; (2) las protestas callejeras esporádicas de
grupos sociales en barrios marginados y poblados, en demanda por reivindicaciones espe-
cíficas para sus comunidades, pero sin una efectiva coordinación nacional; (3) las huel-
gas de grupos profesionales por reivindicaciones laborales, sobre todo de médicos; y
(4) protestas con un fuerte componente juvenil en torno a temas nuevos como el medio
ambiente y los derechos sexuales. Es decir, la diversificación de las luchas y la carencia
de coordinación nacional de estos esfuerzos han caracterizado los últimos 15 años.
Las fortalezas y debilidades de estos movimientos en sus distintas modalidades de
acción colectiva han sido analizadas en diversos trabajos de investigación (Báez, 1993;
Betances, 2009; Cassá, 1990; Cassá y Murphy, 1995; Ceballos, 1995; De Peña Valdez, 1998;
Espinal, 1995, 1998, 2001; Faxas, 1995, 2007; Ianni, 1985, 1987; Moya Pons, 1992; Ovie-
do y Espinal, 1986; Pérez y Artiles, 1992; Vargas, 1994). Lo que no se ha estudiado en
detalle son las características de los participantes de las organizaciones de la sociedad
civil y sus vínculos con los partidos y el Estado. Examinar esta relación es relevante
para comprender por qué en una sociedad que aparece en las encuestas comparativas
con un nivel de participación cívica relativamente alto, no se observa mayor protagonis-
mo de la sociedad civil frente a los partidos y el Estado, que se traduzca en reformas con-
cretas para mejorar el nivel de vida de la población y la institucionalidad democrática.
IV. L
APARADOJA
En República Dominicana se observa una situación paradójica en lo relativo a la socie-
dad civil y la política. Por un lado, hay evidencia empírica de que en la sociedad domi-
nicana hay amplia vida organizativa. Por ejemplo, en la encuesta del Barómetro de las
Américas 2010, que incluye 23 países de América Latina y el Caribe
3, República
3. El total es de 24 países de América Latina y el Caribe pero la encuesta de Haití se retrasó por
el terremoto. Por eso los datos de Haití no se incluyen en los gráficos comparativos.

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Dominicana encabeza la región en participación en actividades de organizaciones reli-
giosas y en comités de mejora a la comunidad (conocidas como juntas de vecinos). Ocu-
pa el segundo lugar en participación ciudadana en la solución de problemas
comunitarios, el tercer lugar en participación en grupos de mujeres y el cuarto lugar en
participación en asociaciones de padres de la escuela (ver el Gráfico
I). Más aún, esta
organización cívica dominicana ha aumentado ligeramente de 2006 a 2010, aunque el
incremento no es estadísticamente significativo.
G
RÁFICO I . P ARTICIPACIÓN CIUDADANA EN REPÚBLICA DOMINICANA
YOTROS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE , 2010
Por otro lado, aunque los partidos políticos reciben la peor evaluación entre las ins-
tituciones dominicanas
4, los datos muestran que han gozado de amplia simpatía en la
población. En la comparación regional con datos del Barómetro 2006 y 2008, Repú-
blica Dominicana se colocó en el primer lugar de simpatía partidaria: el 60% y el 70%
de los ciudadanos, respectivamente, dijo simpatizar por un partido político. En el 2010,
el país ocupó el segundo lugar de simpatía partidaria con un 54,5% (ver el Gráfico
II).
Aunque el dato muestra que el nivel de simpatía disminuyó, sigue siendo alto en el
4.En el Barómetro de las Américas 2010, los partidos políticos recibieron una evaluación prome-
dio de 33,1 puntos en relación al nivel de confianza, la menor de todas las instituciones consideradas.
Solución problemas en la comunidad
Reuniones religiosas
Reuniones padres de la escuela
Reuniones juntas de vecinos
Reuniones organizaciones de mujeres
Reuniones organizaciones profesionales 18,0
24,4 (2)
7,0
8,3 (6) 7,9
13,3 (3) 13,8
25,0 (1) 22,0
27,1 (5)43,2
60,5 (3)
0 10 20 30 40 50 60 70
Nivel de participación, escalas de 0 a 100
Promedio regional de 23 países de América Latina y el Caribe.
Promedio para República Dominicana (posición comparativa).
Fuente: Barómetro de las Américas (
LAPOP 2010).

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contexto latinoamericano, donde el promedio regional de simpatía partidaria es del
34,1%. Sin embargo, en la comparación sobre confianza en los partidos, República
Dominicana se coloca en una posición intermedia: ocupa la posición 14 de 23 países.
