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Costa Rica: del diálogo a la acción para mejorar el acceso de las organizaciones sin fines de lucro a servicios financieros

Publicado Octubre 2026

En Costa Rica, las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) enfrentan dificultades para acceder y utilizar servicios financieros esenciales para sus actividades. La aplicación de medidas destinadas a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo puede generar requisitos complejos y obstáculos innecesarios, especialmente cuando no se consideran las características específicas de cada organización.

Para abordar estos desafíos, ICNL, junto con sus aliados costarricenses, impulsó un proceso de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, entidades financieras y autoridades regulatorias, con el objetivo de identificar soluciones prácticas que permitan conciliar la prevención de riesgos con el acceso a servicios financieros.

Construyendo puentes entre la sociedad civil y las autoridades

Durante seis meses, ICNL facilitó espacios de intercambio y asistencia técnica para identificar los principales obstáculos que enfrentan las OSFL, aclarar las obligaciones regulatorias y promover la aplicación de medidas proporcionales a los riesgos identificados.

El proceso permitió fortalecer el entendimiento entre sectores que, aunque comparten objetivos de transparencia y cumplimiento normativo, carecen de espacios de articulación para abordar desafíos comunes.

Como señaló Deilyn Barrantes, de Fundación Acceso:

“Quiero agradecer el apoyo a las OSFL para comprender la normativa nacional, especialmente la Recomendación 8 del GAFI, y por ayudarnos a acercar a las organizaciones y al Estado costarricense. Se han construido puentes, nuestra voz ha sido escuchada y tomada en cuenta. Nos hemos logrado conocer mejor y trabajar en conjunto”.

De las recomendaciones a herramientas concretas

Uno de los principales resultados de este proceso fue la elaboración de la Guía práctica para mejorar el acceso y uso de servicios financieros por las OSFL en Costa Rica.

La publicación ofrece orientaciones para que las organizaciones y las entidades financieras comprendan mejor sus respectivas necesidades, obligaciones y responsabilidades.

Entre otros aspectos, la guía aborda la identificación y evaluación de riesgos, la documentación de las actividades y fuentes de financiamiento de las OSFL, los requisitos de debida diligencia y la importancia de mantener una comunicación clara entre las partes.

También se desarrolló una herramienta de autoevaluación que permite a las organizaciones examinar sus propias prácticas, identificar posibles riesgos y reconocer oportunidades para fortalecer sus procedimientos internos y su relación con las entidades financieras.

Ambos recursos parten de un principio fundamental: conocer las características de cada organización, comprender los riesgos asociados con sus actividades y determinar cómo responder de manera proporcional, evitando medidas excesivas que puedan limitar innecesariamente su acceso a servicios financieros.

Un resultado reconocido por las autoridades

La relevancia de este trabajo también ha sido reconocida por las autoridades costarricenses.

Román Chavarría Campos, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica, destacó el valor de la asistencia técnica y del documento final:

“El documento final constituye un insumo fundamental para el proceso de evaluación mutua en el que actualmente se encuentra el país”.

La UIF también ha publicado estos recursos en su sitio web para facilitar su difusión entre las OSFL y las instituciones financieras, ampliando así su alcance y utilidad práctica.

Un paso hacia un entorno más favorable para la sociedad civil

La experiencia de Costa Rica demuestra cómo el diálogo sostenido y la colaboración entre sectores pueden traducirse en resultados concretos.

Más allá de la elaboración de una guía, el proceso contribuyó a generar confianza, fortalecer las capacidades de las organizaciones y abrir canales de comunicación con las autoridades y el sector financiero.

Para ICNL, esta iniciativa representa un avance hacia un enfoque regulatorio que combine la prevención efectiva de riesgos con la protección del espacio cívico, permitiendo que las organizaciones sin fines de lucro continúen desarrollando su labor y accediendo a los servicios financieros que necesitan.

Recursos

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