Esto indica que el nivel de simpatía en los partidos de la población dominicana es mayor
en términos comparativos que la confianza en ellos.
Al considerar otras preguntas de la encuesta se encuentra que República Domini-
cana ocupó el primer lugar en el porcentaje de la población que dijo haber trabajado
por un partido o candidato en las últimas elecciones presidenciales de su país (19,9%);
el segundo lugar en el porcentaje que dijo haber asistido a reuniones de organizaciones
políticas (21,7%); y el tercer lugar en el promedio de interés en la política (44,3 pun-
tos). Aunque ocupó el noveno lugar en el porcentaje de votación en las últimas elec-
ciones presidenciales, el 74% de participación electoral es relativamente alto. Por otro
lado, República Dominicana ocupó el primer lugar en el porcentaje de la población que
dijo haber asistido a una reunión municipal (27,3%) y el séptimo lugar (relativamente
alto en una comparación entre 23 países) en el porcentaje que dijo haber presentado
una petición al gobierno municipal (15,1%).
G
RÁFICO II . P ARTICIPACIÓN POLÍTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA
YOTROS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE , 2010
Simpatiza por un
partido político
Trabajó en campaña política
Participación en reuniones
de un partido
Interés en la política
Votó en las últimas
elecciones presidenciales
Asitió a reunión municipal
Presentó petición
al gobierno municipal
Participación en
protestas públicas 34,1%
54,5% (2)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nivel de participación, escalas de 0 a 100
Promedio regional de 23 países de América Latina y el Caribe.
Promedio para República Dominicana (posición comparativa).
Fuente: Barómetro de las Américas (
LAPOP 2010).10,9%
19,9% (1)
8,2%
21,7% (2)
37,6%
44,5% (3)
74,0%
76,1% (1)
10,9%
27,3% (1)
13,2%
15,1% (7)
7,4%
5,4% (17)

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A partir de estos datos surge la interrogante: ¿Por qué este asociacionismo social y
activismo político que captan las encuestas no se ha traducido en una mayor capacidad
de la sociedad civil dominicana para reformar el sistema político y mejorar la democracia,
ni tampoco para gestar un movimiento social cuestionador del sistema como ha sucedi-
do en otros países? Planteado de otra manera, aunque se reconoce que la estabilidad del
sistema de partidos dificulta que la sociedad civil tenga un papel transformador median-
te la confrontación (‹‹desde fuera››), ¿por qué la sociedad civil dominicana no ha podi-
do insertarse de manera más exitosa para lograr reformas democráticas en una función
complementaria, ‹‹desde dentro››, con los partidos y el Estado? (Hochstetler y Fried-
man, 2008: 2).
Una posible explicación que se deriva de los datos presentados en los Gráficos 1 y
2 es que la sociedad dominicana se organiza más de lo que se moviliza. Como se obser-
va en el Gráfico 2, República Dominicana ocupa una posición relativamente baja (n.º 17)
en la participación en protestas públicas. El promedio regional de participación no es
alto (7,4%), pero para el caso dominicano llama la atención que la posición compara-
tiva es relativamente baja, a diferencia de la posición en los otros ítems participativos.
En un sistema de partidos políticos relativamente estable y que todavía exhibe un nivel
de simpatía relativamente alto, no debe sorprender la baja movilización social fuera de
ellos. Este podría ser un factor clave para la baja efectividad de la sociedad civil domi-
nicana en inducir cambios sociales. Es decir, la sociedad política dominicana no se sien-
te suficientemente presionada, ni mucho menos amenazada, por la sociedad civil, y por
eso no se ve obligada a dar respuesta a las expectativas de cambio de la población que
las organizaciones sociales articulan públicamente.
Una explicación complementaria es que no existe una diferenciación significativa
entre las instancias de participación en la sociedad civil y en los partidos, lo cual impi-
de que la sociedad civil tenga una posición de beligerancia política. Este factor se ana-
liza con datos empíricos más adelante.
V. E
XCLUSIÓN SOCIAL
La dificultad de la sociedad civil dominicana para incidir y generar grandes cam-
bios se evidencia con ejemplos. Aquí se resumen dos situaciones que expresan los défi-
cits. En el aspecto socioeconómico, llama la atención que en las últimas décadas
República Dominicana ha sostenido uno de los niveles más altos de crecimiento eco-
nómico en América Latina. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mejoría sus-
tancial en las condiciones de vida para la población. La situación económica es mejor
que hace 50 años, pero la población carece de servicios adecuados en educación, salud,
seguridad social y oferta de energía eléctrica, entre otros; asimismo, el nivel de desi-
gualdad económica y social sigue siendo alto.
Este punto lo expresa claramente el economista Miguel Ceara-Hatton en el Pró-
logo del reciente informe sobre Política Social de la Oficina de Desarrollo Humano

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(ODH ) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) en República
Dominicana:
La sociedad dominicana ha tenido avances innegables en materia de derechos civiles y
políticos. Aún en materia de indicadores sociales e institucionales ha habido progresos;
sin embargo, seguimos viviendo en una sociedad donde el poder económico, social e ins-
titucional está distribuido de manera muy inequitativa, y los mecanismos de representa-
ción en el sistema político se han distorsionado, alterando la lealtad a la ciudadanía y
vaciándose de contenidos. Lo peor es que nuestra sociedad se ha hecho cada vez más exclu-
yente, generando cada vez más riqueza. El orden de desigualdad afecta a nuestras insti-
tuciones y debilita el Estado de Derecho, convirtiendo al desarrollo humano en una
cuestión de poder, cuando debería ser una cuestión de derechos, de forma que el acceso
a las oportunidades no dependa del poder personal o del grupo al que se pertenece (Cea-
ra-Hatton en
ODH -PNUD , 2010: IX).
Según este informe ( ODH -PNUD , 2010: 33), la concentración del ingreso se ha man-
tenido elevada en República Dominicana y la magnitud de la brecha entre los más ricos
y los más pobres es de las más elevadas en términos comparativos y tiende a crecer. Para
el año 2000, el 30% de los hogares dominicanos más ricos captaba el 66% del ingreso
nacional y para el año 2006, el 69,9%.
En el campo político, un ejemplo de exclusión y de relativa debilidad de las orga-
nizaciones sociales es el escaso poder que han tenido para moldear las reformas cons-
titucionales realizadas en el país en 1994, 2002 y 2009-2010. La de 1994 se realizó en
medio de una crisis postelectoral por el alegado fraude del gobierno de Balaguer contra
el
PRD . En el diseño de la reforma, realizada «al vapor», participó la cúpula de los tres
partidos principales: el
PRD , el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano ( PRSC ).
En pocos días, los líderes partidarios pactaron la reforma, que luego, en un evento
público en el Palacio Nacional, refrendaron las organizaciones más notables de la socie-
dad civil (Hartlyn, 1998).
Luego, en el año 2001, el presidente Hipólito Mejía del
PRD nombró una Comisión
para discutir reformas constitucionales que habían sido propuestas durante varios
años por la sociedad civil. Esto también se hizo con la mediación de monseñor Agri-
pino Núñez Collado, el artífice de casi todos los diálogos que cuentan con el aval del
gobierno. Pero después de ganar las elecciones legislativas y municipales de 2002, Mejía
procedió con su mayoría parlamentaria a modificar la Constitución con el único obje-
tivo de poder presentarse como candidato presidencial en el 2004, elección que perdió.
En la más reciente reforma constitucional, que promovió y patrocinó el presidente
Leonel Fernández también con la coordinación de monseñor Agripino Núñez Collado,
se hizo una consulta nacional en el 2009 dirigida por oficinas dependientes del despa-
cho presidencial, sin ningún mecanismo que asegurara que los resultados tendrían un
peso significativo en la elaboración del texto. Al final, la reforma constitucional se
pactó en sus puntos más álgidos entre el presidente Fernández y el presidente del
PRD , Miguel Vargas, el 14 de mayo de 2009, sin la participación de representantes de

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la sociedad civil, como documenta ampliamente la prensa alrededor de esa fecha. La
nueva Constitución fue proclamada el 26 de enero de 2010.
La persistencia de grandes desigualdades socioeconómicas y la exclusión de amplios
sectores sociales de los procesos de reforma constitucional son ejemplos importan-
tes de la limitada capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para negociar con
los partidos y el Estado los cambios socioeconómicos y políticos.
VI. H
IPÓTESIS
La estabilidad del sistema de partidos dominicano es evidente en el contexto com-
parativo latinoamericano y se ha producido en condiciones de escasa diferenciación
ideológica después de la transición democrática. El clientelismo y las valoraciones de
la población sobre el desempeño económico del gobierno se señalan como factores
importantes, sobre todo en el contexto de una estructura social marcada por la migra-
ción de dominicanos hacia fuera y de haitianos hacia dentro, que desincentiva la movi-
lización social (Morgan, Hartlyn y Espinal, manuscrito a publicarse en 2011).
Desde otro ángulo, Choup (2003, 2006) ha planteado, a partir de un estudio de orga-
nizaciones comunitarias en una zona marginada de Santo Domingo, que las organi-
zaciones de base, aunque reclaman democracia, muchas veces asumen el clientelismo y
el presidencialismo típicos del sistema político dominicano para servir mejor los inte-
reses de sus comunidades. Los mismos líderes de estas organizaciones expresaron en el
estudio que los políticos ignoran las demandas y necesidades de la ciudadanía por las
debilidades de la sociedad civil. Uno de los argumentos centrales de Choup (2003) es
que la democracia en las organizaciones de la sociedad civil está constreñida por la limi-
tada democracia de la sociedad política. Por otro lado, aunque hay algunos líderes
cívicos independientes, la mayoría busca establecer vínculos con el Estado y los parti-
dos, o formar relaciones clientelistas con un partido (Choup, 2006).
Los artículos de Choup ofrecen evidencia a favor del argumento de que las prácti-
cas clientelistas de la sociedad civil, tales como hacer demandas personales a líderes polí-
ticos que entregan beneficios de manera arbitraria, son remanentes del pasado autoritario
y reflejo de la desigualdad estructural y la mínima institucionalidad en que operan. El país
no cuenta aún con instituciones autónomas y eficaces dentro o fuera del Estado que per-
mitan a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil presentar demandas a insti-
tuciones públicas a través de canales formales y que, en base a criterios objetivos, se asignen
recursos. Esta situación deja poco margen a la sociedad civil para usar canales democrá-
ticos. Los líderes sociales, conscientes de que hay muchas instituciones con funciones simi-
lares, no saben quién está a cargo ni quién puede resolver. Además, reina la improvisación,
el clientelismo y la corrupción. Una lección que se extrae de esta investigación es la nece-
sidad de analizar mejor el tipo de relación entre la sociedad civil, los partidos y el Estado
para comprender el escaso avance en la institucionalidad democrática.
El escaso desarrollo interno de las organizaciones de base dominicanas es otro serio
problema que limita su efectividad. Según Vargas (1994), la mayoría de las organizaciones

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se reúnen pero no tienen organismos, subdivisiones ni adecuada distribución de fun-
ciones o responsabilidades. Esto no es producto de una democracia igualitaria, sino de
una cultura verticalista. Se realizan muchas elecciones para rotar directivas, pero la ree-
lección es una práctica frecuente. En general, este estudio establece tres problemas fun-
damentales de las organizaciones de base dominicanas: escasos recursos económicos,
falta de democracia interna y bajo nivel de capacitación. De ahí que en las entrevistas
realizadas a directivos de organizaciones señalaran que el logro más importante de
sus organizaciones era que existían.
Como se sugirió anteriormente, hay una tendencia en el análisis social a asumir que
los actores que conforman la sociedad civil son distintos a los que militan en los par-
tidos, y, por ende, se le atribuye a la sociedad civil el propósito, o incluso la capaci-
dad, de enfrentarse a los partidos y al gobierno en sus esfuerzos por promover la
democracia. Sin embargo, en países como República Dominicana, donde se registra
un nivel relativamente alto de asociacionismo social y activismo político, falta conocer
mejor qué sucede en la relación entre la sociedad civil, partidos políticos y el Estado,
para explicar por qué la sociedad civil no registra muchas conquistas en el campo de
las reformas democráticas, ya se trate de mejoría en los servicios públicos o de trans-
parencia gubernamental.
Podría ser que la sociedad civil, a pesar de su alto nivel de participación, no logra
incidir de manera determinante en las decisiones gubernamentales porque el sistema
de partidos no ha enfrentado una fuerte crisis de representatividad, y, por tanto, no nece-
sita dar amplia cabida a las organizaciones sociales, que, por naturaleza, son muchas
y agregan intereses diversos. Por ejemplo, Hochstetler y Friedman (2008) en su estu-
dio sobre Bolivia, Argentina y Brasil muestran apoyo a la hipótesis de que el nivel de
representación no partidaria, es decir, a través de organizaciones de la sociedad civil,
se relaciona con el nivel de crisis de representatividad de los partidos: a mayor crisis de
los partidos, mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en un rol
de representación. Por el contrario, en contextos de crisis moderadas, las organizacio-
nes de la sociedad civil no reemplazan a los partidos como instancias de representación, o
ni siquiera lo intentan, aunque pueden tener importantes funciones de representación
en complementariedad con los partidos. En el caso dominicano, las organizaciones de
la sociedad civil no parecen jugar ni siquiera un papel importante de complementarie-
dad para producir cambios sociales.
Con los datos y argumentos presentados, se examinó empíricamente la hipótesis
siguiente para dilucidar la paradoja de por qué la sociedad civil dominicana no logra
mayor impacto sobre las reformas. Se plantea que la tendencia a la coparticipación cívi-
ca y política reduce la capacidad de presión de la sociedad civil sobre los partidos y el
Estado por la relación clientelar, que torna las organizaciones sociales sumisas ante esos
poderes. Todo el análisis se realizó con datos del Barómetro de las Américas 2010.

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VII. L OS DATOS
La encuesta contiene una serie de preguntas que permiten evaluar la membresía dual
en organizaciones sociales y políticas. Se utiliza la serie de preguntas sobre participa-
ción ciudadana que incluye participación en la solución de problemas comunitarios
y asistencia a reuniones en cuatros tipos de organizaciones: asociaciones de padres de
la escuela, juntas de vecinos, organizaciones profesionales y organizaciones de mujeres.
Para la participación política se utilizan dos preguntas: la asistencia a reuniones de par-
tidos y la pertenencia a un partido.
El Gráfico
III muestra la relación entre participación cívica y la asistencia a reunio-
nes de partidos. En todos los ítems de participación social señalados con asterisco, se
observa una relación estadísticamente significativa (p < ,05) con la asistencia a reuniones de partidos. Es decir, los datos muestran que la asistencia a reuniones de partidos es mayor entre las personas que participan en la solución de problemas de la comunidad que entre quienes no participan; entre los que asisten a reuniones de padres de la escuela, de jun- tas de vecinos, de organizaciones profesionales y de organizaciones de mujeres, que entre los que no asisten. La última barra indica que participar por lo menos en una actividad cívica de las mencionadas duplica la posibilidad de asistencia a reuniones políticas. Quie- nes nunca han participado en una actividad cívica registran un 21,5% de participación en reuniones de partidos, comparado con el 43,9% entre quienes han participado. G RÁFICO III . P ARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS POR PARTICIPACIÓN EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL , 2010 Solución problemas en la comunidad* Asociaciones de padres de escuela* Juntas de vecinos* Organizaciones profesionales* Asociaciones de mujeres* Por lo menos, una actividad cívica* 32,7% 46,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Porcentaje que participan en reuniones de un partido Los que no participan en la actividad. Los que sí participan en la actividad. * Diferencias significativas entre los que participan y los que no participan. Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas ( LAPOP 2010). 31,9% 45,8% 30,9% 50,8% 36,5% 51,8% 30,7% 47,3% 21,5% 43,9% Tipo de activismo civil ROSARIO ESPINAL, JANA MORGAN Y JONATHAN HARTLYN SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 50 © Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 56, 2010, pp. 37-58 Estos datos reflejan que quienes participan en actividades cívicas no están fuera de la dinámica de los partidos políticos, es decir, que la sociedad civil dominicana no es externa a los partidos, sino que muchos de sus miembros participan también en las acti- vidades político-partidarias. Cuando se utilizan las mismas variables de participación cívica en relación con la membresía a un partido político, encontramos las mismas tendencias que en el caso de asistencia a reuniones políticas, aunque las relaciones estadísticas son más débiles. Quie- nes nunca han participado en una actividad cívica registran un 22,2% de membresía en partidos políticos, comparado con un 32,7% en el caso de quienes han participado en por lo menos una actividad cívica. La diferencia de 10,5 puntos porcentuales (32,7-22,2) es estadísticamente significativa, pero no es tan alta como en el caso de la participa- ción en reuniones de partidos, donde la diferencia es de 22,4 puntos (43,9-21,5). Para conocer sobre la naturaleza del vínculo de los participantes en las organiza- ciones de la sociedad civil con el Estado, se utilizan dos preguntas del Barómetro de las Américas 2010. Una indaga sobre las ofertas clientelistas que hacen los partidos y los candidatos en época de campaña electoral y la otra sobre la Tarjeta de Solidaridad que otorga el gobierno a los pobres para canalizar subsidios de alimentación, asisten- cia escolar, consumo de gas y a personas retiradas de la actividad económica. Estos sub- sidios oscilan generalmente entre 20 y 50 dólares mensuales. Este análisis parte de que hay formas de organización de la sociedad civil, como es el caso de las marcadas por lazos clientelistas, que pueden dificultar las reformas. El Gráfico IV muestra una relación estadísticamente significativa (p < ,05) señala- da con asteriscos entre participar en actividades cívicas y haber recibido alguna oferta clientelista. Igual sucede, pero de manera más pronunciada, entre las personas que participan políticamente, ya sea como miembros de partido o que asisten a reuniones de partidos. Es decir, participar en actividades cívicas y políticas aumenta de manera estadísticamente significativa la probabilidad de recibir ofertas clientelistas durante las campañas electorales. Además, quienes participan en los partidos, independientemen- te de cuál partido, tienen más probabilidad de recibir ofertas clientelistas que quienes no participan en ninguno. Esto indica que quienes participan en las actividades cívicas no son particularmente diferentes a quienes participan en las actividades políticas en lo relativo a las ofertas clientelistas. Los datos muestran que participar en alguna de esas instancias aumenta la posibilidad de recibir ofertas clientelistas con el propósito de generar apoyo político. Por ejemplo, las personas que participan en reuniones de juntas de vecinos y organi- zaciones profesionales muestran un porcentaje de ofertas (23,2% y 23,1% respectiva- mente) similar al de las personas que dijeron pertenecer a un partido político (25%), o a quienes mencionaron asistir a reuniones de partidos (25,6%). En el caso de las otras actividades cívicas los porcentajes oscilan entre el 20,3% en el caso de las organiza- ciones de padres de la escuela y el 21,9% en la participación para la solución de pro- blemas comunitarios. GRÁFICO IV . D ISTRIBUCIÓN DE LAS OFERTAS CLIENTELISTAS POR PARTICIPACIÓN CÍVICA YPOLÍTICA , 2010 Los datos del cruce de participación cívica y política con la Tarjeta de Solidari- dad que aparecen en el Gráfico Vmuestran que hay una relación estadísticamente sig- nificativa con asistir a reuniones de partidos y ser miembro de un partido (del gobernante y de la oposición). Mientras el 41,1% de quienes asisten a reuniones de partidos tienen la Tarjeta, el 30,3% de quienes no asisten la tienen. Asimismo, mien- tras el 35,5% de quienes son miembros de partido la tienen, el 26,4% de quienes no son miembros la tienen. En el caso de la participación cívica, no hay tantas diferencias estadísticamente sig- nificativas como en el caso de las ofertas clientelistas. Hay diferencia significativa entre tener la Tarjeta y asistir a reuniones de asociaciones de padres de la escuela y de juntas de vecinos, pero no en el caso de participar en organizaciones profesionales y de muje- res (por eso no aparecen asteriscos en esos ítems), ni tampoco en la categoría general de asistir por lo menos a una actividad cívica. Esta relación estadísticamente significa- tiva con las asociaciones de padres y comunitarias puede estar influenciada por el hecho de que los factores principales que inciden en tener una Tarjeta de Solidaridad son la ROSARIO ESPINAL, JANA MORGAN Y JONATHAN HARTLYN SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 51 © Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 56, 2010, pp. 37-58 Solución problemas en la comunidad* Asociaciones de padres de escuela* Juntas de vecinos* Organizaciones profesionales* Asociaciones de mujeres* Por lo menos, una actividad cívica* Reuniones de partidos políticos* Miembro de partido político* 15,6% 21,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Porcentaje que han recibido una oferta clientelista Los que no participan en la actividad. Los que sí participan en la actividad. * Diferencias significativas entre los que participan y los que no participan. Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas ( LAPOP 2010).16,6% 20,3% 15,3% 23,2% 17,4% 23,1% 14,2% 20,9% 11,0% 20,6% Participación cívica y política 13,7% 25,6% 15,2% 25,0% ROSARIO ESPINAL, JANA MORGAN Y JONATHAN HARTLYN SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 52 © Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 56, 2010, pp. 37-58 pobreza y el bajo nivel educativo, y este sector social puede estar más involucrado en las asociaciones comunitarias y de padres que en las profesionales y de mujeres. Esto sugiere que la Tarjeta está llegando a los sectores pobres para quienes fue dise- ñada, pero también hay un elemento de clientelismo político en su asignación, ya que ser miembro del partido de gobierno ( PLD ) o del principal partido opositor ( PRD ) aumen- ta la probabilidad de tener la Tarjeta, al igual que asistir a reuniones de los partidos. Sin embargo, para determinar la dirección causal se requiere más estudio, de manera que se pueda especificar en qué proporción de los casos el beneficiario de la Tarjeta se iden- tificaba con el partido previamente y por eso tuvo mayor oportunidad de recibirla, o si recibir la Tarjeta motivó la identificación partidaria. G RÁFICO V . D ISTRIBUCIÓN DE LAS TARJETAS DE SOLIDARIDAD POR PARTICIPACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA , 2010 En resumen, las correlaciones estadísticas entre las variables analizadas demuestran que hay una fuerte relación entre la participación cívica y política y ser beneficiario de ofertas clientelares. Esta tendencia también se evidencia parcialmente en el caso de la Tarjeta de Solidaridad. Solución problemas en la comunidad Asociaciones de padres de escuela* Juntas de vecinos* Organizaciones profesionales Asociaciones de mujeres Por lo menos, una actividad cívica Reuniones de partidos políticos* Miembro de partido político* 34,0% 32,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Porcentaje de hogares que tienen una Tarjeta de Solidaridad Los que no participan en la actividad. Los que sí participan en la actividad. * Diferencias significativas entre los que participan y los que no participan. Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas ( LAPOP 2010).29,8% 37,6% 31,6% 36,7% 34,4% 29,3% 34,4% 42,8% 30,5% 34,6% Participación cívica y política 30,3% 41,1% 26,4% 35,5% ROSARIO ESPINAL, JANA MORGAN Y JONATHAN HARTLYN SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 53 © Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 56, 2010, pp. 37-58 En el modelo estadístico de regresión lógica que aparece en la Tabla Ise evalúa si la coparticipación cívica y política que se observa en el análisis bi-variable se mantie- ne en el análisis multivariado, donde se introducen variables independientes para eva- luar la participación en partidos políticos a través de la asistencia a reuniones de los partidos. Las variables de control son de tipo sociodemográfico (educación, edad, géne- ro, clase, raza y lugar de residencia), la evaluación de la economía nacional y la asis- tencia a servicios religiosos. Se asume que estas variables podrían tener algún impacto en la participación cívica. Pero si la coparticipación se mantiene a pesar de estos con- troles, entonces toma fuerza el argumento de que ese factor dificulta que la sociedad civil dominicana presente un desafío a la élite política de los partidos y el gobierno. T ABLA I . A NÁLISIS DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (REGRESIÓN LOGÍSTICA ORDENADA ) Variable independiente Coeficiente (ß)Errores Log-Odds estándar ratio (e ß) Participación en la comunidad ,01** (,002) 1,01 Participación en asociaciones de padres de escuela ,01** (,002) 1,01 Participación en asociaciones profesionales ,01** (,003) 1,01 Participación en asociaciones de mujeres ,001 (,003) Participación en organizaciones religiosas –,002 (,002) Educación –,01 (,01) Edad –,01 (,004) Mujer –,43** (,12) ,65 Riqueza –,18** (,04) ,83 Identificación racial: negro –,002 (,002) Identificación racial: mulato –,001 (,002) Identificación racial: indio –,002 (,002) Urbano ,002 (,13) Evaluaciones económicas nacionales ,05* (,002) 1,01 Asistencia a servicios religiosos –,002 (,002) Corte 1 –,27 (,36) Corte 2 ,59 (,36) Corte 3 2,44** (,37) N = 1.433 Pseudo R 2= ,05 Likelihood ratio (df) = –1.429,2 (15) * p < ,05; ** p < ,01 Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas 2010. Los resultados en la Tabla Iconfirman la coparticipación cívica y política. Los datos muestran una relación estadísticamente significativa entre las distintas formas de parti- cipación cívica y la asistencia a reuniones de partidos políticos, con excepción de la participación en organizaciones de mujeres. La variable independiente ‹‹participa- ción en la comunidad›› combina la participación en la solución de los problemas de la © Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 56, 2010, pp. 37-58 ROSARIO ESPINAL, JANA MORGAN Y JONATHAN HARTLYN SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 54 comunidad y la asistencia a reuniones de juntas de vecinos. Otras variables indepen- dientes que inciden de manera estadísticamente significativa son el género y la riqueza. Las mujeres participan menos que los hombres en reuniones de partidos políticos y las personas de menor riqueza participan más que las de mayor riqueza 5. También parti- cipan más las personas que tienen una evaluación positiva de la situación económica nacional. No se registra un efecto estadísticamente significativo en el caso de la edad, el nivel educativo, la raza y el lugar de residencia. Tampoco hay una relación significa- tiva entre la religiosidad (asistencia a servicios religiosos) o la participación en organi- zaciones religiosas y la participación en reuniones de partidos políticos. VIII. C ONCLUSIÓN Tal cual han planteado varios autores citados en este artículo, la sociedad civil domi- nicana tiene fuertes debilidades internas (Vargas, 1994) y existe en un entorno político de partidos estable (Morgan, Hartlyn y Espinal, 2011), clientelar (Choup, 2003, 2006) y verticalista (Vargas, 1994) que le es adverso. Los datos presentados muestran que el sistema clientelar permea la relación con los partidos políticos y el Estado. También evi- dencia el involucramiento de un segmento de los participantes en actividades cívicas, en actividades partidarias y redes clientelares. Por tanto, la sociedad civil no es exter- na a los partidos. En todos los ítems de participación cívica se registró una relación esta- dísticamente significativa con la asistencia a reuniones de partidos y cuando se utilizaron las variables cívicas en relación con la membresía a un partido político, se encontra- ron las mismas tendencias estadísticas aunque menos marcadas. Los datos también muestran que participar en actividades cívicas y, sobre todo, en actividades partidarias aumenta la probabilidad de recibir ofertas clientelistas en tiem- pos de campaña electoral y beneficios públicos como las Tarjetas de Solidaridad, aun- que en este último caso el beneficio no se registra en todas las actividades cívicas. Esta relación clientelar no sólo puede reducir la capacidad de presión de la sociedad civil, sino que también puede diluir la función de representación de los intereses sociales que deberían cumplir los partidos políticos. De hecho, si los partidos no cumplen con su función de intermediación, es difícil para la sociedad civil ejercer presión sobre el Esta- do para que atienda las demandas sociales, a menos que se organizara en grandes movi- mientos sociales, lo cual no ha ocurrido en República Dominicana y la población registra un bajo nivel de participación en protestas públicas. Por su amplia base clientelar, los partidos dominicanos se enfocan en responder a los intereses particulares de sus miembros, en vez de atender los problemas más gene- rales de la sociedad. Su poder deviene en gran medida del clientelismo o las expectativas 5. No hay un impacto estadísticamente significativo y consistente de la clase social en la par- ticipación en organizaciones cívicas. Por ejemplo, en las organizaciones profesionales participa más la clase media y en las asociaciones de padres los de menos riqueza. A nivel comunitario no hay dife- rencias estadísticas por nivel de riqueza. ROSARIO ESPINAL, JANA MORGAN Y JONATHAN HARTLYN SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 55 © Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 56, 2010, pp. 37-58 clientelistas, y la sociedad civil queda atrapada en un sistema que es adverso a la acción colec- tiva como mecanismo de reconocimiento de los derechos ciudadanos. La representatividad clientelista de los partidos en República Dominicana sigue siendo efectiva y mantiene a muchas organizaciones de la sociedad civil en posición de debilidad. El planteamiento de Hochstetler y Friedman (2008) de que el nivel de repre- sentación a través de organizaciones de la sociedad civil se relaciona con el nivel de crisis de representatividad de los partidos (a mayor crisis de los partidos, mayor involucra- miento de las organizaciones de la sociedad civil en la representación), se ilustra en el caso dominicano. Estas organizaciones no han logrado servir de complemento como ins- tancias de representatividad en el sistema político por la naturaleza de la relación entre participación cívica y política, y mucho menos reemplazar a los partidos como instan- cias de representatividad. A partir de los datos presentados se puede concluir que los partidos políticos domi- nicanos parecen succionar el poder de la sociedad civil a través del doble involucramiento de un segmento de la membresía en ambas instancias y de la cooptación vía ofertas clien- telistas o beneficios públicos en un contexto político de dificultad para acceder a los beneficios por los mecanismos institucionales. Como resultado, la participación cívica no se traduce en mayor presión para conseguir reformas o en mejores gestiones guberna- mentales. Esto significa que en República Dominicana no se observa el supuesto clási- co de que a mayor participación cívica mejor democracia, ya que la sociedad civil no logra desafiar a los partidos y el gobierno debido a la coparticipación cívica y partida- ria y al clientelismo. Una conclusión teórica de este análisis es que el nivel de partici- pación cívica en sí mismo no es suficiente para determinar el impacto que tiene la sociedad civil en la política; la naturaleza de esa participación es crucial para comprender la dinámica y los efectos de la participación. IX. B IBLIOGRAFÍA ALMOND , Gabriel y V ERBA , Sydney. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations.Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963. A RCE , Moisés y B ELLINGER , Paul Jr. Low-Intensity Democracy Revisited: The Effects of Econo- mic Liberalization on Political Activity in Latin America. World Politics,2007 (octubre), vol. 60: 97-121. A RMONY , Ariel. The Dubious Link: Civic Engagement and Democratization. Stanford: Stanford University Press, 2004. B ÁEZ , Clara. Democracia y movimientos de mujeres: Hacia una redefinición de los espacios polí- ticos. Género y Sociedad, 1993, vol. 1, n.º 1: 1-20. B ETANCES , Emelio. 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